Con sorpresa y no menos preocupación, nos enteramos que el Gobierno, a través del ministro del Interior, decidió solicitar que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los cuatro acusados de cometer delito terrorista luego de incendiar la iglesia evangélica de Padre Las Casas, en La Araucanía. Se trata de una decisión que apunta a detener la huelga de hambre en la que se encuentran estos comuneros mapuches desde el 7 de junio, pero que según informó Mario Fernández, no modifica en nada la querella por delito terrorista.
En paralelo, y con mayor sorpresa aún, el jefe de Gabinete anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley: uno que modifica los requisitos y plazos para decretar prisión preventiva, y otro para agilizar la reforma a la ley antiterrorista que se discute en el Senado, y trasladarla al Código Penal. Resulta preocupante el actuar errático y contradictorio de este Gobierno, que se querella por delito antiterrorista, pide la prisión preventiva de los cuatro acusados, se le concede esa medida, sin embargo hoy no sólo cede a la presión de terroristas, sino que pide modificar esa medida cautelar, y en paralelo llama a legislar cambios a la ley que ellos invocaron en procesos que se encuentran en curso. La primera obligación del Gobierno es hacer respetar el Estado de Derecho, garantizar el orden, la seguridad pública y la paz social en todo el territorio. Sin embargo, esto no es un activo para la administración de la Nueva Mayoría, ya que a diario despertamos con antecedentes de nuevos ataques incendiarios en el sur del país, que tienen como fin último amedrentar y generar temor en la población. Pero de las víctimas de estos ataques, mejor ni hablar, ya que se encuentran en total indefensión.
Nadie se niega a revisar la actual legislación, y en avanzar en todos los perfeccionamientos que sean pertinentes. Pero eso se debe realizar de manera seria. No es prudente y menos responsable, plantear un debate de esta naturaleza cuando hay procesos en curso, donde el propio Gobierno es actor principal, ya que se ha querellado invocando la ley antiterrorista que hoy pretende cambiar.
Iván Moreira Barros.
Senador de la República. Región de Los Lagos.