La idea de la sentencia definitiva como única respuesta exitosa del proceso penal frente al delito quedó atrás con el arribo del sistema acusatorio, que contempla otras fórmulas de solución más eficientes que, en algunos casos, satisfacen de mejor forma el interés de la sociedad y de la víctima, generando a su turno una menor criminalización.
La procedencia de estas "salidas alternativas" se circunscribe por la ley a delitos de baja penalidad y respecto de imputados que antes no han sido condenados, como sucede en el caso de la suspensión condicional del procedimiento; o bien, a ilícitos que afectan bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial y a los cuasidelitos, tratándose de los acuerdos reparatorios.
Desde el inicio de la reforma procesal penal la utilización de estos instrumentos fue creciendo progresivamente hasta su estabilización durante los últimos años, para alcanzar el año 2014 un 20,3% del total de casos terminados en nuestra región.
Estas fórmulas que en muchos casos posibilitan una solución rápida del conflicto penal no deben, sin embargo, ser visualizadas sólo desde la perspectiva de su eficiencia sistémica ni de sus atributos naturales de descongestión. Desde la protección del ofendido por el delito hasta la responsabilización del imputado, pasando por diferentes soluciones que conllevan un aporte a la comunidad afectada por el delito, son aspectos que pueden formar parte de los objetivos de las salidas alternativas.
Por ello la adopción de criterios político-criminales en este campo resulta tan relevante como necesaria, con miras a evitar una utilización insípida y utilitaria de estos instrumentos procesales; pasando así, progresivamente, a agregarles contenidos socialmente valiosos.
Es más, la propia naturaleza de las salidas alternativas llama a la innovación permanente y a una utilización socialmente responsable de las mismas, que incorporen una mirada más propositiva asociada a las particularidades del caso, de los intervinientes y de la comunidad.
Es de esta forma que hoy en la región continuamos planteándonos el desafío de buscar nuevas respuestas de calidad desde el proceso penal, que vayan más allá de las sentencias definitivas, teniendo siempre presente que el interés general de la sociedad forma parte esencial de nuestra función.
Marcos Emilfork Konow.