Tras el conversatorio realizado esta semana con diversos dirigentes vecinales de distintos sectores de la provincia respecto del problema de la basura -y publicado ayer en El Llanquihue-; la sensación que queda es la misma que ellos transmiten para otros problemas de impacto social: se sienten excluidos de la toma de decisiones y bastantes indefensos ante lo que ellos llaman los "poderes políticos y económicos".
Acusan que la "participación ciudadana" de los proyectos siempre es tardía, y que cuando se produce, ya no hay margen para incidir en el proyecto. Basta recordar lo sucedido con la polémica Ruta Metropolitana para comprender la sensación que los embarga, pero que sin embargo, dado el empoderamiento de la comunidad organizada, les permite ser capaces de frenar ciertas iniciativas que ellos consideran dañinas para el entorno.
Se sienten con las "manos atadas", producto de las normativas vigentes, que estiman son permisivas -la misma sensación tienen respecto de la edificación en altura o del rubro inmobiliario en general-; y advierten que permanecen en "Estado de Alerta", gracias a que hoy hay mayor conciencia ciudadana respecto del cuidado del medio ambiente y del entorno.
Pero junto con la flexibilidad de la normativa que denuncian, llaman la atención también respecto de la falta de fiscalización de los organismos hoy existentes, al tiempo que piden la creación de entes fiscalizadores superiores, que estén por sobre los intereses que se suelen presentar en la actualidad, para efectivamente avanzar hacia un país desarrollado, pero sustentable. Para que el progreso vaya efectivamente de la mano de buenas prácticas con el entorno, para proteger el ambiente donde nos desarrollamos y a partir de allí construir el futuro.
Y parece ser que ese debe ser el camino a seguir por parte del Estado, fortaleciendo la institucionalidad vigente o creando otros organismos que permitan que todos los intereses que hoy interactúan en el desarrollo del país, tengan cabida y mantengan una sana convivencia.
En la antesala de la Cumbre del Cop 25, que se desarrollará en diciembre en nuestro país, parece oportuno y necesario, atender la voz del pueblo, en torno no sólo a escucharlos y considerarlos en la toma de decisiones, sino que concebir el desarrollo de ciertas iniciativas como parte del desarrollo integral de un territorio, no sólo como la solución comunal a una necesidad. La producción de alimentos, la generación de energía, el desarrollo inmobiliario y de infraestructura de un territorio o las consecuencias de la basura que producimos, no son temas que se puedan analizar desde una sola perspectiva; al contrario, requiere de una mirada integral y comprometida de todos los actores del territorio.