Pedro Díaz Polanco. Director de la Escuela de Administración Pública Universidad Austral de Chile

Reconocimiento internacional que se ha dado al líder opositor venezolano Juan Guaidó ha generado una importante polémica respecto a la legitimidad de su proclamación. Juan Guaidó es el Presidente de la Asamblea Nacional (AN), órgano legislativo de representación popular, con mayoría opositora y declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia; entidad controlada por el oficialismo. El 2017, el gobierno de Maduro decidió crear un órgano supraconstitucional denominada "Asamblea Constituyente", la que privó a la AN de sus atribuciones constitucionales. Ante esto, la AN dejó de tener efectividad en su actuar, convirtiéndose en una ente que siguió operando fuera del reconocimiento político institucional. Lo aquí expuesto, y en conjunto con otras decisiones del gobierno de Maduro, demuestran la carencia de independencia que tienen los poderes del Estado en Venezuela, evidenciándose una ruptura del estado de derecho que ha desencadenado una dictadura que en su ejercicio ha violado los derechos humanos a millones de personas. Es en ese contexto, y ante el cansancio y dolor que produce la crisis venezolana y ante la imposibilidad de ver una salida democrática, la AN decidió acusar a Nicolás Maduro de usurpar la presidencia venezolana, al considerar que él llegó a su segundo gobierno gracias a una elección que careció de toda legitimidad. Juan Guaidó -como Presidente de la AN- se proclamó presidente "encargado" de Venezuela, generándose la polémica en cuestión. Al respecto, es importante señalar que los argumentos que buscan refrendar la legitimidad de Guaidó son errados, ya que se basaron en una interpretación instrumental de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana. Esto es así, ya que los artículos 333 y 350 son generales y hablan de la responsabilidad que tiene todo ciudadano con la democracia, dejando al 233 como el verdadero sustento material de la legitimidad. La AN caracterizó como ilegítima la elección de Maduro, señalando que él nunca llegó a ser un presidente electo. Y entendiendo que el artículo 233 señala que el Presidente de la AN asumirá el poder en caso de alguna "falta absoluta del Presidente electo", es evidente que Guaidó no puede aducir ese artículo, ya que es la misma Asamblea Nacional la que consideró que Maduro no tuvo ni tiene tal condición.

Carlos Stange. Presidente Cámara de Comercio, Industria y Turismo A.G. de Puerto Montt.

Las Pymes deben ser parte de la solución

El 2019 partió con la promulgación de la Ley de Pronto Pago a pequeñas y medianas empresas, que asegura la obligación de cancelar los productos y servicios adquiridos en un plazo máximo de 30 días; cuerpo legal que viene a emparejar la cancha para las Pymes, y esperamos les permita desarrollarse, porque la incertidumbre en los pagos provocaba inestabilidad en los ingresos de muchas empresas que incluso llegaron a la quiebra. Para que esta inyección de impulso directo a la vena de las Pymes y los emprendedores no se convierta en una ley muerta, ni menos que se cumpla el dicho popular de ´hecha la ley, hecha la trampa´, estaremos vigilantes, y denunciaremos cualquier acto que atente contra su forma y su espíritu. Y esperamos que cada emprendedor de la zona se capacite y conozca sus detalles, para defender activamente sus derechos. Ahora, el Gobierno y el Parlamento deben avanzar en la revisión de la legislación laboral, y la anunciada modernización tributaria, pero considerando e incorporando la opinión de las Pymes, para simplificar y clarificar las normativas, analizando cuales deben modernizarse y otras simplemente eliminarse. El crecimiento y desarrollo debe ser sustentable, pero con respeto y consideración a los que generamos empleo, y sufrimos las dificultades de la aplicación práctica de las distintas normativas y exigencias. Por eso esperamos que en la creación y discusión de este proyecto no solo se nos busque para una reunión rápida y una foto, sino que se incorpore nuestra visión. Requerimos la modernización de servicios como el Sence para capacitar en buena forma a nuestros colaboradores, con fondos, programas y especializaciones acorde a las exigencias actuales. Es necesario contar con instrumentos del Estado que permitan el crecimiento de las Pymes , y consolidar los negocios. Y también se requiere que, para evitar una competencia desleal, los servicios de transporte, delivery, y hospedaje que entre otros ofrecen diversas aplicaciones digitales que desde el extranjero llegan al país, paguen el mismo 19% de IVA de cualquier actividad comercial en Chile. Las Pymes hacen a diario un importante aporte para hacer mejores ciudades, una mejor región, y sobre todo, un mejor país. Y creo, que lo hemos hecho bien. Ahora, la pelota está en el lado de la cancha del Gobierno y los parlamentarios.