Por su parte, el diputado socialista Osvaldo Andrade se sumó a las críticas de Insulza, que milita en su partido. "Yo tengo diferencias. Me parece que extrapolar conductas que fueron pasadas respecto a conductas que hoy día merecen al menos una explicación es un abuso de su parte", dijo a radio ADN. Pese a esto destacó que "José Miguel Insulza no tiene ninguna inhibición ni veto para que pueda opinar de la política".
Los parlamentarios oficialistas Jorge Tarud (PPD) y Osvaldo Andrade (PS) criticaron ayer las declaraciones del agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda boliviana, José Miguel Insulza, quien el viernes defendió al es senador de la UDI, Pablo Longueira.
"El agente de Chile en La Haya ha sobrepasado todos los límites", con esas palabras Tarud, quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, mostró su preocupación por los dichos de Insulza.
El parlamentario manifestó que en su opinión, el agente ha traspasado los límites del cargo que le asignó el Gobierno en la defensa del país ante La Haya. ''Él se comprometió con la Presidenta Michelle Bachelet para la dedicación exclusiva al cargo de agente de La Haya y no está cumpliendo con su palabra. Lo vemos permanentemente en acciones tipo político, pero lo que rebalsa el vaso son sus declaraciones del día de ayer'', afirmó.
El diputado asimismo señaló que las declaraciones de Insulza podrían dañar la imagen del país y realizó un llamado a la Presidenta para que le exija a Insulza que no intervenga en asuntos relativos a la política interna.
''Hago un llamado respetuoso a la Presidenta para que le llame severamente la atención al agente Insulza. Él no puede continuar con este tipo de intervenciones que pueden dañar la imagen país y que podría eventualmente dañarnos frente a los jueces de la corte con este tipo de declaraciones', sostuvo Tarud.
El parlamentario enfatizó su crítica y señaló que ''después de haber transmitido nuestra preocupación a Michelle Bachelet, Insulza no ha cambiado nada sino que al contrario, él insiste en intervenir como agente de Chile en temas netamente de política contingente''.
En entrevista con La Segunda, Insulza calificó a Longueira como "un hombre de Estado''y justificó que el ex ministro del ex Presidente Sebastián Piñera intercambiara información con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. "Cuando uno trabaja en el Gobierno entra en contacto con gente muy distinta e intercambia información de manera muy diversa y, por lo tanto, se tiene que probar qué es lo que fue impropio de esas conversaciones. A mi juicio eso no se ha hecho", dijo.
Los abogados querellantes del caso SQM, Mauricio Daza y Matías Ramírez, criticaron duramente ayer al fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, quien encabeza la investigación, luego de que éste último descartara penas de cárcel para los acusados, entre ellos varios parlamentarios.
En una entrevista publicada ayer por El Mercurio, al ser consultado respecto de si habría penas de cárcel para los investigados, el fiscal Gómez respondió: "No, pena efectiva no, porque la pena efectiva en Chile está para aquellos delitos que tienen una pena superior a cinco años y un día, y en el caso de los delitos que nosotros estamos imputando -en la mayoría de los casos por el (artículo) 97 número 4 del Código Tributario- en ningún caso llegan a ese rango".
Gómez añadió que por la reiteración de los delitos podría ser posible alcanzar penas superiores a los cinco años y un día, sin embargo, aclaró que además cabe considerar las circunstancias atenuantes, como la irreprochable conducta anterior o la colaboración sustancial. El fiscal remarcó que esto es por efecto de la ley y no por la intención de los persecutores de bajar las penas, por lo que en algunos casos se terminaría en suspensiones y en otros en procedimientos abreviados.
El abogado Mauricio Daza, que representa a la fundación Ciudadano Inteligente, acusó al persecutor de haber cambiado la estrategia que había implementado en la investigación el fiscal Emiliano Arias, quien el pasado 3 de febrero abandonó el equipo que lidera las indagaciones.
"Va en contra del criterio que sostuvo el Ministerio Público, cuando estaba a cargo de la investigación el fiscal Arias, respecto de las expectativas de pena en el contexto de la discusión de las medidas cautelares que se pidieron para los ya formalizados", dijo el profesional en conversación con CNN Chile.
Daza, asimismo, criticó que Gómez pueda aseverar en este punto de la investigación que no se aplicarán penas de cárcel. "El Ministerio Público sostuvo que podían existir penas efectivas. Por lo tanto, este cambio de criterio nos parece inadecuado e impresentable, porque la investigación todavía está pendiente y le queda bastante de desarrollo", sostuvo.
En la misma dirección apuntaron las críticas del abogado Matías Ramírez, quien afirmó que el caso SQM aún se encuentra en pleno desarrollo, por lo que todavía sería posible encontrar nuevos delitos que imputar a los involucrados.
"No compartimos estas declaraciones de determinar a priori que no existirán penas efectivas de cárcel, toda vez que recién se están realizando las primeras formalizaciones en la arista Soquimich, y de eso dependerá las penas que arriesgan estas personas", dijo el jurista al mismo medio citado.
Ramírez advirtió que dependiendo de los hallazgos que resulten de la investigación "van a poder subir el rango de penas a las cuales estarán afectas estos imputados".
En la entrevista mencionada el fiscal Gómez además aseguró que sin la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presente querellas, igualmente el Ministerio Público podrá formalizar en algunos casos. "Sin querellas del SII, igual vamos a poder formalizar en algunos casos. Una de las acciones que tiene el Ministerio Público en forma exclusiva es la formalización", dijo, argumentando que los fiscales están facultados para poder hacer eso.
Pese a lo anterior, el persecutor a cargo del caso SQM hizo un llamado al organismo fiscalizador a pronunciarse. Gómez afirmó que ha sostenido reuniones con el SII y que el ente se comprometió "en un corto plazo" a "pronunciarse".
"Nosotros lo que necesitamos, a lo menos, es un pronunciamiento, que digan si van a ejercer o no la acción penal", sentenció Gómez.
SQM entregó al Ministerio Público 3,5 millones de correos electrónicos que fueron intercambiados entre funcionarios y altos ejecutivos de la minera, según publicó ayer La Tercera. Esto podría provocar que se encuentren nuevos delitos relacionados con el financiamiento irregular de la política. La compañía accedió a entregar los correos en un oficio enviado el 22 de diciembre. Los datos sirvieron para que el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling hiciera un informe sobre controles internos, pagos cuestionados y evaluación de riesgos de soborno.