Sectores de izquierda, tanto parlamentaria como extra parlamentaria, han aprovechado las multitudinarias manifestaciones de las últimas semanas para volver a poner en el tapete el tema de una nueva Constitución mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente, como solución al descontento social.
Como senador de la República siempre he estado dispuesto a discutir seriamente y en base a argumentos, posibles reformas a la Constitución que nos rige desde el 11 de marzo de 1981. Sin embargo, tal debate debe darse en el marco de la seriedad que un tema tan importante tiene en la vida de la nación. Lo primero es descartar que una nueva constitución vaya a traer como efecto inmediato una mejoría ostensible en el nivel de vida o el cumplimiento de las demandas sociales que exigen las personas en las calles.
Prometer aquello sería jugar con las esperanzas que cierta ciudadanía pone en una reforma a la constitución o en una eventual nueva carta magna. Algunos han señalado como ejemplo que nuestra constitución no ha incorporado el Derecho a una vivienda digna; pues bien, Brasil y Colombia lo tienen incorporado en sus textos constitucionales sin que ello haya significado el fin de las villas miseria o favelas.
Tampoco en Chile ha funcionado necesariamente así: el artículo 19 N°8 garantiza el Derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación: Quintero, Puchuncaví, Antofagasta y Santiago entre otros, son ejemplos evidentes que declarar un Derecho, no significa que ello pueda ser exigible u otorgable en el corto o mediano plazo. Además, se debe considerar el porqué o para qué se debe modificar o plantear una nueva Constitución. ¿Por qué fue hecha bajo el gobierno del Presidente Augusto Pinochet, o en dictadura para algunos?
Pues bien, esta Constitución ha tenido más de 120 reformas. Sí, leyó bien; esta Constitución, acusada de tener supra Quorums para su modificación, ya ha sido modificada más de 100 veces desde el año 1989, algunos artículos más de una vez, convirtiéndola en una de las constituciones más modificadas del mundo. A muchos les llama la atención que esa misma izquierda esté más preocupada del medio para reformar o redactar una nueva constitución que del eventual contenido de la misma.
El interés parlamentario
Producto del masivo descontento social hacia el modelo político, social y económico que se evidencia en Chile, y que en la práctica se ha traducido en una desconfianza generalizada hacia la clase política, buena parte de los parlamentarios han asumido -tardíamente- la tarea de plantear potenciales vías de salida a la "crisis", pero siempre cuidando que esto se haga desde la institucionalidad. Bajo esa dinámica, es posible señalar que buena parte de las acciones que hasta ahora se han planteado, y tal como ocurriera con el cambio de sistema electoral, se ha hecho en la lógica de priorizar los intereses de los parlamentarios -y de los partidos políticos- respecto a lo que les exige la ciudadanía.
Esto es así, ya que un buen número de parlamentarios ha aprovechado el estallido social en aras de intentar acomodar su posición de poder de cara al nuevo escenario, buscando no sólo eximirse de su responsabilidad política sino también mostrándose como un actor político capaz de materializar -de manera responsable- las reivindicaciones que la población presenta.
Este aprovechamiento, evidenciado con la activación de la tarea legislativa -la que además se caracterizarse por una velocidad de trabajo no acostumbrada- se ejemplifica, entre otros, con la reactivación de un proyecto de ley -presentado el 2006- y por el cual se limitaba la reelección de los parlamentarios.
Al respecto, el proyecto -que está listo para discutirse en Sala- establece que a partir de la próxima elección los senadores sólo podrán someterse a la reelección por una vez, mientras que los diputados en dos ocasiones. A su vez, esta limitación sólo aplicaría en los casos que el parlamentario quiera postular al mismo cargo de representación popular y en la misma circunscripción o distrito, según sea el caso.
Ante esto, y a partir de un instrumental entendimiento al principio de irretroactividad de la ley, el proyecto facilita la posibilidad para que el parlamentario en ejercicio esté dispuesto a hacer movilidad electoral en aras de perpetuarse en una posición de poder, lo que implica que el proyecto en cuestión no tribute al espíritu renovador de la clase política, transformándose en una nueva manifestación de la letra chica con la que legislan nuestros parlamentarios.
Pedro Díaz Polanco.
Director de la Escuela de Administración Pública. Universidad Austral de Chile.
Iván Moreira Barros.