La salida del poder de Pedro Pablo Kuczynski no puede ser considerada una sorpresa. Lo anterior, en virtud que su destitución era inminente y de la que ya había escapado el año pasado. Durante el año y casi 8 meses que duró su gobierno, PPK se vio envuelto en una serie de escándalos asociados a una corrupción que él había prometido combatir. Cuando PPK llegó al Palacio Pizarro, y tras vencer por escaso margen en el balotaje a Keiko Fujimori, él señaló que aumentaría las penas y aplicaría con rigurosidad las leyes a la hora de combatir una corrupción que estaba desbocada. Sin embargo, su liderazgo y credibilidad se vieron mermadas ante las acusaciones de corrupción que afectaban a personas de su entorno político y, especialmente, cuando su nombre empezó a asociarse a la empresa brasileña Odebrecht. Las pruebas de esta asociación provocaron que la Procuraduría Anticorrupción del Perú decidiera investigar a PPK, llegando a develarse un potencial financiamiento irregular de su partido. Para ese entonces, PPK ya había perdido buena parte del crédito que la ciudadanía peruana le había brindado a la hora de confiarle la presidencia; crédito que terminó agotándose cuando en noviembre del año pasado se develara que PPK había sido contratado como asesor de la empresa Odebrecht durante el año 2006. La negación de PPK de estas imputaciones significó que la investigación sobre su persona se profundizará al punto de descubrirse que él sí había recibido durante el año 2011 aportes de la empresa brasileña para financiar su campaña. En diciembre del año pasado la misma empresa Odebrecht confirmó que sí tuvo vínculos con la Consultora Westfield Capital, propiedad de PPK, pagándole por asesorías más de 780.000 dólares. Fue en ese contexto, y tras descubrirse que PPK había mentido, que el Congreso peruano aprobó discutir la destitución contra PPK por "incapacidad moral permanente". Su salida se daba por hecha, pero ésta tuvo un giro drástico. Uno de sus opositores, el diputado Kenji Fujimori y otros legisladores fujimoristas, decidieron romper con el partido que lidera Keyko Kujimori y, con ello, apoyar al mandatario a fin de evitar su destitución.

Pedro Díaz Polanco.

Director de la Escuela de Administración Pública. Universidad Austral de Chile.

No se trata de crear alarma en la población, sino de prevenir que las personas resulten afectadas por el consumo de productos del mar contaminados por la Marea Roja. La que reaparece en la zona por estos meses, aunque, al parecer esta vez, con menos agresividad nociva que la del años 2016 y la grave crisis socio-económica y medioambiental que causó en el ámbito pesquero extractivo regional y las esforzadas familias que se dedican a esa indispensable fuente laboral.

Con motivo de la venidera Semana Santa, como ya es tradicional, -conforme a las abstinencias practicadas por la cristiandad como señal de adhesión al recuerdo de la crucifixión de Cristo-, la alimentación se vuelca hacia el consumo de productos del mar. Los que en esta oportunidad (mariscos) se están viendo amenazados por el fenómeno de la toxina paralizante.

Frente a ello, las autoridades sanitarias y pesqueras formulan un muy especial llamado a la comunidad, para que adquiera los alimentos marinos exclusivamente en los locales debidamente autorizados. Lo que significa que los consumidores deben exigir al establecimiento la certificación emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Lo que es garantía de que los productos del mar comercializados están libres de contaminación. Sinónimo de plena seguridad para la gente.

Como se ha informado, esta importante recomendación está avalada por una intensiva campaña de fiscalización concretada por Sernapesca, en coordinación con Carabineros y la Armada, a través del accionar de varios puntos de control carretero y de desembarque. Siendo el principal y único objetivo prevenir la distribución de recursos con Marea Roja. Hasta ahora, se han efectuado 28 decomisos, de los cuales 17 corresponden a Quellón, 9 a Castro y 2 de Calbuco.

Por eso es que las autoridades insisten en recomendar a la ciudadanía, que adquiera los productos del mar exclusivamente en locales autorizados y que acrediten la certificación correspondiente emitida por la Seremi de Salud. Prevención, ante todo.