La ampliación de una de las veredas, la reubicación del comercio ambulante e instalación de luminarias LED contempla el proyecto de peatonalizar la calle Antonio Varas.

Otra novedad -dependiendo de lo que diga el estudio-, es que de lo que existe en la actualidad, quede sólo una pista para el tránsito de los vehículos.

Esta medida llevará también a que los parquímetros que allí se encuentran deban hacer abandono del lugar y ser reubicados en otro punto de la capital regional.

Ello, en todo caso, no implicaría un nuevo contrato con la empresa a cargo de los parquímetros, por cuanto el contrato establece que si "le quitamos algo, debemos compensarlos vía un estudio", explica el alcalde Gervoy Paredes.

El jefe comunal subraya que todo el espacio asignado para el estacionamiento de los vehículos se convertiría en vereda. Pero todo ello -recalca- dependerá de los resultados del estudio que está en desarrollo.

Todo este proyecto significaría una inversión del orden de los 800 a 900 millones de pesos en un principio, dineros que corresponden al Barrio Comercial del Ministerio de Economía.

Al respecto la seremi de esta cartera, Carmen Gloria Muñoz, explica que estos recursos se entregan a través de Sercotec. Sería el punto de partida, por cuanto se requieren de más recursos que contempla también el soterramiento de los cables.

De hecho, en estos momentos en la casa edilicia puertomontina se encuentran actualizando esta primera etapa de lo que será la peatonalización de Varas.

Y esta iniciativa debería estar lista entre octubre y noviembre e implica una inversión de entre 15 a 20 millones de pesos.

La intención es privilegiar la peatonalización de este sector, a través de Sercotec (Ministerio de Economía), Ministerio de Vivienda y el Serviu, en el marco del programa de Barrios Comerciales.

Este proyecto -explica Paredes- es paralelo al Plan Regulador, que también contempla la peatonalización de esta importante calle comercial, como una forma de consolidación.

Carmen Gloria Muñoz explica que la capital regional es uno de los cuatro barrios comerciales beneficiados en la región.

Precisa que la primera parte ya comenzó con la elaboración del plan comercial, del cual saldrá la definición de obras a efectuar en una segunda etapa.

Y esta instancia siguiente es financiada por el ministerio de Vivienda y que involucraría unos 800 millones de pesos.

Coincide con Paredes en el sentido de que la peatonalización de calle Antonio Varas responde a un sentir de la comunidad y de los locatarios de hace bastante tiempo.

También detalla que existen los asesores de los barrios comerciales, los que tendrán a su cargo el asesoramiento del trabajo a realizar.

Se estima que para concretar esta iniciativa se realice una labor de participación ciudadana con el municipio y la gente del lugar.

Todo ello apuntaría -según Muñoz- a que la peatonalización sería lo que el barrio necesita para mejorar su funcionamiento y consolidarse como un sector comercial.

Si todo marcha acorde a los tiempos, el próximo año podrían comenzar las obras.

El senador (PS) Rabindranath Quinteros confirmó que está trabajando junto a las senadoras de la comisión de pesca Carolina Goic y Adriana Muñoz en un documento que sirva como base para la discusión de una nueva legislación pesquera.

Para el parlamentario la actual ley de Pesca no tiene legitimidad y que una nueva legislación debe garantizar para el país, como principio fundamental, el carácter público de los recursos del mar.

Aseveró que la Ley de Pesca, por la serie de hechos que incidieron en su discusión, se encuentra totalmente desacreditada.

"El Congreso tiene el deber de enmendar este problema porque esta ley nació mal, tenemos que discutirla nuevamente y debe convertirse no sólo en un marco legal justo para la pesquería artesanal e industrial, sino fundamentalmente en una legislación símbolo en materia de transparencia", señaló.

A juicio de Quinteros, una nueva ley de pesca debe partir de la definición esencial en cuanto a que los recursos del mar pertenecen a todos los chilenos. Precisó que las licencias -actualmente de 20 años y renovables sin mayores exigencias- deben ser transables sólo por 10 años, sujetas a licitaciones sucesivas y anuales.

"Hoy se privilegia la estabilidad de los actuales operadores al asignarle en forma directa licencias por 20 años renovables con requisitos básicos, lo que establece un privilegio de difícil justificación sobre recursos que pertenecen a todos los chilenos; minimiza las posibilidades de ingreso al sistema de nuevos operadores y, unido al sistema de royalty vigente, reduce la retribución que recibe el Estado por las capturas".

Añadió que "es imprescindible introducir correcciones que aumenten la competencia; mejoren los ingresos para el sector público y mantengan grados aceptables de estabilidad para los operadores".