El papel que la Organización de Estados Americanos (OEA) juega en el continente enfrentó ayer a Chile y Bolivia tras la segunda jornada de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia.

El equipo jurídico de Bolivia citó las 11 resoluciones que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó entre 1979 y 1989, en las que, de una u otra forma, pedía una solución a ambos países para resolver el tema marítimo.

En la primera de esas resoluciones se declaró que el conflicto revestía "un interés continuado hemisférico", cuya solución debía ser "equitativa", dijo la representante legal de Bolivia Amy Sander, e incluir "un acceso soberano al océano Pacifico" para este país.

La abogada dijo que esas resoluciones no provocan "obligaciones automáticas", pero sí deben llevar a las partes a "actuar de buena fe" para encontrar una solución, condición que, según Bolivia, Santiago ha incumplido.

"Chile declaró en notas (diplomáticas) que está dispuesto a entablar una negociación directa", dijo el representante de Bolivia en la CIJ, Antonio Remiro Brotóns, que puso como ejemplos los intercambios diplomáticos hechos en los años 1920, 1950 y 1975.

En los de 1950 el lenguaje utilizado fue "muy claro", dijo Brotóns, quien citó una declaración de Chile en la que aseguraba estar dispuesto a entrar "formalmente" en negociaciones con el objetivo de "satisfacer la fundamental necesidad boliviana de acceder de forma soberana al Océano Pacífico".

Estos intercambios, agregó Antonio Remiro Brotóns, han sido "largos y continuos" a lo largo del siglo XX para resolver el tema marítimo.

Chile ha mantenido que el mero intercambio de notas diplomáticas no puede obligarle a negociar un acuerdo, pues llevaría eventualmente a una modificación de sus fronteras.

Rechazo de ampuero

En un tono firme, el canciller Roberto Ampuero criticó ayer a la delegación boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presentar a Chile como un país que no cumple sus "acuerdos internacionales". "Me parece inaceptable que Bolivia intente construir la imagen de que Chile es un país que no cumple sus compromisos y acuerdos internacionales", dijo en el Palacio de la Paz, sede del CIJ en La Haya (Holanda).

El abogado español Antonio Remiro Brotóns, de la parte boliviana, apuntó a que "Chile quiere vivir por tiempo indefinido un problema con un vecino que realmente está solicitando algo tan sencillo y simple de obtener: una salida soberana al mar". Para el jurista europeo, "Chile tiene que escoger, la buena vecindad o la mala vecindad por los siglos de los siglos". El litigante aseguró que "el Tratado de 1904 es independiente de lo que se está discutiendo y que siempre se ha considerado intocable".

Para el agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, el análisis jurídico boliviano "era una suma de peras y de manzanas" y "resulta que todo sumaba a la existencia de una obligación de negociar (...) que implicaba cesión territorial".

"Las promesas de Chile para negociar son vinculantes", dijo el representante de Bolivia Payam Akhavan, pues estas llevarían a un "acuerdo tácito".

Críticas de chile

La referencia a la OEA fue criticada por la delegación de Chile. Grossman dijo que Bolivia aplica un "doble rasero" respecto de la OEA, pues utilizó en sus argumentos jurídicos sus resoluciones al tiempo que, en la actualidad, su Gobierno critica a esa institución.

"Todos sabemos las declaraciones que ha hecho Bolivia respecto de la OEA y aquí la presentaron como una institución cuyo propósito es la decisión de controversia entre países soberanos", dijo Grossman, lo que "contrasta con su posición oficial", poniendo como ejemplo las críticas de Bolivia a la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la crisis de Venezuela o las elecciones de Honduras.

El ex secretario general de la OEA (2005-2015), el senador José Miguel Insulza, rechazó esa posición y aseguró que "en resoluciones de organismos internacionales, no existe base jurídica para decir que un país se obliga con ello, a menos que lo haga explícitamente".

Por su parte, la coagente chilena María Teresa Infante agregó que "esa visión general que se ha planteado omite qué pasó entre los actos y que las resoluciones de la OEA son de llamados políticos, exhortaciones". Las mismas, subrayó, no tiene carácter vinculante sin el consentimiento mutuo.

Pedro Díaz P.

Director de la Escuela de Administración Pública, UACh, desde Holanda

La segunda jornada de los alegatos en La Corte Internacional de Justicia marcó el fin de la primera etapa de exposiciones bolivianas. En la jornada, los internacionalistas que representan a Bolivia hicieron no sólo una profusa exposición de los compromisos que Chile asumió y que no ha cumplido, sino que también evidenciaron una estrategia ofensiva destinada a condicionar y sepultar los argumentos que Chile expuso en su dúplica y que serán presentados en los alegatos nacionales a partir del próximo jueves y viernes.

Para ello, el equipo boliviano basó su exposición en tres premisas: La primera, asociada a configurar al Tratado de 1904 como un instrumento que no resolvió todos los temas pendientes entre las partes. La segunda, relativa a demostrar que Chile -y en distintas épocas y formas- evidenció un interés innegable en corregir la mediterraneidad boliviana. Y la tercera, es una que a mi entender se configura como una jugada arriesgada por parte de Bolivia, ya que busca establecer que la obligación de Chile a negociar en favor de Bolivia no sólo encuentra fundamento en los documentos y acuerdos firmados entre Bolivia y Chile, sino también en la Carta de Naciones Unidas, en los actos unilaterales que Chile ha realizado a lo largo del tiempo, en la aquiescencia y en el silencio que nuestro país configuró.

A fin de condicionar la dúplica chilena, la defensa de Bolivia hizo referencia a documentos bilaterales y declaraciones de autoridades nacionales que comprometían en forma directa e indirecta una salida soberana al Océano Pacífico, así como también a una serie de resoluciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos que demuestran que Bolivia siempre ha buscado una solución a su mediterraneidad. También presentó una jurisprudencia que es ad-hoc a su reclamación y un enfoque doctrinal de conceptos jurídicos que son útiles a la perspectiva boliviana y que con seguridad serán cuestionados por la defensa chilena. Sin embargo, y a mi entender, el éxito del planteamiento boliviano radica en la conjugación que hizo de todos estos elementos en función de los efectos del Protocolo Adicional del Tratado de 1929 entre Chile y Perú.

En conclusión, Bolivia señala que resulta absurdo considerar que la vigencia del Tratado de 1904 agota jurídicamente sus posibilidades de éxito, especialmente cuando se han evidenciado diversas fuentes de obligaciones que se aplican a Chile y que en nada afectan los alcances objetivos del tratado.