La asignación de recursos para ir en apoyo de la pesca artesanal de la región esperan algunos consejeros regionales abordar durante la sesión que tendrá lugar hoy en Quellón.

Se trata de la asignación de más de 1.600 millones de pesos, que los cores considerarán durante esta jornada.

Se trata, además, de una materia que era enfocada por las comisiones durante la tarde de ayer. Encuentros que se mantenían al cierre de esta edición.

Sin embargo, los consejeros regionales, Valentina Álvarez y Manuel Rivera, confían en que la asignación de recursos a este sector sea visto y aprobado hoy.

Para Álvarez, es relevante que estos dineros puedan llegar a este importante sector económico de la región, dada la trascendencia que tienen no sólo para esta zona sino que para todo el país.

Por ello, sostiene que las autoridades tienen que respaldar a los hombres de mar con la aprobación de estos recursos.

Una opinión similar expresa su colega Manuel Rivera, quien plantea que se trata de platas que serán transferidas para el próximo año.

Rivera adelanta que esta situación se encuentra aprobada por la Ley de Pesca y corresponde a una materia que ya fue abordada durante la sesión anterior, por lo que ahora los consejeros regionales esperan que sea puesta en tabla.

Sin embargo, este tema no está en temario, por lo que el intendente Nofal Abud tendría que pedir el acuerdo del Core para poner sobre tabla algún tema nuevo, que hasta ayer no estaba contemplado.

Carlos Recondo sostiene que no tiene ningún problema en abocarse a este asunto.

Sin embargo, critica el que el intendente solicite al Core traspasar recursos que estaban destinados al Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, para que sea destinado al Fondo de Administración Pesquera, lo que 'significa que platas de la región queden en manos del nivel central para que decidan qué soluciones o propuestas realizarán para el sector con esta plata'.

Y en este caso, sostiene Recondo, el Core quedará ausente de la determinación en torno a en qué se gastará esta plata y qué pescadores se verán beneficiados con estos recursos.

Otro tema que será visto durante esta jornada es la asignación de 47 millones de pesos a Puerto Montt, para la realización de los Temporales Teatrales.

Según cuenta Valentina Álvarez, en este tema hubo algunos cuestionamientos de parte de consejeros de otras provincias, que alegan que el fondo del cual saldrán estos dineros se debe destinar para el apoyo de iniciativas de carácter regional y este evento le corresponde a la capital regional.

Al respecto, Álvarez sostiene que se tiene que considerar que las obras que se presentan en Puerto Montt recorren otras comunas de la región, pero que deben ser los interesados quienes se acerquen a los organizadores de estos temporales a realizar las solicitudes respectivas para que concurran a sus territorios.

Álvarez defiende la asignación de platas, que ascenderían en definitiva a los 45 millones de pesos, con el argumento de que se tiene que valorar el esfuerzo que realiza Puerto Montt para poder organizar este evento.

Uno de los aspectos menos ventilados a la luz pública lo constituye el riesgo de que medianos y pequeños agricultores de nuestro país se vean despojados de sus tierras como consecuencia de la Reforma Tributaria, lo que constituiría una brutal reforma agraria de la cual sólo se beneficiarían los grandes capitales nacionales y extranjeros.

Conforme a estimaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura, entre 30.000 y 40.000 agricultores deberían pasar a renta efectiva. Lo anterior implica que esos agricultores deberán pagar un 25% de impuestos por sobre el margen operacional de su negocio. Actualmente la renta presunta permite a los medianos y pequeños agricultores desarrollar sus negocios y pagar un impuesto que tiene como presunción de utilidad el 10% del avalúo fiscal de su tierra si son dueños o el 4% si son arrendatarios, y quedando exentos si sus predios se encuentran exentos de contribuciones, todo lo anterior si sus ventas no superan las 8.000 UTM ($334.408.000) al año. Nótese que se habla de ventas y no de utilidades. La reforma pretende que todo aquel que venda más de 2.400 UF ($57.000.000) o que tenga un patrimonio superior a 2.500 UF ($60.000.000) deberá dejar la renta presunta y pasar a un sistema de tributación sobre renta efectiva. Debiendo entonces contratar necesariamente los servicios de profesionales contables y formalizar más aún su administración, lo que les privará de tiempo invertido en el negocio para invertir más tiempo en burocracia.

Podrían darse casos de negocios no viables por el cambio, los que no puedan adaptarse perderán sus tierras, ya que los medianos y pequeños agricultores actualmente constituyen un grupo fuertemente endeudado con financieras formales e informales y algunos con los bancos, y que por otra parte no tiene acceso a los canales de distribución que tienen los grandes productores agropecuarios -los que ya están en renta efectiva-, sin posibilidades reales de negociar los precios de sus insumos y sujetos como siempre al clima cada vez menos lluvioso de nuestro país y variables propias del rubro. Los acreedores deberán ejecutar las hipotecas de aquellos que no se puedan adaptar y esas propiedades estarán disponibles a precio de liquidación en los tribunales de nuestro país.

¿Quiénes se beneficiarán de la caída de los pequeños y medianos agricultores? Las grandes empresas agropecuarias chilenas y extranjeras, los que tengan acceso a financiamiento para adquirir estas tierras y los especuladores, entre otros. Estas tierras dejarán de pertenecer a sus dueños tradicionales, quienes las han trabajado por generaciones y pasarán a ser nuevos activos de ese 1% más rico que se suponía iba a 'soportará el peso de la reforma en beneficio de los pobres'.

Nuestra seguridad alimentaria quedaría sujeta entonces a los designios de unos pocos que decidirán sus proyectos en base a lo que les resulte más rentable, por ejemplo biocombustibles de exportación, reproducción de semillas para transnacionales o cualquier otro tipo de negocios agrícolas no relacionados con la alimentación de los chilenos. Lo expuesto no es un ejercicio intelectual, sino una advertencia de los graves riesgos para la seguridad alimentaria de nuestra población y de como una política que busca justicia social, mal diseñada, puede devenir en lo contrario a lo que propone.