Lo dijo fuerte y claro nuestro Presidente Sebastián Piñera en su reciente visita a la Región de Los Lagos, junto a nuestro ministro Cristián Monckeberg: el Parque Metropolitano de Puerto Montt va, lo cual no sólo significará contar con más espacios públicos de calidad, áreas verdes y recreación, sino que además un notable aporte a la calidad del aire y a una vida familiar más plena y feliz. Con estas palabras, el Primer Mandatario comprometió una significativa inversión de $3.600 millones para convertir en realidad el gran anhelo y esperanza de muchos puertomontinos por contar con un parque urbano en el centro de la ciudad. Un proyecto de 4,2 hectáreas de superficie que se desarrollará en los terrenos del ex puerto petrolero, que ya inició su etapa de diseño y que forma parte de una iniciativa incluso más grande, en referencia al mega proyecto Parque Costanera, de 9,3 hectáreas, que tendrá una inversión cuatro veces superior, cercano a los $14 mil millones, para aprovechar de mejor manera el borde costero y dejar de dar la espalda al mar. Dos tremendas iniciativas que estamos abordando sectorialmente, con profesionales calificados en la materia y exclusivamente dedicados a estos proyectos, dado que tienen carácter de emblemáticos y, como tal, deben desarrollarse íntegramente durante el actual Gobierno, en beneficio de todos los habitantes de nuestra región. Y se trata, por lo demás, de iniciativas ratificadas por la primera autoridad del país, ya que ambos proyectos representan también un tremendo impulso para fortalecer la capacidad de nuestra región como potencia turística a nivel nacional, "algo inconmensurable", dijo el Presidente, considerando que Puerto Montt es la puerta de entrada para visitar la isla grande de Chiloé y para recorrer todas las bondades de la Carretera Austral y la Patagonia. El concepto de ciudad está cambiando, nueve de cada diez chilenos viven en ciudades y, por ende, cada vez es más esencial mejorar la calidad de vida de las familias. Es por eso que esta nueva visita presidencial ratifica el compromiso del Gobierno de Chile con las regiones y, en puntual, con una política de parques urbanos que avanza en la misma dirección, porque queremos que la ciudad sea una extensión de nuestros hogares y, a la vez, podamos abrir nuestros hogares a ciudades más humanas.

Cuestionamientos al gobierno en DD.HH.

Amnistía Internacional hizo una revisión de la gestión del actual gobierno en materia de Derechos Humanos. Ante esto, señaló que algunas de las deudas que Chile evidencia han "ido disminuyendo poco a poco, mientras que otras se han mantenido o han aumentado en el tiempo". Respecto a estas últimas, las deudas que han creciendo refieren a materias asociadas a la dignidad, igualdad, condiciones de vida, y exigibilidad y justicia. Así por ejemplo, cuestionó la eficacia que puede tener la ley que despenalizó el aborto en tres causales a partir de lo que fue la validación que hiciera el Tribunal Constitucional del reglamento que impulsó el gobierno y por el que se permitió que la objeción de conciencia alcanzara a instituciones. Criticó también la decisión del gobierno de modificar el Plan Nacional de Derechos Humanos a fin de eliminar su rol en lo que respecta a la promoción de igualdad de derechos en materia de matrimonio. Cuestionó también las indicaciones que el gobierno realizó al proyecto de ley que buscó regular las adopciones de parejas del mismo sexo, priorizando las adopciones de niños en favor de parejas heterosexuales. Otras críticas, refieren a la situación de las personas migrantes, especialmente tras el "proceso de regularización extraordinaria" y que permitía expulsar a colectivos aplicando criterios generales sin un análisis caso a caso, así como la decisión de Piñera de no firmar el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Otros cuestionamientos se dieron por la no ratificación de Chile del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, por el cual se crea un mecanismo de reclamo de vulneraciones ante el respectivo Comité. En materias medioambientales, se evidenció una deuda respecto al control de la contaminación en las llamadas "zonas de sacrificio" y en la no firma del Acuerdo de Escazú, y por el cual se establecen normas de protección a defensores del medioambiente. Otra deuda -ya clásica- refiere al no reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Respecto a lo que es el acceso a la justicia, se establece que se hace urgente una reforma a la ley antiterrorista chilena que corrija las falencias en materia de principio de legalidad y debido proceso.