El diputado Osvaldo Andrade (PS) asumió ayer la presidencia de la Cámara de Diputados, en reemplazo de su par del PPD Marco Antonio Núñez, con un discurso en que pidió terminar con los privilegios y un nuevo trato entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Andrade manifestó que "urge un nuevo trato entre el Ejecutivo y el Parlamento, el que debe ser iniciado con una disposición a considerar y relevar el rol de esta Cámara de Diputados. En este sentido, todo lo que ayude a una mejor coordinación, tanto en las etapas legislativas como en el trabajo pre legislativo, será un progreso". Para el ex ministro del Trabajo, el año parlamentario no tiene por qué concentrarse en el último mes en el último de la legislatura, en una crítica al denominado "frenesí" legislativo.

"Tiene que quedar completamente nítido que la legislatura dura 11 meses y no solamente concentrarnos en el último mes, lo que implica legislar bastante apurados y a veces no de la mejor manera", sostuvo.

Andrade llamó a los parlamentarios a "pasar del discurso de crisis a una actitud decidida para enfrentarla y superarla. Dignificar la labor parlamentaria se torna en tarea prioritaria, pero ello pasa por tener conductas más transparentes y sin privilegios vacuos, a estas alturas, inaceptables por la inmensa mayoría de la ciudadanía".

Según el parlamentario - que estará acompañado en la mesa por sus pares del PR y de la DC Marcos Espinoza y Gabriel Silber- "llegó el momento de asumir que hemos cometidos errores y que ello ha contribuido a debilitar la credibilidad en nuestra institución".

Consultado por el aumento de 35 diputados por el nuevo sistema electoral, Andrade explicó que "habrá que poner lucas" además de reasignaciones presupuestarias.

La bancada del Partido Socialista le pidió ayer al Gobierno que postergue la votación en Sala de la reforma laboral, programada para hoy, para tratar de llegar a una postura común en la Nueva Mayoría. El bloque oficialista mantiene fisuras en temas como la indicación sobre las adecuaciones necesarias, por lo que los diputados del PS se reunieron con los ministros de Trabajo, Ximena Rincón, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, para realizar la petición. El jefe de bancada, Juan Luis Castro, explicó que existen votos en la DC y en Chile Vamos para apoyar la propuesta.

Luego de las fuertes críticas de todo el espectro político a Marco Enríquez-Ominami por el uso de un jet privado durante su campaña presidencial de 2013, el Partido Progresista confirmó que llevará candidatos a alcalde en las 50 comunas más grandes del país y 2 mil 500 candidatos a concejales en todo Chile.

A través de un comunicado, que surge luego de que se desechara cualquier posibilidad de que la Nueva Mayoría arribara a un pacto electoral con esa colectividad, el PRO adelantó que competirá por las alcaldías de Maipú, Santiago, Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Concepción, Temuco, Arica, Calama, Tocopilla, Pozo Almonte, Tierra Amarilla, Isla de Pascua, Cerro Navia, Recoleta, La Granja, Valparaíso, San Bernardo, Melipilla, Puerto Montt, Coquimbo, Iquique, Talca, Curicó, Galvarino, Valdivia y Punta Arenas "y en todas las comunas donde seamos capaces de levantar candidaturas progresistas".

La definición del PRO se hizo pública después de que el ex candidato reconociera "desprolijidades" en su declaración de campaña, por no detallar el monto que significó para su comando el uso de un jet privado para trasladarse por el país en la campaña presidencial de 2013.

En entrevista con radio Agricultura, Enríquez-Ominami señaló que "ese avión pertenece a una estrategia publicitaria para su campaña y que fue "la pieza publicitaria principal de nuestra campaña".

El PRO informó que a fines de abril presentará el listado definitivo de candidaturas.

El texto menciona que entre los posibles candidatos figuran Marisela Santibáñez, Iván Mlynarz, Jaime Parada, Oriele Núñez, Patricia Morales, Rolando Jiménez, Gustavo Becerra y Camilo Lagos.

El PRO es un partido con presencia nacional y cuenta con siete alcaldías y cerca de 50 concejales.

El Ministerio de Bienes Nacional denunció que la Plaza de Armas de Paine (Región Metropolitana) pertenece a la Fundación CEMA Chile, presidida por Lucía Hiriart, la viuda del fallecido general Augusto Pinochet. La situación se remonta a una transferencia supuestamente gratuitamente a la institución en 1986, para que la utilizara "para el cumplimiento de sus fines propios". Mientras el alcalde de la comuna Diego Vergara (RN) señaló que la municipalidad no pagará más de la tasación fiscal ($ 130 millones), CEMA Chile afirma que no espera menos de $ 210 millones.

Mauricio Mondaca

El ex Presidente Sebastián Piñera declaró ayer como testigo en la investigación por presunto cohecho del ex senador UDI Pablo Longueira durante la tramitación de la Ley de Royalty minero por parte de la minera SQM.

El ex Mandatario fue interrogado en calidad de testigo por funcionarios del Ministerio Público que llegaron a su domicilio, ubicado en la calle La Viña de la comuna de Las Condes (Región Metropolitana).

La diligencia se desarrolló entre las 8.30 y las 10.45 horas y, según dijo el ex Mandatario a través de una declaración pública, "tomé contacto formal con el Fiscal Regional a cargo de esta investigación, Sr. Pablo Gómez, para ofrecer voluntariamente mi colaboración, la que fue favorablemente acogida y se materializó esta mañana (ayer) en mi residencia particular".

Piñera afirmó que tomó esta opción ya que en los próximos días viajará a España para cumplir con "compromisos académicos y de participación en conferencias, asumidos con mucha anterioridad".

El fiscal de la investigación del caso SQM, Pablo Gómez, dijo recientemente que Pablo Longueira es indagado por eventual cohecho, luego de la revelación del sitio Ciper que difundió correos electrónicos entre el ex senador y ex ministro y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, durante la tramitación de la Ley de Royalty, que buscaba allegar recursos para financiar la reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010.

Luego de que se conociera que la redacción de un artículo de la norma salió casi idéntica a lo sugerido por el ex ejecutivo de la minera no metálica, Piñera defendió la calidad y necesidad de la ley, que fue aprobada al inicio de su Gobierno.

Defensa de la ley

Piñera reiteró en su declaración pública su "profunda convicción de que la Ley del Royalty era urgente y necesaria". Añadió que "los fundamentos de la Ley de Royalty presentada por nuestro Gobierno el año 2010, se basaban en la necesidad de incrementar significativamente la recaudación fiscal, a través de un importante aumento en el impuesto específico a la gran minería, tanto nacional como extranjera, metálica y no metálica, con el propósito de contribuir".

Desde la oposición resaltaron la diligencia. "El ex Presidente Piñera se contactó personalmente con la Fiscalía y pidió él declarar como testigo para aportar todos los antecedentes que tiene y defender una ley que fue buena para Chile", dijo el diputado Nicolás Monckeberg (RN). Su par de la UDI, Felipe Ward, agregó que "el que se haya mostrado disponible para declarar habla bien de él y las instituciones".

El diputado Fidel Espinoza (PS) comentó que "sería bueno que Piñera dé la cara por los numerosos cuestionamientos a gente de su gabinete".

"(La ley) significó un importante esfuerzo y aporte adicional de la gran minería, en beneficio de todos los chilenos".

Sebastián Piñera, Ex Presidente

"Es muy bueno que Chile se acostumbre a tener liderazgos que den la cara, que tomen la iniciativa".

Nicolás Monckeberg, Diputado de RN