En la sala de audiencias 2 del Tribunal Oral en Lo Penal de Puerto Montt, y ante la presencia de los magistrados Francisco del Campo, Jaime Rojas e Ivonne Avendaño, comenzó el juicio en contra de dos hermanos acusados del homicidio del joven ingeniero José Luis Muñoz Paredes (29), hecho ocurrido en la población Padre Hurtado, el 8 de septiembre del año pasado.

Se trata de un menor de edad de 14 años y de su hermano Leandro Erasmo Ojeda Soto (20). Ambos habrían abordado al afectado entre calle Volcán Casablanca con Los Jesuitas para sustraerle una billetera y luego lo habrían atacado con armas blancas, según la acusación de la Fiscalía.

La fiscal del caso, Pamela Salgado, explicó que 'ésta es la causa que se conoció como el crimen del ingeniero, en alusión a la profesión de la víctima. Él era un joven con un futuro prominente en la vida, pero que le fue truncada de manera abrupta esa noche'.

Y agrega que la imputación dice relación con atentar en contra de la vida de la víctima, 'estimando una circunstancia agravante, como la alevosía, ya que la víctima según lo que se pudo ver hoy (ayer) en los alegatos de apertura, incluso la misma defensa reconociendo el increíble estado etílico en que se encontraba (la víctima) que prácticamente lo hacía muy vulnerable. Tenía más de una lesión y la estocada en el pecho es la que le genera la muerte. El Ministerio Público le imputa participación a ambos, en un dolo compartido, toda vez que se proveen de armas blancas y lo apuñalan', detalla la persecutora, quien asegura que ninguno de los hermanos evita el accionar del otro, sino que se potencian ante una víctima indefensa.

El menor declaró en el juicio y reconoció que había atacado con un cuchillo a la víctima y pese a tener a su hermano al lado de él, sostiene que no vio si éste habría golpeado o apuñalado al ingeniero. 'Para el adulto se piden 20 años y en el caso del menor son 5 años. Si bien parece una pena baja, pero por aplicación de la Ley para Adolescentes es el máximo de pena al que puede acceder un menor de 14 años'. El juicio continuará este lunes.

La justicia civil condenó al Servicio de Salud del Reloncaví a pagar cerca de 160 millones de pesos a una familia, que interpuso una demanda hace más de seis años por las secuelas que le dejaron a un joven de 18 años, quien recibió una tardía atención médica en el Hospital Base de Puerto Montt, y que, por lo mismo, estuvo al borde de la muerte.

Todo se remonta al 31 de agosto de 2006. Juan Carlos Cárcamo Alarcón llegó a la medianoche acompañado por su madre al servicio de urgencias del hospital, ya que presentaba fuertes dolores estomacales. Esperaron dos horas y luego le suministraron suero y le dieron la orden de irse a su casa, según consta en el fallo.

Pasaron dos días y el joven volvió al recinto asistencial en compañía de su madre, ya que continuaba con los dolores, sin embargo, le volvieron a suministrar suero y lo enviaron para su casa. Después de otros dos días, nuevamente fueron al hospital, porque el joven no paraba de vomitar, quedando hospitalizado en una sala pequeña de urgencias, ya que no había camas disponibles, señala el escrito.

La familia estaba desesperada, porque no había un diagnóstico claro. Primero, les comunicaron que podía ser un problema al colon, dolor abdominal, hepatitis, inclusive, uno de los médicos le dijo a la madre en tono irónico que 'en un 70 por ciento se trata de un caso de cáncer a los testículos'.

El 8 de septiembre, la madre fue a visitar a su hijo que se encontraba internado en la UCI. Estaba grave y conectado a un ventilador mecánico. Según el diagnóstico médico se encontraba en un estado de coma profundo.

En ese momento, conversó con un doctor, quien le explicó que su hijo presentaba una apendicitis, la cual no fue detectada a tiempo y pasó a peritonitis con shock séptico, es decir, con envenenamiento de la sangre. El estado era tan grave que estaba con riesgo vital.

Casi 50 días estuvo internado entre la UTI y la UCI. Y mientras estuvo en el hospital, contrajo una infección intrahospitalaria, con la que deberá vivir toda su vida.

Además de esta secuela, el fallo sostiene que el joven ha tenido que ser operado en innumerables ocasiones, pues tiene una herida en la zona del abdomen. Incluso, quedó sin ombligo.

De acuerdo a la resolución judicial del Juzgado Civil de Puerto Montt, 'el tribunal accederá al pago de la indemnización por concepto de daño moral, porque la falta de servicio, consistente en la deficiente y tardía atención del demandante y diagnóstico oportuno de la enfermedad que lo aquejaba, trajo como consecuencia las reiteradas intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometido y las cicatrices producidas, producto del tratamiento que se tuvo que adoptar (...) y se condena al pago de las siguientes sumas de dinero, por su responsabilidad en la falta de servicio... la suma de 34 mil pesos por concepto de daño emergente y la suma de 160 millones de pesos por concepto de daño moral', sentencia el fallo.

También sostiene que para la determinación del monto contemplado en la sentencia, se tuvo presente la edad del joven y 'las secuelas producidas a consecuencia de la deficiente y tardía atención y diagnóstico de parte de los funcionarios que lo atendieron en el hospital, servicio al cual concurrió el demandante al presentar molestias y dolor abdominal en tres oportunidades'.

El director del Servicio de Salud del Reloncaví, Federico Venegas, señaló que 'como Servicio de Salud respetamos la sentencia del tribunal, pero también hacemos uso del derecho de apelar, ya que consideramos que es excesiva. El hospital entregó todas las atenciones que correspondían y se logró salvar la vida del paciente gracias a una intervención quirúrgica. Importante es destacar que en ningún caso se ha acreditado negligencia por parte del hospital, la apelación a la sentencia ya fue realizada y actualmente nos encontramos a la espera de la fecha para los alegatos'.

Celinda Alarcón, madre del joven, dice que 'esa cantidad no me deja satisfecha, porque esto va acarrear toda su vida, el sigue teniendo problemas. Imagínese que lleva 17 meses de curaciones en la zona abdominal, porque aún tiene una herida. Estamos esperando la séptima cirugía y su vida corre riesgo'. Y recalca que 'ocho años llevamos sufriendo nosotros. De ese dinero, el 40 por ciento se lo llevan los abogados, yo les agradezco pero por todos lados he andado yo, es el único hijo que tengo y por eso lucho junto a mi mamá por él'.