Constitucionalidad "amenazada"
CRISIS. La consulta, fijada para el 16 de julio, preguntará
Apelando a una opción que contempla la Constitución del país, la oposición venezolana anunció ayer la convocatoria de un referéndum para el próximo 16 de julio, para poner freno a las elecciones de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que el Gobierno de Nicolás Maduro fijó para el 30 de julio.
En el plebiscito impulsado por los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y sectores críticos del chavismo, se le preguntará a los ciudadanos si rechazan o aprueban el proceso constituyente activado por el Gobierno.
Así lo anunció ayer el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges. "Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres", dijo el líder de la Asamblea Nacional (AN).
Tres consultas
En un acto acompañado por los principales dirigentes de la oposición, Borges anunció que solicitará a la Cámara que preside que ponga en marcha el "proceso de consulta" y apeló para ello al artículo 71 de la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional para convocar a un referendo sobre "materias de especial trascendencia nacional".
El líder opositor se amparó también en el artículo 350, que enuncia el derecho del pueblo a dejar de reconocer al Gobierno que "contraríe" los principios y garantías democráticas.
El plebiscito versará sobre otras dos cuestiones. Incluirá una segunda pregunta sobre el papel que el pueblo demanda a los funcionarios y a las fuerzas armadas a la hora de "restituir el hilo constitucional", que para la oposición ha roto el Gobierno. Y una tercera pregunta para preguntar a los ciudadanos si apoyan la renovación de los poderes públicos que actúan "al margen de la Constitución". Aunque para activar la consulta ésta primero debe ser solicitada a la Cámara, que es el organismo que debe convocarla, los detalles logísticos aún están por definir.
Borges calificó la puesta en marcha del mecanismo que llevará a realizar esta consulta de "proceso democrático de retomar la Constitución" y denunció que la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno es un intento de "convertir en algo permanente e irreversible" las "violaciones de derechos humanos" en Venezuela.
Los venezolanos están llamados a las urnas el próximo 30 de julio para elegir a la nueva Asamblea Nacional Constituyente, que integrarán quienes deberán redactar la nueva Carta Magna, una jornada electoral que la oposición ya ha anunciado que boicoteará.
El Presidente Nicolás Maduro, por su parte, ya ha adelantado que las fuerzas del orden detendrán a quienes saboteen la votación. El anuncio del referéndum opositor llega cuando se cumplen tres meses del recrudecimiento de las protestas luego de que a fines de marzo el Tribunal Supremo de Justicia, dejara sin competencias al Parlamento. Hasta ahora, la oleada de movilizaciones ha dejado 85 muertos y más de mil heridos, según Fiscalía.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llamó ayer a los ciudadanos a cumplir con el deber de restablecer pacíficamente la constitucionalidad del país "amenazada", a su juicio, por las instituciones al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro. La titular del Ministerio Público citó el artículo 333 de la Constitución venezolana que "contempla que los ciudadanos y ciudadanas investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar" con el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Carta Magna.