La Insuficiencia Renal Crónica Terminal fue incluida como uno de los primeros problemas en el AUge. El total de gasto proyectado que el Seguro Público pagará por atenciones de diálisis en el sector público y privado para 2017, alcanza los $172 mil 490 millones de pesos. De ellos, más de $147 mil millones son pagados a centros privados de Diálisis. Otros 25 mil millones van al sector público.
Fonasa presentó una denuncia por presunta colusión ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de los centros de diálisis que resulten responsables a nivel nacional.
La decisión fue anunciada ayer por la directora nacional del fondo estatal, Jeanette Vega, a raíz de la impugnación al proceso de licitación que lleva adelante Fonasa para proveer de este servicio, la que fue presentada por cuatro centros de diálisis privados que recurrieron al Tribunal de Compras Públicas.
Esa impugnación es vista por Fonasa como un intento de presionar para que el seguro estatal establezca condiciones contractuales ajustadas a la medida de los demandantes.
La clínica de diálisis que encabeza la impugnación es el Centro de Especialidades Médicas y Diálisis Puerto Varas Limitada, del empresario Romualdo Rivera.
Las empresas de diálisis están cuestionando, básicamente, tres aspectos de la licitación. Por una parte, el régimen general de multas en caso de incumplimientos; por otro, el que se establezca una cláusula de responsabilidad en caso que el paciente sufra complicaciones atribuibles a la empresa privad; y, por último, el puntaje que otorga a los centros que oferten el traslado sin costo de sus pacientes.
En cuanto a la denuncia presentada por Fonasa, su directora, Jeanette Vega, se mostró preocupada por el eventual perjuicio que este tipo de maniobras puede causarle a usuarios con insuficiencia renal crónica terminal.
"Esta administración no aceptará una impugnación que tiene la finalidad de favorecer económicamente a estos centros a expensas de la salud de nuestros pacientes", recalcó.
La directora advirtió que "la legalidad de las bases no es negociable, ya que nuestro rol es asegurar que los afiliados tengan acceso a salud de calidad y esto los afecta, porque los Centros, aprovechando una posición de negociación dominante, no quieren asumir la responsabilidad por las complicaciones que puedan presentar los pacientes durante su tratamiento. Tampoco aceptan que frente al reclamo de un paciente ante Fonasa, el Seguro Público los pueda fiscalizar y aplicar las multas que correspondan".
Esta no es la primera oportunidad en que ocurre una situación similar.
A la fecha se han efectuado dos licitaciones en 2008 y 2012 y la correspondiente a 2017.
En ambos casos anteriores, recordaron en Fonasa, algunos centros de diálisis interpusieron impugnaciones ante el Tribunal de Contratación Pública, con el objeto de suspender el proceso licitatorio presionando para obtener acuerdos extra judiciales, que eliminaran o incorporaran cláusulas de la licitación en su directo beneficio, a expensas de la calidad de los servicios a los pacientes.
Fonasa considera que para la actual licitación, 53 centros de diálisis nuevamente estarían utilizando esta estrategia.
Esto quedaría demostrado, a juicio del seguro estatal, en una carta enviada a Fonasa y Chilecompra en que piden "discutir directamente la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio que permita proseguir la licitación de un modo satisfactorio para las partes".