Fabiola Ancapichún Ojeda

Luego de cuatro años de investigación, el Ministerio Público presentó una acusación fiscal en contra del ingeniero Jaime Atala Concha y el actual administrador municipal de Fresia, César Negrón Barría, acusados de defraudar al municipio por más de $9 millones, tras la licitación del diseño del proyecto para construir el Edificio Consistorial.

Tras el cierre de la causa por parte del fiscal Marcos Muñoz, se recopilaron varios tomos, cuantiosos documentos y antecedentes, donde declararán 17 testigos y 4 peritos en el juicio que se desarrollará en contra de los imputados.

"Se trata de una investigación compleja, atendido el carácter esencialmente técnico de la materia que trata", recalcó el persecutor.

Según la carpeta investigativa, en el año 2008, la Municipalidad de Fresia efectuó un llamado a licitación pública del proyecto denominado "Diseño de Ingeniería y Especialidades de la Obra Reposición y Construcción del Nuevo Edificio Consistorial de Fresia", proyecto financiado con recursos económicos del municipio.

Dicha iniciativa fue adjudicada al imputado Jaime Atala, quien en su calidad de ingeniero consultor ganó la propuesta pública por el monto bruto de $9.949.500 pesos.

Para los fines de la evaluación y control del cumplimiento del referido contrato, fue designado como contraparte técnica del proyecto el imputado César Negrón, en ese entonces director de la Secretaría Comunal de Planificación de Fresia, quien debía evaluar el cumplimiento del contrato y autorizar los pagos.

En ese contexto, Atala entregó un informe de mecánica de suelo que resultó ser falso, ya que correspondería a un terreno del sector La Laja realizado por Laboratorio Hormitec, quienes se percataron del hecho y lo denunciaron a la Fiscalía, haciéndose parte como querellante el Consejo de Defensa del Estado.

En esas circunstancias, Negrón certificó sin ser cierto el cumplimiento íntegro del contrato de ejecución y autorizó el pago de más de $9 millones al ingeniero, quien, a su vez, le depositó al funcionario público un monto total de $1.870.000.

"Se acreditaron también transferencias de dineros desde la cuenta corriente de Atala a la de Negrón, que se efectuaron desde el día siguiente de haberse concretado el pago del proyecto por parte del municipio. Atendida la antigüedad de los hechos y la concurrencia de la medida de prescripción, la Fiscalía solicitó la imposición de una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y una multa equivalente al 50% de lo defraudado", dijo Muñoz.

El alcalde de Fresia, Rodrigo Guarda, sostuvo que está en conocimiento de los hechos, pero existe la presunción de inocencia de Negrón hasta que se demuestre lo contrario. "Esta situación se arrastra desde hace tiempo. Hay que ver que termine el juicio y si el funcionario es o no culpable, antes de tomar una decisión administrativa en contra de él, hay que ver lo que determina la justicia, porque no se puede emitir un juicio a priori si después es declarado inocente", adujo.

El funcionario municipal ya había manifestado a El Llanquihue su inocencia respecto a los cargos que se le imputan.

Un total de 16 cupos tiene la Defensoría Regional de Los Lagos para los abogados que deseen postular a los contratos de defensores licitados.

Para ello, deben cumplir con varios requisitos, entre ellos rendir una prueba teórica el 27 de enero próximo.

Los resultados, según la Defensoría Penal Pública de la zona, serán publicados en el mes de marzo.

El defensor regional de Los Lagos, Erwin Neumann, quien asumió recientemente su cargo en el mes de octubre del año pasado, explicó en qué consiste el proceso.

"El 31 de diciembre de 2013 se terminaron diversos contratos de licitación y, por lo mismo, comenzó un nuevo proceso que se extenderá hasta el mes de marzo. Ya se subieron las bases de licitación en el portal público de Chile Compras. Está la necesidad de que rindan una prueba de conocimiento que es el 27 de enero para habilitar a los abogados para seguir el proceso", detalló.

El abogado sostiene que la defensa penal se presta por defensores que son contratados por la propia institución y por otros defensores que son abogados pagados, con los cuales se tiene una relación contractual vía licitación.

"No hay diferencias al momento en que un ciudadano sea defendido por alguien que sea contratado vía licitación o pagado por la institución. La ciudadanía tiene que tener la certeza de que quién nos defienda tenga los conocimientos y habilidades para eso", adujo.

Una vez que se resuelve el proceso, hay un período de tres años que dura este contrato vía licitación. En la región hay 16 cupos para los abogados que deseen ser parte del proceso.

En la actualidad, en la región hay 33 defensores.

"No hay impedimento para los abogados, sólo deben cumplir con los requisitos. Una vez que aprueben la prueba de conocimientos están habilitados para continuar en el proceso", según Neumann.

Entre el 1 de enero y hasta que se resuelve esta situación, la ley permite firmar convenios directos con 10 abogados que en la actualidad son los licitados, quienes pueden volver a repostular.