Una nueva arista en el caso de las abultadas jubilaciones en Gendarmería, dio a conocer la diputada puertomontina Marisol Turres, quien denunció el uso irregular de asignaciones de zona para incrementar las pensiones.

"En junio de este año, durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, que abordó el paro nacional de Gendarmería, solicité a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que me aclarara la situación de cuatro funcionarios uniformados que presentaban situaciones anómalas. Esto incluso fue antes que explotara la crisis por la abultada jubilación de la señora Olate, esposa del diputado Andrade", recordó.

Al no recibir respuesta, la parlamentaria volvió a la carga, esta vez durante la hora de incidentes de la Cámara de Diputados, donde expuso la situación del tres dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), que recibirían ingresos como si se desempeñaran en puntos alejados del país, pero que laboran en Santiago.

De acuerdo a lo expuesto por la diputada de la UDI, se trata de Óscar Benavides Millapán, quien figura en la dotación del Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Valle Verde de Coyhaique; Patricio Baquedano Morales, del Complejo Penitenciario de Arica, y Juan Carlos Orellana Reyes, de la dotación del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.

"Estos tres funcionarios figuraban destinados en unidades de zonas extremas, percibiendo la asignación de todas; sin embargo, todos se desempeñarían en Santiago", aseguró Marisol Turres.

"Jubilazo" de dirigente

Pero los dardos de la gremialista en contra de la plana mayor de la Anfup fue más allá, y denunció un verdadero "jubilazo" del presidente del gremio.

Se trata del suboficial mayor Pedro Hernández, quien fue ascendido desde el Grado 9 al Grado 4 poco antes de pasar a retiro.

"Mientras el suboficial Hernández subió cinco grados de una sola vez, percibiendo la jubilación correspondiente a un oficial de alto grado, hay miles de gendarmes que pasan más de una década esperando un ascenso. Esto demuestra la desprolijdad del sistema de remuneraciones y de asignación de cargos y grados, que con el tiempo fue derivando en un sistema de aprovechamiento y pago de favores políticos con los recursos de una institución que vive en crisis", dijo Turres.

A nivel local, José Muñoz, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), otro de los gremios de la institución explicó que los más de 22 mil funcionarios de gendarmería se agrupan en 10 gremios: la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) cuya directiva esta cuestionada, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) y los civiles que se agrupan en la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen).

"Nos parece inaceptable que un servicio tan relevante para la seguridad publica, como es Gendarmería, esté altamente politazada y sea el lugar donde envían a los operadores políticos a inflar sus billeteras", dijo Muñoz.

El Llanquihue intentó -sin éxito- conocer la opinión del presidente regional de Anfup, Marcos Aburto sobre los dichos de Turres.