Mabel González / Agencias

Buscando calmar los ánimos generados por el programa de espionaje de EE.UU., el Presidente Barack Obama anunció ayer que terminará con el control oficial sobre los registros telefónicos de cientos de millones de estadounidenses y ordenó inmediatamente a las agencias de inteligencia que obtengan un permiso judicial antes de acceder a esos archivos.

A pesar de esto, el Presidente defendió a la organización de espionaje del país en su totalidad y dijo que los organismos de inteligencia no actuaron de manera "imprudente con las libertades civiles de nuestros conciudadanos".

El Presidente indicó a las agencias estadounidenses que dejen de espiar a los líderes internacionales de países aliados y pidió ampliar las protecciones a la privacidad de ciudadanos extranjeros cuya comunicación es objeto de espionaje por parte de EE.UU.

Obama dijo que su país tiene la "obligación especial" de revisar sus capacidades de inteligencia ante la posibilidad de violar las libertades civiles.

"Las reformas que propongo ahora deberían darle al pueblo estadounidense una mayor confianza de que sus derechos están siendo protegidos, incluso cuando nuestras agencias judiciales y de inteligencia mantienen las herramientas que necesitan para que estemos seguros", dijo Obama en su discurso en el Departamento de Justicia. "Este debate nos hará más fuertes. En este tiempo de cambio, EE.UU. tendrá que ser un líder", añadió.

Con los anuncios de Obama se culmina la revisión que surgió después de que el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), Edward Snowden, filtrara información sobre los programas secretos de espionaje de EE.UU. Si se implementan por completo las propuestas del Presidente, se llevarán a cabo cambios importantes en la forma en la que la Agencia de Seguridad obtiene los registros telefónicos, autorizada bajo la Ley Patriota de EE.UU., promulgada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Pese a las decisiones de Obama, quedan muchas interrogantes sobre el futuro de estos programas. Aunque el Mandatario quiere retirarle a la NSA la capacidad para almacenar los registros telefónicos, no dio una sugerencia sobre dónde deberá ser llevada y almacenada dicha la información.

En cambio, le dio a los involucrados en inteligencia y al fiscal general 60 días para analizar opciones, incluyendo la propuesta de un consejo presidencial que recomendó que fueran las empresas telefónicas o un tercero quien lo hiciera.

Activistas por el derecho a la intimidad dicen que poner la información fuera del control del Gobierno podría reducir el riesgo de búsquedas exageradas o no autorizadas por parte de la NSA. Pero las firmas telefónicas no están de acuerdo con los cambios que les devolverían el control de los archivos, argumentando temores sobre su responsabilidad si ciberpiratas u otras personas obtuvieran acceso a esta información indebidamente.