La Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI) informó ayer la suscripción de un contrato con la firma naviera alemana Hamburg Südamerikanishe Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG para venderle sus operaciones de transporte de contenedores por US$ 160 millones.

Mediante de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la firma detalló que "se ha suscrito el contrato denominado "Asset Purchase Agreement (APA)" que materializa la operación entre ambas sociedades". Agregó que "el cierre de esta transacción tendrá lugar el 17 de marzo del 2015".

No obstante la comunicación al regulador, la firma advirtió que la operación estará sujeta al cumplimiento de las condiciones previamente establecidas por ambas firmas, "dentro de las cuales se estipula la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)".

En el hecho esencial, la firma dijo además que "junto con esta operación de venta, se cumple la condición para poner término de forma anticipada al Contrato de Servicios de Agenciamiento de fecha 10 de marzo de 1997, suscrito por CCNI y Agencias Universales S.A.".

En julio de este año, la naviera alemana ofertó US$ 160 millones por la firma ligada al grupo Urenda y la transacción estaba sujeta a un due diligence (revisión financiera y contable) que debería concluir el 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, la firma chilena informó a fines del año pasado que el cierre de la venta de la compañía a Hamburg Sud se retrasó hasta el primer trimestre de 2015 .

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó en enero ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a seis empresas navieras por haberse coludido en contratación de transporte marítimo de automóviles desde el 2000, entre las que estaba la CCNI. Pero la firma manifestó que el requerimiento "no afecta la venta del negocio de contenedores".

No hubo acuerdo. Por eso, tras la reunión de los 19 países que comparten el euro, que tenía como objetivo lograr un consenso, el Eurogrupo ejerció presión sobre Grecia y le otorgó como plazo hasta el viernes para decidir sobre una nueva prórroga de la parte europea del rescate al país.

"Hemos dicho que estamos listos para continuar nuestras conversaciones. Ahora depende de las autoridades griegas decidir si quieren una extensión, si quieren aceptar la oferta de flexibilidad existente en el programa, pero también de dar todos los compromisos" solicitados por los socios, informó el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en rueda de prensa.

Agregó que "hubo una opinión muy fuerte acerca de que el próximo paso tiene que venir de parte de las autoridades griegas. Ellas tienen que tomar una decisión".

La parte europea del rescate vence el 28 de febrero. "Creo que tenemos esta semana, pero eso es todo", resaltó Dijsselbloem.

"Si la solicitud llegara, la revisaríamos y preguntaríamos a las instituciones para que nos aconsejen y entonces, si podemos ver un resultado positivo, podría convocarse un Eurogrupo extraordinario el viernes" , afirmó el también ministro holandés de Finanzas.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varufakis, se mostró dispuesto a aceptar prolongar el "acuerdo del préstamo" a Grecia pero no el "programa", y pidió a sus socios que dejen de lado los ultimátum y traten de encontrar con Atenas "como iguales" un acuerdo que suponga una "buena solución".

Varufakis subrayó que estaría dispuesto a aceptar prolongar el "acuerdo del préstamo" concedido a Grecia con ciertas condiciones asociadas a éste y a mantener implicado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al término de la reunión del Eurogrupo, Varufakis dijo a los otros socios del euro que "en la historia de la Unión Europea nada bueno ha surgido de los ultimátum", en referencia al plazo que le dieron a Atenas para aceptar su oferta.

Varufakis lamentó que Dijsselbloem no aceptara su propuesta, que se comprometía a no aplicar durante seis meses ninguna medida del programa electoral de Syriza que pudiera suponer un desvío presupuestario o afectar a la estabilidad financiera, y que además exigía que no le pidieran "imponer medidas recesionistas, como por ejemplo reducir las pensiones más bajas o aumentar el IVA".

Chile recibió en 2014 Inversión Extranjera Directa (IED) por un total de US$ 23.302 millones, lo que implica 15% más que el año anterior, según cifras preliminares del Banco Central difundidas ayer.

Durante 2013, los ingresos por este concepto alcanzaron a US$ 20.258 millones, precisó un comunicado del Comité de Inversiones Extranjeras.

El total de la inversión correspondiente al año pasado se divide en US$ 10.792 millones correspondientes a Participaciones en el capital; US$ 6.720 millones a Utilidades reinvertidas y US$ 5.790 millones a Instrumentos de Deuda.

"Gran parte de estos montos están asociados a adquisiciones de compañías y desarrollo de nuevos proyectos. En un contexto regional y mundial en que las inversiones relacionadas con los commodities han tenido una baja", destacó Jorge Pizarro, vicepresidente ejecutivo del Comité.

"No solo son una buena noticia para el país, sino una señal de la confianza que los inversionistas extranjeros tienen en el desarrollo de nuestra economía", añadió.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la inversión foránea en la región cayó 23% en el primer semestre del 2014 por la ausencia de grandes adquisiciones y minería más débil.

Cristi agregó que como país "hemos sido capaces de mantener un mercado dinámico y atractivo, en un contexto de reformas que nos asegurarán la proyección a futuro de la estabilidad del país. En otras palabras, los inversionistas siguen apostando a Chile como un socio a largo plazo".

Las cifras contrastan con el contexto regional, en que los flujos de inversión extranjera directa hacia Latinoamérica y el Caribe tuvieron una baja de 19%, y a nivel global 8%, según proyecciones de la UNCTAD.

Según datos del Banco Central, entre 2009 y 2013 ingresaron al país US$ 100.856 millones por concepto de inversión extranjera directa.

Los cinco principales inversionistas del periodo fueron EE.UU., con US$ 16.834 millones (16,7% del total); Países Bajos, con US$ 14.504 millones (14,8%); España, que alcanzó US$ 10.483 millones (10,4%); Canadá, que llegó a US$ 5.140 millones (5,1%) y Reino Unido, con US$ 4.334 millones (4,3%) en el periodo.

De acuerdo al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), desde su entrada en vigencia en 1974, la mayoría de los grandes inversionistas extranjeros ha utilizado el Estatuto de Inversión Extranjera (D.L. 600) para ingresar capital al país, con el cual el inversionista firma un contrato con el Estado -que establece garantías y derechos- y que lo autoriza a transferir capital u otras formas de inversión. Como mecanismo alternativo está el capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI) del Banco Central.