Enrique Osorio Guerrero

El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, dijo que es necesaria y urgente una revisión completa a la forma como ha funcionado la Ley 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, para comprobar si las sanciones que se han aplicado han logrado cumplir los objetivos de la normativa, y socializar a los jóvenes infractores.

"Es necesario revisar varias instituciones, normas y disposiciones de esta ley. Sin duda es importante el interés por el menor, pero hay que buscar un mayor equilibrio con el interés social que el Estado responda frente a la comisión del delito", explicó Emilfork.

El jefe de los persecutores en la región habló con El Llanquihue, a propósito de los datos que se desprenden del boletín estadístico, periodo enero-septiembre de 2015, donde se da cuenta del ingreso de 1.522 causas de menores infractores de ley, a los tribunales de justicia por diferentes delitos.

De estos hechos, 52 jóvenes han quedado en internación provisoria en un centro del Servicio Nacional de Menores, lo que equivale al 3,4% del total. Por ejemplo, el pasado martes la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó en prisión a un joven infractor, que en diciembre de 2014 habría violado y asaltado a una mujer en el sector Valle Volcanes de la capital regional.

El informe también señala que del total de delitos de mayor connotación social, como homicidios, Los Lagos iguala la media nacional (0,33%); en crímenes sexuales supera la media nacional en un 0,5%, y los delitos de robos no violentos también superaron la media nacional (1,28%)

Actualmente el centro de régimen cerrado del Sename de Puerto Montt tiene a 11 menores de edad cumpliendo alguna condena, sin embargo, hay otros 200 en diferentes situaciones. En el centro semicerrado (23), programa de libertad asistida (63) y libertad asistida especial (124), según informó la institución.

El seremi de Justicia, Mario Madrid, reconoció que existen críticas al funcionamiento de la Ley 20.084, en estos ya más de siete años de aplicación.

Esta norma cambió el foco, por ejemplo, desde un derecho penal de adultos a uno especial para adolescentes, bajando la imputabilidad de los jóvenes a los 14 años. "Socialmente, es una necesidad analizar el fondo de este tema y posibilitar la modificación de la ley en estas materias", dijo.

El jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública, Gustavo Peñailillo dijo que "en nuestro país no hay un verdadero y genuino interés por los niños y adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. Por lo pronto, no se advierten políticas generales comprometidas con la temprana formación de ciudadanos respetuosos del Derecho y de una convivencia social basada en valores de justicia y exclusión de la violencia". El abogado afirmó que los adolescentes deben ser imputados en el sistema de justicia penal para que, recién entonces, surja la preocupación por la educación y reinserción de esos menores de edad.

"La experiencia ha demostrado que el régimen de castigos no es eficaz para lograr la reinserción social de los precoces infractores de la ley penal y, por el contrario, el encierro y la masiva privación de libertad a la que se somete a los niños y adolescentes que infringen la ley sólo profundiza la criminalización", sostuvo.

Reinserción

La directora regional del Sename, Pamela Soto, dijo que en todo el país hay rutinas y procesos de intervención que buscan la reinserción social de los jóvenes infractores de ley, "proceso que no es sencillo, en especial cuando como sociedad creemos o tenemos por aceptado que los adolescentes infractores son responsabilidad de un servicio público y no del Estado y la sociedad en su conjunto".

La jefa regional dijo que un paso importante para mejorar los índices de éxito en la reinserción será contar con un nuevo centro cerrado para Puerto Montt, "proyecto que estamos socializando con la comunidad y que está muy avanzado en su evaluación para el próximo inicio de la licitación de obras".

"Estamos haciendo todos los esfuerzos por lograr que estos jóvenes y adolescentes cuenten con las oportunidades que la actual normativa les garantiza y que las aprovechen", puntualizó.

El antropólogo y docente de la Universidad Santo Tomás, Daniel Rosales, señaló que en estricto rigor los menores de edad infractores de ley son niños, por tanto, existe la idea del "interés superior del niño" que debe ser integrado por su familia - o en ausencia- por el Estado chileno. El profesional afirmó que la rehabilitación, la resocialización, la adecuación a la sociedad mayoritaria; es compleja en los menores infractores de ley. La cultura delincuencial que poseen algunos jóvenes muchas veces otorga mejores posibilidades de "hacer una carrera" que las entregadas por el Estado.