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En tres aspectos fundamentó SalmonChile su inquietud por la posibilidad de prohibir los reemplazos durante huelgas, como plantea el proyecto original de reforma laboral.

La entidad fue invitada a exponer ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ocasión en la que fundamentaron su posición, en base a una variedad de efectos nocivos para toda la actividad.

Los temores en este sector surgen a partir del proceso productivo y la interdependencia de los ciclos de los peces, desde que son cultivados en agua dulce hasta que son trasladados a fases de engorda en el mar. "Una paralización de esas etapas puede generar un embotellamiento del sistema, afectando la sistematicidad y cadena productiva, así como a los más de 7 mil proveedores de la industria", afirmó Felipe Manterola, gerente general de SalmonChile.

SANITARIO Y AMBIENTAL

Una de los más graves perjuicios se producirían en el ámbito sanitario y ambiental. "Cualquier efecto en los peces, repercute en el medio ambiente, en el sistema en general. Por lo tanto, no pueden paralizar las distintas funciones de nuestros procesos productivos. Porque lo que busca cada uno de esos procesos, es disminuir la mortalidad de peces y evitar la diseminación de virus y enfermedades", remarcó.

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El gerente general de esa asociación gremial puntualizó que esa diseminación puede provocar daños en otros centros, cultivos y usuarios. "Es por eso que somos tan enfáticos en decir que el proceso productivo no puede parar".

Otra repercusión podría evidenciarse en el trabajo. "Una paralización no sólo afecta a ese proceso productivo, sino que compromete a todo lo que continúa en la cadena, además de la viabilidad de la empresa y los recursos", dijo.

COMISIÓN DE EXPERTOS

Manterola agregó que otro aspecto que les preocupa es la idoneidad del personal de la Dirección del Trabajo para mediar en un conflicto y determinar los servicios mínimos a implementar en caso de huelga. "Se requiere una expertiz muy fundada, técnica, imparcial e independiente", definió.

Por ello propuso conformar una comisión de expertos que defina esos servicios mínimos. "Debería considerar a los servicios públicos pertinentes y la academia, que establezcan un arbitraje sobre la negociación colectiva. No se puede depender de un funcionario público que no tiene esa expertiz. Debe velarse por el cuidado del medio ambiente y estar los expertos en el tema", planteó.

Manterola sostuvo que su presentación fue acogida por los diputados "y nos da la sensación que se entendió que un proceso productivo de esta magnitud, no puede depender del éxito de una negociación colectiva en particular. Porque su fracaso, pone en riesgo a todo el sistema", remarcó.

El presidente del Consejo de Pescadores Artesanales (Corepa), Jorge Bustos insistió en la necesidad de que el gobierno derogue la actual ley de pesca, conocida en el gremio como "Ley Longueira".

El dirigente recordó que cuando Bachelet era candidata le plantearon cuatro puntos que para el gremio eran fundamentales. Se trata de la revisión de la ley, la eliminación de la pesca de arrastre, la extensión de las cinco millas para el sector artesanal y la elaboración de una plataforma social.

Pese a ello, el gobierno aún no ha cumplido con los pescadores, advirtió. "No sé cuál es el problema que tiene la Presidenta después de haber acordado y dado su palabra con este grupo del sector pesquero no haber cumplido… No queremos pensar mal de la Presidenta. Asumimos que cuando una persona asume la primera magistratura del país, asumimos que estamos hablando con una persona seria", recalcó.

El dirigente dijo entender que la mandataria recién cumplió su primer año en el gobierno, pero ahora está en el segundo año y ya es tiempo de revisar la legislación.

Bustos se quejó de las consecuencias nefastas que estaría generando en la pesca artesanal la ley de pesca; por lo que es necesario modificarla, recalcó.

La seremi de Economía, Carmen Gloria Muñoz, advirtió que el compromiso del gobierno es evaluar la ley de pesca, cuya principal diferencia -recalcó- con la antigua legislación dice relación con las cuotas de pesca, las que ahora son asignadas por un comité científico.

En este sentido, la seremi explicó que es necesario evaluar el funcionamiento de la nueva institucionalidad, pero "jamás se ha hablado" la posibilidad de derogar la ley de pesca.

Muñoz recordó que los otros compromisos dicen relación con la regulación de las caletas, un mayor valor agregado a los recursos pesqueros y dar un impulso turístico a las caletas, además de una ley bentónica, la que está en proceso en la Subpesca.

Con la modificación que se introdujo en el Senado al proyecto de ley que amplía el plazo de cierre de las nuevas concesiones de acuicultura, no se permitirá nuevas incorporaciones en la Región de Los Lagos, destacó José Miguel Burgos, director del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

La autoridad sostuvo en Puerto Montt que con ello se posibilita el ingreso de cultivos de mitílidos "a algún proceso de reordenamiento".

Burgos agregó que una medida así era necesaria "hace mucho tiempo para esta actividad". Expuso que dada la ubicación de algunos centros de cultivos, éstos manifiestan "importantes pérdidas de productividad. Entonces, se requiere ordenarlos".

Especificó que la modificación legal "permitirá ese reordenamiento y mejorar las condiciones de productividad en esas zonas en particular".

En esos cultivos, se facilitará su reubicación donde les favorezcan las corrientes marinas que llevan alimento.

CALADEROS DE PESCA

En cuanto a la actividad pesquera, Burgos anunció que "la autoridad tiene que desarrollar los estudios necesarios para que en los sectores donde hay caladeros de pesca, no se realice este proceso de movimiento y el sector (de pesca) artesanal, quede protegido".

Agregó que la Subsecretaría de Pesca quedó mandatada para efectuar una regulación que proteja esos sitios históricos de pesca a menor escala.

En el caso de las salmoneras, sostuvo que "pasarán de centros productivos solicitados al inicio de la actividad, a lugares con mayor profundidad, mejor performance de oxígeno y va a permitir, desde el punto de vista sanitario, un mejor funcionamiento".

En cuanto al cierre de nuevas concesiones, afirmó que afecta a la industria salmonera y de mitílidos, pero "deja abierta la posibilidad que la acuicultura a pequeña escala, pueda ampliar sus áreas para resolver sus problemas de productividad que estamos mirando en esta zona", destacó.

La iniciativa ya fue aprobada en el Senado, por lo que ahora debe continuar con su tramitación en la Cámara de Diputados.