Preocupación e incertidumbre existe entre los apoderados de 78 niños de Alerce, que asisten al Colegio New School, luego que el terreno en que se ubica el establecimiento fuera rematado por orden del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt.
El martes 12 de agosto, se presentó en el lugar un receptor judicial para notificar a los sostenedores del plantel de una orden de desalojo de la propiedad, emitida por el tribunal de la capital regional.
La acción tiene su origen en un juicio ejecutivo entre el Banco de Crédito Inversiones y María Arteaga Montesinos, que generó el remate de la propiedad ubicada en el kilómetro 3,5 del camino a La Colonia.
Mauricio Quinteros, cónyuge de la directora y su representante legal, se negó recibir la notificación. 'El litigio es por el terreno y no por el colegio. Me opuse a la notificación de desalojo, porque aún hay algunas acciones judiciales pendientes. Además, estamos solicitando la revisión del fallo, ya que jamás fuimos notificados del embargo y menos del remate', dijo a El Llanquihue.
A las 11 horas del jueves, Verónica Arteaga Montesinos, sostenedora del Colegio New School, junto al centro de padres y apoderados del plantel subvencionado, ingresó ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección, que incluye una orden de no innovar que busca detener la orden de lanzamiento decretada por el juzgado civil.
Maribel Mancilla, presidenta del centro de padres y apoderados del establecimiento, precisó que 'hay mucha incertidumbre, porque autoridades de Educación nos informaron que el colegio se cerraría el miércoles y que se buscarían alternativas de matrícula en establecimientos municipales'.
Ante ello, la dirigente adelantó que se realizarán movilizaciones para impedir el desalojo. 'No queremos que nuestros hijos se trasladen a otro colegio, queremos seguir con nuestro profesores, porque este espacio es de los niños y por ello nos tomaremos el recinto hasta obtener una solución', manifestó.
Respecto a las características del Colegio New School, Mauricio Quinteros precisó que se trata de 'un establecimiento particular subvencionado, que no cobra un copago, que atiende a niños vulnerables a quienes se les entrega tres comidas diarias. En materia educacional estamos convencidos que somos un aporte para la comunidad de Alerce'.
Quinteros agregó que ' el 3 de julio fuimos fiscalizados por la Superintendencia de Educación sin observaciones '.