86 años cumplió este 19 de junio la Policía de Investigaciones de Chile. 86 años de investigación criminal que han llevado a detectives a esclarecer algunos de los casos más complejos de la historia policial de nuestro país.

Y es que el análisis criminal y la inteligencia policial siempre han sido parte de nuestro ADN. Esto nos ha permitido ser ampliamente reconocidos por la ciudadanía, situándonos actualmente como una de las instituciones con mayor nivel de confianza.

Como jefe regional de la PDI en Los Lagos me siento orgulloso por esto hecho, lo que nos motiva a seguir trabajando para dar lo mejor de nuestras capacidades en servicio de la comunidad.

Durante 2018 realizamos una serie de actividades de acercamiento a la comunidad, tal como campañas educativas, charlas y capacitaciones a establecimientos educacionales y juntas de vecinos, labor que se continuará llevando a cabo con el objetivo de entregar mayor sensación de seguridad a la ciudadanía.

Respecto a nuestra labor netamente investigativa, quiero destacar algunos casos emblemáticos donde la PDI se hizo parte, tal como el aluvión en Villa Santa Lucía donde detectives colaboraron en la búsqueda, identificación de los cuerpos y posteriormente en la investigación propiamente tal.

Pero no solo en los desastres naturales actuamos como policías, sino que también en aquellas áreas más sensibles como lo son los delitos sexuales, logrando mediante un trabajo profesional resolver los casos más complejos en esta índole, y que afectan en gran medida a los niños de nuestra región.

Por otro lado, tanto las Brigadas Antinarcóticos como los grupos Microtráfico Cero marcaron pauta durante el 2018 con diligencias históricas que permitieron desarticular bandas criminales en la zona.

Todo ello nos ha permitido posicionarnos y brindar mayor seguridad a la ciudadanía, una comunidad que puede tener la certeza que la investigación criminal define y proyecta a la PDI hacia esa policía que tanto anhelan nuestros compatriotas.

La tibia visita

de Bachelet

El artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas establece que ninguna disposición del instrumento autorizará a la organización internacional a intervenir en los asuntos internos de los Estados, salvo en lo que refiere a las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII (amenazas a la paz). Así entonces, y en virtud de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, es importante señalar que su llegada contó con el beneplácito del gobierno de Maduro, por lo que su ida no puede ser configurada como una intromisión ilegal. A su vez, es importante considerar que las potenciales violaciones a los derechos humanos que se evidencian en Venezuela pueden llegar a configurar una amenaza a la paz con potencial de activar las medidas coercitivas del Capítulo VII, por lo que las conclusiones de Bachelet se configuran como relevantes.

Así entonces, y en función del contexto señalado, se esperaba que la visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fuera un catalizador en la corrección a la desastrosa situación que se evidencia en Venezuela en materia de protección a los derechos humanos. Sin embargo, y a la luz de los que fueron sus conclusiones, puedo señalar que su visita no cumplió con las expectativas generadas. Lo anterior, en función que se esperaba que su visita se hiciera cargo de las gravísimas acusaciones que pesan sobre el gobierno de Maduro y sobre la oposición, y por las cuales se configura, por un lado, a Maduro -y a representantes de su gobierno y fuerzas de seguridad- como responsables de crímenes de lesa humanidad, y, por el otro, a miembros de la oposición como responsables de violencia política y culpables de intentar materializar un Golpe de Estado.

Así entonces, cuando Michelle Bachelet instó al Gobierno de Nicolás Maduro y también a la oposición a retomar las negociaciones como mecanismo para solucionar la crisis, demostró una instrumental ingenuidad en virtud de las desconfianzas absolutas e irreparables que existen entre las partes en conflicto. A su vez, la Alta Comisionada llamó a las autoridades venezolanas a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad en función de haber ejercido sus derechos civiles de forma pacífica, reconociendo de manera tácita la existencia de violaciones a los derechos consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.