El comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, insistió ayer en descartar la existencia de una posible relación entre los pagos realizados por la empresa SQM a cuatro proveedores de su campaña presidencial de 2009.

El jefe programático del ex Mandatario, Gonzalo Blumel, sostuvo ayer en radio Cooperativa que "(en) lo de Ciper hay que poner una nota al pie. Es distinto, porque lo que ahí se menciona son coincidencias entre proveedores y gente que aparece con pagos objetados, pero no hay ninguna investigación ni son sujetos de ella".

La versión

El sitio informativo publicó una nota esta semana en que afirma que cuatro proveedores de la anterior campaña presidencial de Piñera emitieron boletas por $ 103 milones a SQM, las que la minera no metálica rectificó.

Sin embargo, Blumel pidió esperar la investigación en relación al caso de la productora Pandemia, que emitió una boleta por casi poco más de $ 4 millones a SQM por eventos de esa campaña.

"Respecto del otro caso (Pandemia), lo que esperaría es que la Fiscalía en general pueda actuar con la máxima celeridad, transparencia, porque quienes más tenemos interés en que estos temas se resuelvan y se despejen somos quienes formamos parte de la campaña", argumentó.

Blumel añadió que "son temas muy antiguos, que ya tienen ocho años, y la confianza es que esto se va a despejar como tantos otros temas".

Por su parte, el abogado Ángel Valencia, defensor de la periodista María Inés Alliende, representante de la productora, comentó que "la señora Alliende no ha cometido ningún delito y los hechos que se le atribuyen eventualmente estarían prescritos, en el caso de que fueran delito".

"Vamos a seguir colaborando con la Fiscalía y solicitamos que la Fiscalía reciba su declaración complementaria para aclarar algunos puntos de lo que ella prestó", destacó.

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, manifestó ayer críticas ante este tema y enfatizó que "hay un tema de financiamiento de la política donde yo espero que se den las respuestas. Decir que prescribió me parece que no es la forma de enfrentarlo". Para la senadora por Magallanes, "hay un tema legal, pero también hay un tema ético y los temas éticos no prescriben, sobre todo cuando uno aspira a representar a todos los chilenos".

Para el 10 de octubre quedó fijada la reanudación de la audiencia de preparación del juicio oral en contra de los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol Galindo y el lonco Alfredo Tralcal por el ataque a una iglesia ubicada en Niágara (La Araucanía). Los imputados permanecen en una huelga de hambre hace 113 días en la Cárcel de Temuco.

El lonco Tralcal sufrió ayer una descompensación y fue trasladado hasta el Hospital "Dr. Hernán Henríquez Aravena" de Temuco.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Garantía de Temuco y en representación del Ministerio Público asistió el fiscal César Schibar, debido a que el fiscal titular, Luis Torres, está abocado al juicio oral por la instalación de una bomba en la cárcel. De parte de los querellantes, estuvieron representando a la Intendencia de La Araucanía los abogados Luis Correa y Reinaldo Osorio.

El formato

En la cita se dio inicio a la presentación de las pruebas que usará la Fiscalía y la defensa en el proceso en contra de los imputados por el ataque al recinto religioso, perpetrado en junio de 2016.

El lonko Alfredo Tralcal y los otros tres comuneros exhibieron un delicado estado de salud y arribaron a la sala en silla de ruedas, a raíz de la huelga de hambre que encabezan con exigencias de "juicio justo", la no invocación de la Ley Antiterrorista, la identificación de testigos protegidos y el fin de la prisión preventiva.

La suspensión

La jornada debió suspenderse por detalles técnicos, luego de un debate respecto de la forma de dar comienzo al juicio oral en el Tribunal. Las defensas presentaron una serie de incidentes de cautelas de garantías que el juez acogió para fijar una nueva audiencia para el 10 de octubre.

Durante la audiencia, el juez Nicolás Martínez determinó que la declaración de siete de los 12 testigos protegidos serán individualizadas, al menos, con sus iniciales. También se solicitará la entrega de informes que -de acuerdo a la defensa- no estaban en la carpeta investigativa, relativos al tráfico de llamadas, informes de peritos forenses y discos con registros de llamadas e informes de distintas pericias.

"Hemos solicitado ante este tribunal que se den a conocer las identidades de las personas que aparecen bajo reserva de identidad", dijo el abogado Juan Pablo Alday, de la Defensoría Penal Mapuche, citado por Soytemuco.cl.

No retiran la ley

Al finalizar la audiencia, el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa, rechazó la posibilidad de dejar sin efecto la invocación de la Ley Antiterrorista por este hecho. "No vamos a levantar la querella, no vamos a hacer una recalificación", comentó.

"No hay ninguna posibilidad procesal de retirar la querella. En este caso se cumplen todos los presupuestos materiales. Este es un caso de delito terrorista", explicó.

Para el patrocinante del Gobierno en la audiencia, "nosotros estamos muy preocupados y le hemos dado la instrucción al gobierno regional de garantizar la vida de los imputados. La imputación no rompe la presunción de inocencia".

Por su parte, el abogado defensor de los comuneros, Pablo Ortega reforzó el llamado a La Moneda en este sentido.

"Le pedimos a la Presidenta que dé la orden, tal como lo hizo Sebastián Piñera, y que recalifique la querella como un delito común, que es lo que corresponde", agregó.