Gendarmería anunció hace algunos días la llegada de cerca de 500 reos de aquí a fines de año a la cárcel concesionada de Alto Bonito de Puerto Montt, procedentes principalmente de las ciudades de Santiago y Concepción. Esta medida se adoptó para descongestionar otros recintos carcelarios del país que se encuentran hacinados.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por la comunidad de la zona, que amenaza con tomarse incluso las calles para impedir que los internos se instalen en el Complejo Penitenciario.

En la actualidad, la cárcel tiene una población penal de mil 245 reclusos que se van aumentar a mil 743; inclusive, ya se están realizando los trabajos de infraestructura para aumentar las celdas, los comedores y las salas de visitas. Además, hay 231 funcionarios, entre gendarmes y profesionales.

Se estima que cerca del 70 por ciento de los reos de la cárcel Alto Bonito son afuerinos. Respecto a la alta tasa de reincidencia, Puerto Montt lidera el primer lugar en la zona, ya que llega al 52%; es decir, alrededor de 546 reos que superan a todos los presos del resto de todas las unidades penales de la región. Lo anterior se explica porque mientras en Ancud, Castro y Osorno, la mayoría de las poblaciones penales corresponden a pobladores de esas ciudades, en Puerto Montt, el mayor número son los afuerinos. Incluso, los reos más peligrosos de Osorno, terminan cumpliendo sus penas en la capital regional.

PREOCUPACIÓN

Adolfo Müllendorf, presidente de la Junta de Vecinos de Alto Bonito, cuenta que tuvieron una reunión con distintas organizaciones por este problema: 'Nos oponemos rotundamente a que se traigan a Puerto Montt estos internos de alta peligrosidad. Además, la cárcel no está construida para albergar una cantidad tan alta de presos, porque se está produciendo un hacinamiento por un lucro de la concesionaria. Como comunidad, vamos a luchar para que esto no se lleve a cabo. No lo vamos a permitir'.

Según el dirigente, 'exigimos que estas autoridades, que son tan protectoras de los delincuentes, tomen conciencia de que la comunidad no lo acepta y siente que al traer más reclusos a Puerto Montt hay un temor generalizado'.

Mientras que Mariela Figueroa, presidenta de la Junta de Vecinos Bosquemar, fue enfática en señalar que 'así como nos oponemos a la construcción de la cárcel de menores en este sector, también rechazamos tajantemente la llegada de estos 500 reos, porque conlleva a la llegada de sus familiares y nosotros como comunidad nos vamos a ver afectados, ya que la delincuencia ya ha crecido en la población y creemos que con esto va a aumentar'.

Maritza Jara, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Montt, recalcó que 'existe una gran preocupación, porque desde hace años venimos trabajando con las autoridades y las policías el tema de la seguridad en la ciudad. Y nos llama la atención de que nos traigan tantos reos de alta peligrosidad, lo cual nos va afectar. Es una falta de respeto para quienes estamos trabajando en mejorar la seguridad de la comuna'.

Jara anota que no están en contra de la reinserción social, pero sí de que los reclusos afuerinos sean destinados acá en la zona. 'Esos reos deben quedarse en las cárceles donde viven. ¿Por qué deben traernos gente de otras ciudades? En estos casos se acuerdan de las regiones, además ni siquiera le han preguntado a la comunidad de traer a estas personas y para variar si son delincuentes', adujo.

FUTURAS MOVILIZACIONES

Los vecinos explican que detrás de cada interno hay una familia y existe la probabilidad de que se radiquen acá. 'Esto implica traer una población flotante de mil a mil 500 personas, pero dónde se van a radicar. En la actualidad, las autoridades están erradicando los campamentos, pero esta gente empezará a tomarse nuevos terrenos. El delincuente no es sólo el que está detenido, sino que viene una familia que muchas veces practica las mismas costumbres. Aumentará la delincuencia, el temor y el peligro para los transeúntes', sentenció Müllendorf.

Y recordó que 'la Presidenta ha dicho que se va a escuchar a los dirigentes sociales y que cualquier cosa que se vaya a realizar, se le debe consultar a la ciudadanía, pero aquí no se ha hecho. Nosotros nos vamos a movilizar hasta las últimas consecuencias'.

La dirigenta de Bosquemar recalcó que si es necesario 'nos tomaremos las calles. Llegaremos a ese extremo, porque no es justo que nosotros recibamos todo lo malo'.

'Les decimos a las autoridades que Mirasol, Alto Bonito y alrededores no van a permitir ni la construcción de una cárcel de menores ni que nos traigan 500 delincuentes a nuestra cárcel que está corriendo mucho peligro. No queremos una comunidad aterrorizada, ya que esto perjudica a todo Puerto Montt. No empiecen a traer reos de otros lados para sobrepoblar una cárcel que fue hecha para la región y no para el país', puntualizó el dirigente del sector Alto Bonito.

La seremi de Justicia, Angélica Paredes, sostuvo que 'esta es una decisión del Estado en relación a una política carcelaria, de cómo los vamos a seleccionar o distribuir a lo largo del país y bajo qué parámetros. Eso escapa al voto popular, porque hay un bien superior, por ejemplo segregar los reincidentes con los primerizos o que tengan un nivel de criminalidad menor a otro. Por eso no se ha hecho una consulta pública, sin perjuicio de que se toman los resguardos para que ocasione el menor impacto en la ciudadanía'. La autoridad llama a los pobladores a 'tener confianza de que la autoridad no toma decisiones en forma arbitraria sin planificación. La concesión se está preparando para la densificación, esto no significa que sea hoy o mañana, tiene largo plazo'.

'Mirasol, Alto Bonito y alrededores no van a permitir ni la construcción de una cárcel de menores ni que nos traigan 500 delincuentes... No queremos una comunidad aterrorizada, ya que esto perjudica a todo Puerto Montt'.