Carolina Collins

Luego de que el Congreso despachara el miércoles la agenda corta antidelincuencia, con el polémico control preventivo de identidad incluido, la bancada de diputados del Partido Socialista anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por ese último punto, algo que fue ratificado por los parlamentarios de la colectividad ayer.

Y el principal impulsor de la iniciativa, el ministro del Interior Jorge Burgos, llamó al PS a volver a discutir esa decisión, toda vez que la agenda corta antidelincuencia quedó lista para ser promulgada.

"Es un anuncio, yo espero que lo debatan, lo mediten y tengan la posibilidad de rediscutirlo. No suena muy bien que una bancada oficialista lleve al Tribunal Constitucional un proyecto de su Gobierno, para qué voy a engañar, no suena bien", dijo el jefe del gabinete.

"No obstante que no suena bien, es legítimo desde el punto de vista de que todo el mundo tiene derecho a recurrir a través de un requerimiento al TC", agregó el ministro.

Las palabras de Burgos fueron respaldadas por el ministro secretario general de Gobierno Marcelo Díaz, quien enfatizó que los parlamentarios tienen atribuciones y facultades, entre las que se cuentan poder recurrir al TC.

Algo que fue criticado antes desde el oficialismo, cuando la oposición llegó a esa instancia tras la aprobación de la reforma laboral y por la glosa presupuestaria para financiar la gratuidad 2016.

"El Gobierno no puede sino señalar que los parlamentarios están en su derecho de ejercer las acciones que estimen pertinentes de acuerdo a sus facultades", dijo el vocero.

Al ser consultado respecto de si al Ejecutivo le molesta que diputados oficialistas recurran al TC, Díaz indicó que el pertenecer a la coalición de Gobierno "no les resta facultades".

PS ratifica decisión

Desde la bancada PS ratificaron su decisión de ir al TC, luego de que lograran reunir las 30 firmas necesarias para ir a esa instancia.

El diputado Juan Luis Castro respondió a lo dicho por el ministro del Interior respecto a que "no suena muy bien" que parlamentarios oficialistas vayan al TC. "Le quiero recordar al ministro Burgos que él se desmarcó de la línea de la Presidenta Bachelet, cuando él restó validez a la tercera causal en el proyecto de aborto al decir que si él fuera diputado no votaría por esa causal. Yo le pediría más coherencia y que haya también menos comentario de lo que hace otro poder del Estado", dijo.

El 21 de mayo no se trata solo de conmemorar una batalla -perdida, por cierto-, sino también de rescatar cierto sentido heroico: atreverse a actuar con valentía y coraje. Algo de eso hay en los discursos presidenciales del feriado, un gobierno rindiendo sus hazañas y batallas.

"La contienda es desigual", dicen que gritó Prat. Salvando las diferencias, para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, alcanzar una educación que les provea aprendizajes integrales, habilitantes para desempeñarse en la vida, ha sido una contienda desigual. Lo ha sido por la vergonzosa distribución del ingreso y también por las condiciones sistémicas que producen que algunas instituciones educativas mantengan ventajas frente a otras que sufren cientos de dificultades.

Si un municipio tiene recursos económicos, personal idóneo para administrar un sistema de educación y está en una zona geográfica con un clima que no influye en la asistencia de sus estudiantes; tendrá muchas más posibilidades de alcanzar "éxito" que otro municipio de características inversas. Distintas condiciones para alcanzar el mismo derecho. El nuevo Sistema de Educación Pública -ley en discusión- es un avance impostergable, pero que el financiamiento de la educación aún dependa de la asistencia es un pendiente ineludible. No puede ser que las escuelas dependan de ingresos variables para cubrir gastos estables.

Las trayectorias educativas también son fuente de desigualdad: la educación técnica no ha recibido impulso. La creación de CFT estatales es un avance, pero faltan lineamientos en el aprendizaje de sus profesionales. Y si de profesionales se trata, reformar la institucionalidad, el acceso, el financiamiento y el sistema de aseguramiento de la educación superior es una urgencia, más urgente que la anhelada -y confusa- gratuidad.

El país se atreve a convocar a "los mejores" a estudiar pedagogía, gracias a la nueva Carrera Docente, necesaria desde todo punto de vista, porque si alguien sabe de contiendas desiguales son los profesores y profesoras de Chile. Queda pendiente asegurar el desarrollo de educadoras de párvulos y equipos directivos, acorde a sus batallas. El cambio educativo es una hazaña de magnitudes. Es tiempo de revisar avances y pendientes, para que en educación no conmemoremos solo derrotas.

Loreto Jara

Educación 2020

Más de 600 académicos de las 18 universidades estatales del país suscribieron una carta en la que le exigen a la Presidenta Michelle Bachelet, de cara a la cuenta pública del 21 de mayo, que restituya el rol de esos planteles en la reforma a la educación superior.

En la misiva, entregada ayer en La Moneda, los académicos le piden al Gobierno y al Parlamento "la creación de una política de Estado que restituya el valor asignado a un sistema nacional de educación pública", y advierten que ven "con preocupación que con la aparente reforma y sus marcos normativos asociados, lejos de fortalecer un sistema público de educación superior se termine por profundizar el modelo vigente de mercado".

Los profesores presentaron cuatro propuestas, entre las que destaca el aporte diferencial para los planteles que reciban aportes estatales. El profesor Roberto Aceituno de la U. de Chile, destacó que más allá de la gratuidad, urge "la creación de un sistema nacional de educación superior que se defina de entrada como un sistema al servicio de las necesidades sociales y culturales de Chile".