La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer que la reconstrucción de las regiones del norte afectadas por los temporales y aluviones tendrá un costo de US$ 1.500 millones que el Gobierno financiará través de la ley reservada del cobre y reasignaciones presupuestarias de 2016 a 2018.

La Mandataria aclaró que hasta ahora se han invertido US$ 250 millones, que se sumarán al costo total que será de $ 1.500 millones, "un tercio proveniente de la ley reservada del cobre, dos tercios de los ajustes y las leyes de presupuesto 2016 a 2018", señaló tras reunirse con ministros y el presidente de BancoEstado, Rodrigo Valdés, para realizar un balance de la catástrofe.

La cifra contempla la reparación de 18 mil viviendas dañadas y la reposición de dos mil viviendas completamente destruidas. Asimismo, se consideró subsidios para la construcción de viviendas o eventuales reconstrucciones.

Bachelet anunció que aquellas familias que hayan sufrido la destrucción completa de sus viviendas recibirán un apoyo financiero de $ 1 millón para la compra de enseres, un bono de ropa y un subsidio mensual de arriendo o de acogida, para quienes estén alojando en la casa de parientes o amigos.

"Esto significa que en conjunto con dar un tratamiento excepcional a los tratamientos afectados desde todos los organismos públicos, estamos movilizando todos los recursos de que disponemos, porque el proceso de reconstrucción va a ser largo y complejo", afirmó la Presidenta.

La Mandataria además informó que habrá que reubicar a algunas familiar por su seguridad. "Habrá que tomar decisiones difíciles, en algunos casos habrá que relocalizar familias por su propia seguridad y priorizar ciertas obras por sobre otras", explicó.

El intendente de la Región de Atacama, Miguel Vargas, valoró de manera positiva el anuncio hecho por la Presidenta y señaló que las diversas medidas apuntan en la dirección correcta, puesto que los afectados no solamente han sufrido el daño de sus viviendas.

"La gente está angustiada no solamente por eso, sino porque también ha perdido los enseres. Uno cuando entra a la casa, además del barro, ve las cocinas deterioradas, los muebles deteriorados, porque en algunos casos el barro alcanzó hasta más de un metro y tal vez más dentro de la casa", dijo Vargas, quien agregó que a través de los profesionales y funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) se está realizando un catastro para determinar el daño real de cada vivienda.

El Ministerio del Interior dio a conocer ayer la lista oficial de personas fallecidas en la catástrofe del norte. De las 26 víctimas, tres se registraron en la Región de Antofagasta: dos en la comuna del mismo nombre, y una en Calama. Las otras 23 restantes corresponden a la Región de Atacama: nueve en Chañaral, ocho en Copiapó, cuatro en Diego de Almagro y dos en Vallenar. La identidad de las víctimas fue determinada por el Servicio Médico Legal y desde el Gobierno afirmaron que los familiares de los fallecidos ya fueron informados. Los desaparecidos se redujeron de 150 a 137.

Para ayer estaba agendada una reunión en el Congreso, en la que los líderes de todos los partidos abordarían un acuerdo para hacer frente a la crisis del sistema político derivada de los casos SQM, Penta y Caval. Sin embargo, dicha cita no se concretó.

La reunión había sido convocada por el presidente de la DC, Ignacio Walker y su par socialista, Osvaldo Andrade. Fue este último quien descartó la instancia y explicó que los partidos están trabajando en un documento que "reúna voluntades y convicciones de todos", razón por la que no se reunirían sin haber concluido ese texto.

El líder del PS señaló que se está trabajando con el objetivo de que "pudiesen los partidos expresar una opinión a través de un texto, fundamentalmente pensando en que estas cosas no vuelvan a pasar".

"Ese texto lo estamos trabajando, todavía estamos en borrador. No tiene mucho sentido hacer ningún tipo de reunión si el texto no está. En consecuencia, no he convocado a ninguna reunión", explicó el vocero de la Nueva Mayoría.

"Entiendo que por ahí se filtró la idea de que nos íbamos a encontrar hoy día en la tarde, eso no es así. Mientras no tengamos un texto que reúna las voluntades y convicciones de todos, evidentemente no tiene ningún sentido hacer ningún tipo de reunión", añadió el parlamentario.

Consejo asesor

Durante la mañana de ayer, antes de que finalmente no se concretara la reunión, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, señaló que la cita era "una iniciativa" de los partidos. "Lo que el Gobierno ha planteado es que los partidos y el Gobierno cumplen roles complementarios", apuntó.

El Consejo Asesor Presidencial en la materia debe entregar un informe a La Moneda, a partir del que se realizará una serie de propuestas, señaló Elizalde, quien añadió que el Gobierno está trabajando en impulsar proyectos de ley, "pero eso no obsta a que los partidos puedan coordinarse, iniciar un proceso de diálogo para generar sus propias propuestas".

El vocero de La Moneda señaló que las propuestas que salgan de los partidos serán estudiadas. "Aquí todos debemos contribuir efectivamente a crear una institucionalidad que sea profundamente eficaz y un marco regulatorio muy estricto, como Chile no ha tenido hasta ahora para evitar que este tipo de hechos se repita en el futuro", sentenció.

El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), afirmó ayer que un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a favor de Bolivia en el marco de la demanda de ese país por conseguir una salida soberana al mar, provocaría un "caos internacional".

"No tiene ningún fundamento jurídico y si se llegase a aprobar esa demanda, y eso no es una campaña del terror, sería simplemente el caos internacional", afirmó ayer el parlamentario en entrevista con CNN Chile.

El senador oficialista advirtió en sus declaraciones que un fallo favorable a Bolivia sentaría un precedente "súper riesgoso" porque "el día de mañana cualquier país podría pedir a la CIJ que se modifiquen los límites fronterizos".

"Eso sería la anarquía absoluta en materia de derecho internacional", añadió el presidente de la Cámara Alta, quien dijo que confía en el éxito del recurso que la defensa chilena presentó para solicitar la incompetencia de la Corte de La Haya para juzgar la demanda boliviana.

"La corte no tiene competencia. El Pacto de Bogotá, que le da jurisdicción a La Haya, excluye todos los temas resueltos anteriormente a 1948 por tratados internacionales", argumentó Walker, quien sostuvo que los temas limítrofes entre ambos países quedaron resueltos en el tratado firmado en 1904, que el Gobierno ha dicho que Bolivia quiere modificar

El senador además confirmó que asistirá a los alegatos orales que se realizarán en la CIJ en Holanda entre el 4 y el 8 de mayo próximo para tratar precisamente la competencia del tribunal.

El presidente del Senado aseguró que la demanda es una "campaña comunicacional" e instó a las autoridades bolivianas a comprometerse a acatar la resolución que emita la CIJ.

"Me encantaría un pronunciamiento en que se comprometa a respetar la resolución que tome el tribunal de La Haya. Esto sería un gran avance", agregó Walker, quien señaló que su país "siempre ha cumplido los fallos de los tribunales internacionales", haciendo referencia así a la sentencia de la CIJ con respecto a la delimitación marítima con Perú.

El martes, el Presidente boliviano, Evo Morales, afirmó que "los tratados tampoco son eternos como tratan de hacer ver en esos debates de carácter internacional", refiriéndose al Tratado de 1904. Pese a esto, el Mandatario señaló que la intención de su país no es modificar o anular el pacto sino obligar a Chile a negociar.