Con el propósito que los consumidores conozcan el derecho a la garantía legal y puedan ejercerlo en el caso que una compra de fin de año presente alguna falla o no sea apto para su uso normal, el Sernac de Los Lagos lanzó una campaña de difusión que incluye la presencia en terreno de ese servicio.

Marco Cid, director regional del Sernac, precisó que es el consumidor -no la empresa- quien puede elegir: devolución del dinero, cambio o reparación del producto.

Esta acción puede ser ejercida durante tres meses desde la fecha de recepción del producto, lo que puede coincidir con la fecha de compra.

Para ejercer esta garantía legal -agregó Cid- los reclamantes pueden acudir directamente al proveedor que vendió el producto, para lo cual sólo es necesario presentar la boleta, factura u otro medio que acredite la compra.

Recalcó que carecen de valor legal los avisos en tiendas o timbres en boletas, donde la empresa consigna que no responde por cambios o devoluciones.

SUSPENSIÓN DE GARANTÍA

Respecto de la posibilidad que se ofrece cuando un producto falla, en cuanto a enviarlo a un servicio técnico, la autoridad dijo que es el consumidor quien resuelve. ya que no existe una obligación legal para acceder a esa alternativa.

"Si el consumidor acepta, el plazo de la garantía legal se suspende por el tiempo en que el producto esté en el servicio técnico", aseguró.

Agregó que algunas empresas ofrecen hasta 60 días para cambiar un producto, por la talla o color. "Esto se trata de una política comercial voluntaria dirigida a satisfacer a los clientes; si es ofrecida, debe cumplirse. Pero eso no significa que el consumidor pierda su garantía legal, si el producto tiene fallas", explicó.

Para Cid es fundamental que los consumidores no confundan la garantía de satisfacción con la garantía legal, la cual rige para todos los bienes durables, desde un zapato hasta un auto, y si éste sale malo o se echa a perder con su uso normal, el consumidor tiene el derecho de opción", indicó Cid.

Cuando hay un incumplimento, se debe reclamar ante la empresa. Si no hay respuesta o bien fue insatisfactoria, pueden recurrir al Sernac e interponer su reclamo.

Para ello, se ha dispuesto una nueva plataforma amigable para los usuarios de tablets o smartphone, en www.sernac.cl, para que ingresen sus reclamos.

Sin lugar a dudas, el Caso Penta o "Pentagate", como ha sido denominado, ha marcado la pauta noticiosa de los últimos meses en materia política. Para muchos, un escándalo que terminará con un cambio en la forma de financiamiento de las campañas políticas.

Se trata de un caso que hoy golpea principalmente a políticos de la UDI, entre los que se cuentan el senador por Los Lagos, Iván Moreira, y el diputado por el distrito 56, Felipe de Mussy.

Ambos han optado por guardar silencio, aunque en reiteradas ocasiones acentuaron su inocencia y apelaron a los resultados que tenga la investigación que realiza la Fiscalía Oriente.

Se estima que este fraude superaría los 2 mil 700 millones de pesos en el período en cuestión.

Paralelo a ello, en el Parlamento, el también diputado por el distrito 56, el socialista Fidel Espinoza, fue designado como presidente de la Comisión investigadora de este caso.

¿Pero qué es este caso? Lo que marca la El Caso Penta, es el mecanismo que se logró descubrir -fuera del arista política- respecto a un vínculo permanente en el tiempo, que existía entre algunos controladores del Grupo Penta con el martillero público Jorge Valdivia, quien, a su vez, tenía nexos con el Servicio de Impuestos Internos, de manera que se limpiaban diversas operaciones tributarias del Grupo Penta, de las empresas relacionadas o de sus dueños.

Ocurrió que una funcionaria del Departamento Jurídico del SII se percató de esta situación, "de la colusión entre el martillero con algunos funcionarios de este servicio, que rebajan cargas tributarias a través del FUT, que son recursos de todos los chilenos", según explica el diputado Espinoza.

Bajo esta rebaja tributaria se lograba recibir compensaciones del Servicio de Impuestos Internos, por las pérdidas que "supuestamente y de manera fraudulenta habían tenido". Se descubrió que había 122 grupos económicos -entre microempresarios y empresarios- que recibieron millonarias "cifras de dinero bajo este mecanismo fraudulento de articulación entre el martillero público y funcionarios del SII".

Es en este punto cuando aparece el aspecto político, dado que el Grupo Penta es uno de las 122 entidades que recuperaron millonarios recursos de parte del Estado. "Recuperaban estos dineros de manera fraudulenta y después los donaban a los políticos".

Por lo tanto, "ellos no gastaban de su plata, sino que de la todos los chilenos. Ese es el caso Penta. Y por eso la gravedad del tema que hace que hoy estén complicados todos aquellos que usaron boletas ideológicamente fraudulentas para cometer el ilícito".

Si bien Espinoza admite que hoy el senador por los Lagos, Iván Moreira, y el diputado Felipe De Mussy, se encuentran en este grupo de políticos más lo están "quienes recibieron plata en efectivo, como (Pablo) Longueira, al que le pasaron plata en una oficina y sin boletas de por medio".

Pero aquí el tema se complica aún más, ya que para recuperar "esta plata metieron a sus mujeres e hijos para que les hiciesen mensualmente boletas de 10 millones de pesos y así fueron haciendo la caja".

El relato de Espinoza no concluye aquí, ya que acto seguido acusa que una vez hecha esta caja "le dijeron a (Jovino) Novoa: 'usted distribuye y nos dice a quién tenemos que apoyar' y este es el Caso Penta".

Fidel Espinoza recalca en que se entregaron boletas por trabajos que nunca se realizaron.

Es en este punto donde fustiga a Felipe de Mussy y la intervención que pudo tener el tío de éste, Luis De Mussy, quien habría realizado el contacto a través de (Carlos Alberto) Délano para llegar a (Hugo) Bravo.

Además la principal crítica que la hace De Mussy es que "mintió al asegurar que no tenía ningún vínculo con este caso, mientras que Moreira si bien dice que no cometió ilícito, admite que pidió plata".

Por lo mismo Espinoza señala que aunque el monto de De Mussy "no sea como el de otros (serían 8 millones de pesos)", sería "lo mismo que si fueran 200 ó 300 millones de pesos porque el delito está cometido".

Acusa que quien descubrió este fraude millonario "había sido despedida bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, mientras que en el SII siguen trabajando quienes cometieron los ilícitos. Aquí hubo delitos de los funcionarios que se coludían con empresas para rebajar los impuestos. Están todas las herramientas que conducen al delito".

El Llanquihue intentó contactarse con Iván Moreira y Felipe de Mussy, pero optaron por el silencio. Sin embargo, en reiteradas ocasiones han manifestado su inocencia y que se aguarde por los resultados de la investigación judicial.