La superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, puso su cargo a disposición de la Presidenta Michelle Bachelet, en medio de la polémica desatada por la aprobación de la fusión de AFP Cuprum y Argentum por parte del grupo estadounidense Principal, proceso que fue impugnado por la Contraloría.
El miércoles pasado, la Contraloría General de la República emitió un dictamen precisando una serie de irregularidades e ilegalidades en el proceso de la constitución de la AFP Argentum y de su posterior fusión con la AFP Cuprum, respondiendo al oficio de fiscalización solicitado por los diputados DC Fuad Chahin y Patricio Vallespín.
Según la entidad fiscalizadora, la fusión no sería admisible ya que ésta supone la existencia de dos o más sociedades, cuando solo existía válidamente AFP Cuprum y no AFP Argentum.
Luego, la Superintendencia de Pensiones defendió su posición afirmando que el organismo contralor "no declara ilegal la operación", sino que "solo emite una opinión interpretativa sobre el concepto de conveniencia de constituir una AFP y sobre la condición suspensiva de la constitución de Argentum como AFP, que la superintendencia no comparte, por lo que hará uso de su derecho de presentar un recurso de reposición administrativa en los próximos días".
La vocera (S) de Gobierno, ministra Javiera Blanco, informó ayer que la Presidenta Bachelet tomará una decisión sobre la continuidad de Agnic una vez que conozca los detalles del dictamen de la Contraloría.
"Lo importante es decir que este dictamen hay que analizarlo, estamos en ese proceso, y después de haberlo analizado habrá que hacer una evaluación y se tomarán decisiones que en su minuto se darán a conocer", sostuvo la secretaria de Estado.
"Por ahora no voy a adelantar ninguna otra situación, porque en eso estamos, estamos analizando la situación", dijo Blanco, ante las consultas sobre la eventual salida de Agnic tras el informe del ente fiscalizador.
La ministra subrayó que en el Ejecutivo aún hay algunas dudas sobre el contenido del fallo.
Mientras, el diputado Chahin consideró que la decisión de Agnic de poner su cargo a disposición "era una consecuencia lógica, natural y evidente" tras el informe de la Contraloría.
"Me parece que esto era insostenible, porque no se puede tener un fiscalizador o un regulador preocupado de gestionar beneficios tributarios para las empresas y no para defender el interés de los afiliados", dijo el parlamentario a Emol.
El legislador aseguró que, pese a la determinación de la funcionaria, continuará con las acciones judiciales emprendidas y la posibilidad de anular esta fusión. "Hay que defender también el interés fiscal, hay US$ 500 millones en juego, (por lo que) nosotros creemos que estas operaciones tienen que anularse porque se realizaron al margen de la ley", declaró.
$ 80 mil millones asciende el beneficio tributario (goodwill) que habría obtenido Principal con la operación de fusión.
16 de diciembre
pasado la Contraloría emitió un informe en que impugnó la fusión.
