Vicente Pereira Parra

Por operar sin patente, la Municipalidad de Puerto Montt clausuró uno de los denominados "Casinos Populares", ubicado entre las calles Concepción y Antonio Varas , perteneciente a Comercial Ronaldo Ltda, representado por Xiurong Zhou.

Tampoco contaban con la certificación de las máquinas, que permitiesen precisar que corresponden a juegos de destreza y no de azar.

Otro antecedente es que este establecimiento no forma parte del gremio que los agrupa -Fiden- según reconoce el vocero nacional Sebastián Salazar.

Se estima que en toda la comuna funcionan unos 50 recintos de este tipo, los que están en el "ojo municipal" desde hace bastante rato.

El procedimiento de ayer fue realizado por el administrador municipal Carlos Soto y por el jefe de Fiscalización y Cobranzas, Williams Rebolledo.

Para revertir la medida pueden hacer las apelaciones correspondientes, aunque precisa que están sujetos a las normas que establece la Superintendencia de Casinos.

Soto explica que la situación es clara: Si las máquinas son de azar no pueden funcionar, de acuerdo a una indicación de la Superintendencia, para lo cual necesitan una certificación de parte de una universidad o de algún organismo técnico como lo sostiene Salazar.

El vocero de la Fiden puntualiza que este documento puede ser cursado por una entidad que tenga la capacidad para hacerlo, como un laboratorio de ingenieros, universidades o institutos.

Resalta y coincide con Soto respecto a que el contribuyente tiene que dejar en claro que la máquina a utilizar no es de azar, como lo señala la Contraloría General de la República.

El administrador municipal sostuvo que con la clausura el municipio busca poner en práctica el dictamen del alcalde Gervoy Paredes de no permitir el funcionamiento de este tipo de locales, más aún si no tienen la patente.

El no cumplimiento de esta medida podría implicar una multa de 5 UTM.

Otros casos

En la municipalidad hay varios temas que le preocupan de estos lugares, según admite Soto.

De partida se encuentra el tema de la seguridad ciudadana y luego el vínculo contractual que existe con quienes laboran en estos recintos.

Por eso adelantan que realizarán las gestiones en la Dirección del Trabajo de manera de poder realizar en conjunto inspecciones en esta materia.

Más aún -explica Soto- si en algunos casos de han visto extranjeros trabajando en estos lugares.

Sobre este punto, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Gonzalo Reyes, señala que "en términos laborales ellos gozan de los mismos derechos que los trabajadores chilenos, en ese sentido la Dirección del Trabajo fiscaliza aspectos como contrato, jornada y cotizaciones previsionales al igual que en cualquier empresa".

Incluso hay convenios internacionales con países como Colombia donde los empleadores pagan las cotizaciones previsionales de las trabajadoras y trabajadores en su país de origen a través de un sistema on-line similar a previ-red.

La Dirección del Trabajo fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales, pero no tiene competencia en el otorgamiento de los permisos de funcionamiento de locales ni tampoco en el tema de las patentes, eso es responsabilidad de los municipios".

Respecto a los demás locales, Soto precisa que están sujetos a una normativa anterior lo que los hace cumplir con las normas que les permiten funcionar.

Pese a ello el municipio prepara una serie de acciones tendientes a realizar una fuerte fiscalización, ya que "en torno a ellos se desarrollan acciones de carácter delincuencial o generan inseguridad para la gente", aduce Soto. Quienes a cargo del lugar no formularon declaraciones.

Alcalde de Frutillar confirma apoyo a su colega de Llanquihue Juan F. Vásquez

Para el alcalde de Frutillar Ramón Espinoza su colega de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez no es responsable de los cargos que se imputan y por los cuales se encuentra formalizado.

Por eso dijo estar disponible para declarar a su favor en el juicio oral, cuya preparación tuvo lugar el 21 de este mes.

El 14 de agosto el fiscal adjunto de Pto. Varas, Marco Muñoz -investiga el caso de malversación de caudales públicos en la Municipalidad de Llanquihue- procedió al cierre de la investigación e informó que interpuso una acusación contra los imputados Luis Saavedra, ex jefe de finanzas; el alcalde, Juan Fernando Vásquez; el concejal Fernando Acuña y Miguel Urrutia Tobar, ex abogado del municipio.

En el caso del jefe comunal, el Ministerio Público solicita la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, una multa de 15 UTM e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.

Sobre este caso, Ramón Espinoza comentó que el lunes el alcalde Vásquez tomó contacto con él para consultarle si es que estaba disponible o no para dar a conocer el funcionamiento del municipio y las razones por las que ocurren cosas como las que sucedieron en Llanquihue.

A juicio de Espinoza, el tribunal tiene que contar con elementos objetivos que le permitan visualizar cuáles son las dificultades que tiene los municipios, como el de Llanquihue, donde el nivel de control no es el más adecuado producto de las plantas que son bastante reducidas, cosa que no ha sido corregida por ningún gobierno.

Reitera que está disponible, ya que su idea es que se entienda que la lógica de trabajo en los municipios es a veces compleja y no siempre el alcalde es el responsable de cada una de las cosas que ocurren porque hay personal de confianza y que son técnicos.

25 máquinas funcionaban en el local que fue clausurado ayer por el municipio de Puerto Montt.

50 locales de estos juegos funcionan actualmente en Puerto Montt, de acuerdo a datos municipales.