La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió, en un fallo unánime, modificar la medida cautelar de arresto domiciliario al ex senador de la UDI Jovino Novoa por la de arraigo nacional y firma quincenal. El ex presidente del gremialismo está formalizado por delitos tributarios e infracción a la Ley de Donaciones entre 2009 y 2014, en el marco del caso Penta SQM y ya había solicitado la revocación de la medida de arresto domiciliario, solicitud que fue rechazada el pasado 30 de julio, por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Novoa se encontraba recluido en su casa desde el pasado 6 de julio, tras la formalización de cargos. La defensa del ex parlamentario de la UDI argumentó que una medida cautelar menos gravosa que la aplicada en primera instancia permitía de igual manera garantizar los fines del procedimiento. El abogado de Novoa, Matías Balmaceda, comentó a Emol que está satisfecho pues primó el "criterio de igualdad y no político". "Como hemos dicho, nuestro representado ha sido tratado de manera desigual y eso, ahora, fue revertido", añadió el defensor. El ex senador ha sido investigado por el envío de boletas desde la empresa Inversiones y Mandatos S.A., de la que es socio, a Banpenta II Ltda. y Penta II Ltda.

El fiscal nacional Sabas Chahuán descartó tener cualquier conflicto con el jefe de la zona Oriente Alberto Ayala, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público por la presunta violación del secreto en el marco de la investigación del caso Penta-SQM.

"Es falso, absoluta, completa, cabal y totalmente falso. Tengo una excelente relación con el fiscal Ayala", afirmó Chahuán ayer, descartando tensiones con el persecutor.

"Trabajo desde que estoy en el Ministerio Público, desde hace más de 12 años con él, no tengo mala relación y obviamente por el trabajo, tengo que hablar con él todos los días y no vamos a hablar de la investigación, porque no está a cargo mía y no corresponde", agregó al respecto.

La Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación contra Ayala por un presunto incumplimiento del artículo 182 del Código Procesal Penal, luego de que un testigo -el ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas- afirmara que un fiscal había alertado al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo sobre la primera querella del SII, que permitía investigar delitos tributarios que habrían ocurrido entre los años 2009 y 2014.

"Lo que salió en los medios es la verdad, hay una alusión por parte de un testigo a que eventualmente habría habido una violación del secreto de investigación por un fiscal y hay que investigarlo", dijo el fiscal nacional ayer, confirmando las versiones que habían trascendido.

"La Ley Orgánica obliga a que si aparecen antecedentes en una causa o haya una denuncia -que no es el caso- de que eventualmente pudiera haber un delito en que pudiera tener alguna participación algún fiscal regional, se debe designar un fiscal para que lo indague", afirmó Chahuán, quien añadió que "la filtración por cualquier persona de los contenidos de una investigación, es un delito, y hay que investigarlo".

El fiscal nacional informó que por eso instruyó al fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, para que se hiciera cargo de la investigación de esta causa.

El persecutor llegó la noche del martes a Santiago, para comenzar con las primeras diligencias, que corresponden al interrogatorio de ex directivos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El primero en declarar ante Guerra será Cristián Vargas, quien habría acusado a Ayala de alertar a Interior de la querella del SII, será interrogado hoy en dependencias de la Fiscalía Nacional, según publicó Emol.

El ex director del SII Michel Jorratt también deberá prestar declaración ante Guerra esta semana.

Por su parte, el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, quien investiga la acusación contra Ayala, respaldó lo dicho por el fiscal nacional Sabas Chahuán, respecto del objetivo de las diligencias que ha comenzado. La investigación "tiene por objeto aclarar ciertos antecedentes que surgieron a partir de la declaración de una persona que se prestó en fecha reciente y ahí se involucra al fiscal regional Alberto Ayala" en delcaraciones citadas por Cooperativa. "Vamos a tomar las declaraciones que tengamos que tomar y hacer las diligencias que la investigación nos demande", agregó el persecutor.

Sergio Bustos Baquedano, ex asesor de la empresa Caval, fue detenido ayer y trasladado hasta el centro de Cumplimiento Penitenciario de San Carlos, luego de que el Ministro Claudio Arias de la Corte de Apelaciones de Chillán dictara el martes un auto procesamiento que lo imputa como responsable de la muerte de un integrante del MIR, Rolando Gastón Angulo Matamala, en abril de 1974.

Por la misma causa también fue detenido Mario César Romero Godoy, que fue trasladado hasta el Regimiento Reforzado N° 9 de Chillán, y quien en esa época se desempeñaba como Fiscal Militar Letrado de Chillán. Él era el encargado de ordenar la detención de personas vinculadas al MIR.

Bustos y Romero fueron los únicos dos imputados que se presentaron voluntariamente ante el ministro Arias, que sometió el martes a proceso a 16 personas, entre civiles y militares, como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado de Rolando Gastón Angulo Matamala, Ogán Esteban Lagos Marín y Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz . Los ilícitos habrían sido cometidos entre el 27 y 28 de abril de 1974, en la región del Biobío.

"Estamos investigando, llevamos ocho tomos en la causa, investigando estos homicidios calificados. Una vez que dicté ayer (martes) el auto de procesamiento ellos tendrán derecho a apelar a esta misma resolución judicial, después vendrán los procedimientos posteriores, pero ya se interrogó y se hicieron los careos pertinentes", explicó el magistrado.

Tras conocer su procesamiento, Bustos negó haber tenido participación en los hechos que se le investigan.

"Yo no tengo nada que ver con esto... aparte de conocer a algunos personajes que están metidos en el tema... si yo soy sancarlino y San Carlos es una ciudad chiquitita, y en ese tiempo tendría unos 40 mil habitantes. Nos conocemos todos", declaró a radio ADN.

La Presidenta Michelle Bachelet defendió ayer que la gratuidad para 2016 beneficie solamente al 50% de los alumnos de la educación superior más vulnerables y las exigencias para la inclusión de las universidades privadas, argumentando que las familias "no pueden esperar".

"Mas allá del proyecto de ley para la educación superior (...) pensamos que ese proyecto de ley va a tomar un cierto tiempo en discutirse y por eso dijimos: los jóvenes y tantas familias no pueden seguir esperando", afirmó ayer la Mandataria durante el lanzamiento del segundo año del programa PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo).

"Vamos a apoyar al 50% más vulnerable de determinadas universidades, con ciertos criterios, porque se trata de gratuidad y calidad", afirmó la Mandataria, defendiendo las exigencia a los planteles privados para recibir el beneficio.

"Vamos a ir progresivamente a partir de 2017 hasta que en un momento lleguemos al 100% de los estudiantes", agregó Bachelet.

Por su parte, el rector de la U. de Santiago y ex vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Juan Manuel Zolezzi, señaló que incluir a las universidades privadas en la gratuidad para el próximo año significó sumar "problemas", argumentando que la medida debió partir por los planteles estatales.

"Desde la primera entrevista que tuve con Eyzaguirre (ex ministro de Educación) como vicepresidente del CRUCh, dije que la gratuidad tenía que partir por las universidades del Estado, si hubiéramos partido por ahí, no habríamos tenido ninguna dificultad y habrían alcanzado los recursos", dijo en entrevista con ADN.

"Abrir el naipe significó sumarse una cantidad importante de problemas y someterse a esta situación compleja que nadie esperaba desde el punto de vista económico", agregó Zolezzi.

Pese a esto, la autoridad universitaria destacó que los planteles que se sumen a la gratuidad deberán cumplir con los criterios fijados por el Estado.