Ley del Lobby: la dispar situación que presentan los municipios
PROVINCIA. Consejo de la Transparencia y la Secretaría General de Gobierno mantienen el programa de capacitación de los dirigentes sociales, ya que -según algunas autoridades- es el segmento al que más le costó sumarse al nuevo modelo.
Transcurridos más de dos meses desde la implementación de la tercera parte de la Ley del Lobby en todo el país, los municipios de esta zona se las siguen arreglando para poder cumplir con lo establecido.
Mientras tanto, desde el Consejo para la Transparencia, como desde la Seremía de Gobierno, mantienen el programa de capacitaciones sobre esta materia a los dirigentes sociales para que comprendan los alcances de este nuevo sistema.
Y es que la principal dificultad -según las autoridades- pasa por el desconocimiento que aún existe en cuanto a este tema.
En el caso de la provincia y según se indica desde el Consejo de la Transparencia, Llanquihue figura sin cumplir con el despacho de información al Consejo, mientras que Frutillar se encuentra en proceso de integrarse.
El no cumplimiento de este requerimiento puede implicar multas de entre 10 a 30 UTM, pero si se constata una omisión inexcusable, algo falso o inexacto, la sanción puede llegar a las 50 UTM.
Todos los demás Municipios han entregado información sobre las reuniones de sus autoridades, tal y como lo exige la Ley 20.730.
Sobre la situación de Llanquihue, el alcalde suplente, Víctor Angulo (DC), sostiene que no han entregado nada, porque "no tenemos nada".
Sucede que -según Angulo- ahora tienen una profesional a cargo de este tema, Erika Oyarzo, quien es la jefa de Control, cargo que "siempre era tomado por más personas".
Oyarzo, de acuerdo a lo indicado por el alcalde suplente, tiene por instrucción de regularizar junto a todo el equipo municipal la información y ponerse al día.
- ¿En qué fase están?
- Están en la búsqueda de la información. Estamos viendo cuál es la deuda flotante de la Municipalidad.
No se pudo determinar por falta de información. Todos los días me llaman para cobrarme deudas. Yo les digo que se acerquen para ver cada uno de los temas.
- ¿Por qué no se entregó la información?
- Estaban preocupados de otras cosas, como los líos judiciales. No puedo dar respuesta por ellos. No tenemos información y hoy estamos trabajando en algo tan básico de toda organización de esta naturaleza, como la confección del organigrama. Es algo básico. Espero comenzar pronto a comenzar a cumplir con lo que la ley establece y nos obliga.
- ¿Cuándo espera tener la información?
- El plazo es corto para que comience el funcionamiento.
- ¿Se contactó con el Consejo de la Transparencia para informarles sobre la situación de Llanquihue?
- Con el informe que ella (Oyarzo) me realice, me contactaré con ellos para explicarles lo que ocurre en Llanquihue.
Mientras que Frutillar se encuentra en una fase tendiente a sumarse a esta ley. Al respecto, el alcalde Ramón Espinoza sostiene que están trabajando para adherirse a esta ley por cuanto se trata de una obligación legal.
En estos momentos están en la fase de actualización de conocimientos de todo lo que significa la plataforma tendiente a subir la información y así poder cumplir con todo lo que la ley señala.
Para Espinoza, se trata de un tema complejo más que para las autoridades y municipios para la comunidad.
Esto, porque lo que hace es "obligar a las personas a tener que llenar formularios que son difíciles poder desarrollarlos".
Espinoza subraya que en su comuna están realizando el esfuerzo tendiente a poder cumplir con lo que la ley les exige.
Pero, más todavía, para que la comunidad comprenda que estas dificultades no responden a un capricho de los municipios, sino que es "algo que los legisladores -en forma muy brillante- aprobaron sin tener consideración que hay limitantes culturales para poder responder a tanto detalle que exige esta ley" para registrar a quienes van a conversar con el alcalde.
En todo caso, Frutillar cuenta con otro sistema que les permite llevar un registro de todo lo que corresponde a las actividades municipales, a las audiencias del alcalde de manera de conseguir una mayor eficiencia y poder realizar un seguimiento.
La implementación de este método implicó una inversión de unos 50 millones de pesos, pero que seguirá siendo utilizado de forma paralela una vez que se sumen a la ley.
Para Espinoza, es importante poder mantenerlo ya que les ayuda en un mejor desarrollo de la gestión municipal.
Los demás municipios, según el Consejo de la Transparencia, presentaron información al portal.
Un caso es el de Puerto Varas, cuyo municipio se encuentra adherido a la página de Transparencia municipal.
Álvaro Berger, alcalde de la ciudad lacustre, explica que están conectados a la plataforma de la Ley del Lobby.
Berger comenta que su agenda funciona acorde a lo estipulado en esta ley desde el momento en que comenzó a funcionar.
Si bien reconoce que pueden estar atrasados en algunos temas, sostiene que están bajo el amparo absoluto de esta ley.
Berger cuenta que en su agenda registra -incluso- actividades que no está obligado a informar. "Si tengo una invitación a una cena igual se sube a la plataforma. Asado o cumpleaños al cual me invitan también lo coloco", revela.
Emilio González de Los Muermos sostiene que como municipio están cumpliendo con todo: "Ha costado que las organizaciones puedan ceñirse a esta nueva ley; pero de a poco los estamos capacitando para que puedan entender el procedimiento".
En el caso del empresariado -agrega- no han tenido problemas y le han solicitado todas las audiencias a través de la página desde el momento que comenzó a operar el sistema.
Tercera fase
Desde el 28 de agosto, la Ley del Lobby comenzó a operar de forma obligatoria para las autoridades locales, como los municipios. En lo que correspondió a la tercera y última etapa de puesta en vigencia.
Sin embargo, comenzó a operar el 28 de noviembre del año pasado para las autoridades del nivel central. En el caso de las autoridades regionales, como intendentes y gobernadores, comenzó a regir el 28 de abril de este año.
Francisco Reyes, seremi de Gobierno, cuenta que esta ley busca dar un paso sustantivo en transparencia y probidad.
Tiene por objetivo, según Reyes, acercar el Estado a los ciudadanos de manera de poder dotarlo de más rendiciones de cuentas de la acción estatal. "El objetivo es construir una democracia moderna, con la puesta en marcha de herramientas que permitan reforzar la confianza", enfatizó.
- ¿Ustedes están capacitando a los dirigentes en este tema, por cuanto hay autoridades que reconocen que a ellos les ha costado?
- Desde que comenzó a regir, se han realizado capacitaciones en las provincias de Llanquihue y de Osorno, y la próxima semana lo haremos en Castro.
20.730 es la ley que nació con el objetivo de avanzar en materias de transparencia y probidad a nivel nacional. Debe ser cumplida por todas las autoridades.
28 de agosto comenzó a regir para todas las autoridades locales del país. Antes, la exigencia apuntaba a las autoridades nacionales y regionales.
50 UTM puede ser una multa que deba cancelar algún municipio por el no cumplimiento de la Ley del Lobby. Autoridades capacitan a dirigentes sociales.