Vicente Pereira Parra

Alrededor de un brasero, un grupo de cesantes del salmón intentaba vencer el frío reinante durante la mañana de ayer. Desde ese lugar, contaban cuáles son sus demandas, que los llevaron a instalarse en el frontis de la Intendencia Regional.

Lugar donde anunciaban ayer que estarían por tiempo indefinido, mientras aguardaban una respuesta satisfactoria de parte del Gobierno Regional y las autoridades.

A un costado del brasero, y entre los lienzos exigiendo soluciones, levantaron carpas para proseguir con su manifestación durante la noche.

Karen Aguilar y Patricia Sánchez son las voceras del Comité de Cesantes de la industria salmonera, quienes ayer ocupaban el frente de la Intendencia Regional.

Ambas fueron acompañadas del presidente provincial de la CUT, José Pacheco.

"La situación es crítica", coinciden las voceras, quienes alegan porque el gobierno no les quiere dar "ninguna solución de fondo".

Petitorio

El grupo pide un bono de 400 mil pesos, pagaderos de una vez y de inmediato. Monto al que se suman 100 mil pesos, también a cancelar al instante, así como por un período de cuatro meses.

Un pago complejo de conseguir. De hecho, el intendente Leonardo de la Prida deja en claro que no pueden cancelarle un bono a las personas que fueron despedidas.

En tal sentido, destaca que esta situación se encuentra cubierta por las leyes laborales, como por el seguro de cesantía en muchos casos.

Describe que entre los afectados hay quienes tienen contrato indefinido, plazo fijo o de fin de faena. De éste último, existe -recalca- el compromiso gubernamental de que se cambie dado los abusos que se pueden generar en el sector.

Si bien el comité está compuesto por 57 personas, las estimaciones de las voceras es que son más de dos mil las personas que están en dicha situación en la región.

Y para todas ellas quieren el pago del bono por parte del Gobierno. Los cesantes dicen que lo que menos quieren son cursos de capacitación. Aparte del dinero, solicitan un trabajo digno y que el Gobierno se "haga responsable de lo ocurrido por la culpa de las pesqueras". Y añaden que la mayoría lleva -en promedio- unos cuatro meses sin trabajo.

En lo que sí existe un compromiso -dice De la Prida- es en cambiar el tipo de contrato de "obra y faena", dados los abusos que se pueden producir por este sistema.

También, dice que ellos están abiertos a ayudar a los más complicados con el uso de fondos Orasmi con que cuentan las intendencias o gobernaciones, pero "no podemos destinar dinero a pago de bonos".

"En el peor de los escenarios", dice José Pacheco que hoy se encuentran, porque -según acusa- el Gobierno no cuenta con un sistema de protección para los trabajadores de la industria. Pacheco lamenta que el escenario actual favorezca el abandono de estos trabajadores y demandó la existencia de un programa que permita la recuperación de la empleabilidad.

Por eso, el intendente comentó que se acordó con el Gore una forma que genere programas de trabajo especial para que estas personas puedan ser contratadas.

Subraya que el grupo no busca una ayuda social, sino que cupos para poder trabajar, lo que no ocurre en ninguna comuna de la región.

Pacheco coincide con las voceras, respecto a no aceptar las capacitaciones, oferta que califica de "tardía" por cuanto desde mediados del año pasado se podía proyectar una crisis como la actual.

El intendente De la Prida admite el problema social que se genera y por eso siente que existe el deber de buscarles trabajo en los cuales puedan canalizar el conocimiento adquirido en la industria salmonera.

Además, sostiene que se espera que unas cuatro mil personas sean contratadas por la industria a fines de agosto o comienzos de septiembre.

Gobierno registra más de 12 mil 700

A dos meses del término de las movilizaciones producto del conflicto generado por la Marea Roja, el intendente Leonardo de la Prida indicó que el Gobierno se encuentra abocado en cumplir con los compromisos adquiridos en las mesas creadas y que cuentan con la participación de los dirigentes de pescadores artesanales de las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno.

Y una de las preocupaciones tiene que ver el pago de los aportes solidarios acordados con ellos, como el de los bonos.

Hasta el minuto, el Gobierno ha cancelado más de 12 mil pagos en las comunas que estaban con Marea Roja al momento de la declaración de zona de catástrofe por parte de la Presidenta Bachelet.

Y a las que se fueron incorporando luego, como Castro, Puqueldón, Curaco de Vélez, Quinchao y Dalcahue.

En total, se cancelaron más de 2 mil 800 millones de pesos.

Pero así como se realizaron estos pagos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional entregó los fondos para la contratación de personas en medias jornadas laborales. Se trata de planes de empleo que permiten ayudar a paliar la situación de falta de acceso al trabajo (recolección de mariscos). De la Prida recordó que el Gobierno generó un procedimiento de apelación o reclamación, para quienes quedaron fuera de este beneficio.

Es así como comenzó el proceso de pago de regularización, para los que se encuentran en esta categoría.

En total, se cancelaron -hasta la fecha- 14 pagos de bonos apelados, por 150 mil pesos, correspondientes al concepto de Aporte Solidario. Se trató de un proceso de apelación o reclamación, que fue coordinado y conversado con los diferentes dirigentes de los pescadores.

Tras presentar los antecedentes requerido, se analizaron los casos.

Y los aprobados comenzaron a recibir sus dineros con efecto retroactivo.

400 mil pesos pagaderos de una vez y de manera instantánea, piden los cesantes de la industria salmonera.

4 meses es el período para el que piden un monto de 100 mil pesos mensuales. La protesta es indefinida.