El Gobierno de Bolivia distribuyó ayer en las diez principales ciudades del país cien mil copias gratuitas del 'Libro del Mar', obra con la historia y la argumentación del reclamo a Chile por una restitución del acceso soberano al Pacífico.

La publicación se repartió con los principales periódicos de las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz, Trinidad y Cobija.

Este texto es una 'edición popular' del libro que ya fue presentado en junio pasado y distribuido a las delegaciones asistentes a la Cumbre del G77 y China, celebrada el mismo mes en la ciudad boliviana de Santa Cruz, indicó esta semana durante la presentación de la iniciativa el ex Presidente Carlos Mesa, portavoz de la causa marítima de dicho país.

Mesa destacó que se trata de un 'hecho fundamental' que muestra el compromiso de 'difundir la causa no solamente a la comunidad internacional', sino también a la opinión pública.

En el libro se muestran, según el Gobierno boliviano, 'las verdaderas causas por las cuales Bolivia fue invadida en 1879', los sucesos posteriores a la Guerra del Pacífico y las 'promesas' de posibles soluciones hechas por Chile al país.

Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio a manos de tropas chilenas en la Guerra del Pacífico y reclama desde entonces la restitución de un acceso soberano al mar.

Bolivia demandó en abril de 2013 a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que este tribunal emita un fallo que obligue a Chile a negociar una solución a la demanda.

Las autoridades nacionales presentaron en julio pasado las objeciones preliminares para impugnar la competencia de la CIJ con el argumento de que su país nunca le ha dado a ese tribunal atribuciones para resolver la demanda. Bolivia tiene hasta el próximo 14 de noviembre para responder por escrito a las objeciones.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, junto al director nacional de la rama, Christian Melis, destacó el nivel de cumplimiento alcanzado por el comercio en los días de feriado irrenunciable de Fiestas Patrias.

La secretaria de Estado realizó un balance de los programas de fiscalización a la normativa en locales comerciales y buses interurbanos.

En relación al cierre del comercio desde las 21 horas del día 17 de septiembre y a las 06 horas del día 20 de septiembre, la ministra de Trabajo informó la realización de un total de 350 fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo, período en que 314 empresas acataron la normativa, de las cuales 36 empresas fueron multadas, lo que representa cerca de 35 millones de pesos.

'Tenemos un 10% de incumplimiento. Pero la buena noticia de esto es que 9 de cada 10 chilenos sí entendieron el apego que hay que tener a la norma laboral y lo importante que es darle descanso a nuestro trabajadores', agregó Blanco.

La autoridad destacó que según los días, hubo variaciones en términos de los niveles de incumplimiento. 'El 17 de septiembre fue el día que hubo más adhesión al cumplimiento de la norma, sólo hubo un 5% de incumplimiento; el día 18 fue el que más incumplimiento hubo, un 32%, y el 19 sólo un 19%', manifestó.

Señaló que durante los días 18 y 19, 50 trabajadores del comercio fueron enviados a sus casas por incumplimiento de normativa laboral en relación al feriado irrenunciable.

Los trabajadores sorprendidos en infracción deberán cesar de inmediato sus turnos y abandonar su lugar de trabajo. Eso sí, los locales comerciales atendidos por sus propios dueños pueden abrir durante ambos días feriados. Se exceptúan de este derecho los trabajadores que se desempeñan en: clubes y restaurantes; establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabaret, casinos de juegos y otros lugares de juegos legalmente autorizados; y expendio de combustibles, farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. También deben trabajar los dependientes de las llamadas 'tiendas de conveniencia' adosadas a los servicentros si venden alimentos preparados allí mismos. En relación a la fiscalización del transporte interurbano de pasajeros, la Ministra informó que durante los días 12 y 16 de septiembre se desplegaron 70 fiscalizadores, que efectuaron un total de 423 fiscalizaciones, que terminaron con 30 conductores suspendidos.

El senador Víctor Pérez (UDI) se refirió a un reciente informe de la Contraloría que afirma que en el actual Gobierno se han producido más despidos de funcionarios públicos que en la administración de Sebastián Piñera.

'Hay una inconsecuencia de la CUT y de la Anef, que han justificado o bien han guardado silencio ante los despidos masivos en el sector público, donde se han visto afectados trabajadores que cumplían funciones eminentemente técnicas', expresó el parlamentario.

El legislador de oposición sostuvo que 'el informe de Contraloría es muy decidor, ya que en el actual Gobierno se han producido casi un 25% más de despidos que en nuestro gobierno'.

Agregó que 'ha quedado en evidencia que el actual gobierno pasó la retroexcavadora en el sector público y despidió a funcionarios más allá de su compromiso político, lo que ha afectado el funcionamiento del Estado'.

También afirmó que 'hay inconsecuencia en el actual Gobierno que por una parte se autocalifica defensor de los derechos de los trabajadores, pero parece que siempre y cuando estos pertenezcan a los partidos de la coalición oficialista'.

El senador Pérez dijo que 'el informe de Contraloría demuestra que el Gobierno del Presidente Piñera hizo los cambios que eran estrictamente necesarios, y no como ha ocurrido en la actual administración que han utilizado el sistema público para pagar favores políticos'.

Insistió en que 'la izquierda ha utilizado siempre el aparato del Estado como bolsa de empleo para sus militantes y esta vez no ha sido la excepción, con el daño que se le provoca al funcionamiento de las instituciones del Estado'.

El debate sobre el despido masivo de funcionarios comenzó apenas días después de que la actual Presidenta Michelle Bachelet asumiera el cargo. Por esa razón, la UDI solicitó un informe a Contraloría para aclarar la situación.