Valeria Barahona

Después de seis días de trabajo, deliberaciones y diálogo entre representantes de los nueve pueblos nativos de Chile, sumados a miembros del Estado, concluyó el Encuentro Nacional de la Consulta Indígena en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Santiago, alcanzando importantes puntos de acuerdos en su totalidad, otros parciales y también un punto en que no hubo consenso.

La instancia finalizó con la firma del "Acta de resultados del diálogo nacional del proceso de consulta para el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas", documento donde quedó resuelto en su totalidad el reconocimiento de la pre-existencia de los pueblos.

Otro acuerdo alcanzado fue el del deber del Estado de preservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, lenguas, instituciones, tradiciones propias y sus autoridades ancestrales; así como promover la diversidad cultural del país.

El reconocimiento y protección de los derechos culturales, lingüísticos y patrimonio material e inmaterial fue otra área en que no se presentaron discrepancias, así como el principio de igualdad y no discriminación.

Acuerdos parciales

El desarrollo político de las comunidades provocó mayores discrepancias de opinión en la cita, cuyos participantes sólo firmaron resoluciones parciales. Esto quiere decir que hubo un acuerdo en el fondo pero discrepancia en la redacción del documento.

Las materias que provocaron divisiones fueron la interpretación de la nueva Constitución, el porcentaje de la representación y participación política, el derecho a la salud, la consulta a los nativos y la libre determinación de los pueblos.

El único punto en que no se alcanzó un acuerdo fue el del concepto de territorio indígena, afirmó el Ministerio de Desarrollo Social. En el texto firmado, además, los pueblos solicitaron incorporar en la discusión de la Carta Magna el concepto de plurinacionalidad, y elevar a estatus constitucional el articulado del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), referente a la participación de las comunidades indígenas en países independientes.

Ante la presentación en el Congreso de la fórmula gubernamental para financiar la subvención de gratuidad escolar, y cumplir así con el reajuste a estos aportes, en el marco de la Ley de Inclusión, sumada a las acusaciones de los colegios particulares sobre el congelamiento de estos dineros, el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, Jaime Bellolio, se preguntó "¿en qué quedamos? ¿Es acaso esto otro engaño?".

El Gobierno necesita $ 64 millones para financiar la Ley de Inclusión, de los cuales, propuso, reorientar $ 26 millones asignados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

"Ahora nos dicen que esos recursos los va a sacar de la SEP para ponerlos acá ¿En qué quedamos? ¿Es acaso esto otro engaño? ¿Cómo es posible que el Gobierno diga ahora que la SEP no se gasta completamente y entonces una parte de ésta va a ir a poner este dinero? ¿Quiere decir que no está gastando bien la plata de la subvención escolar preferencial? Esa plata ya la tenían gastada hace rato", cuestionó Bellolio.

Comisión

El parlamentario de oposición reveló que la Comisión era partidiaria de que todo el dinero de la SEP quedara en el sector más vulnerable. "Sin embargo, ¿ahora dicen que les sobraba plata y que van a pasar $ 26 mil millones para reponer la subvención de gratuidad? De una vez por todas dejen de mentirle a los chilenos. Ésta es otra trampa legislativa", afirmó.

"Vamos a rechazar cualquier fórmula que signifique desvestir la SEP para pasar algo que hoy día es estrictamente legal, que el Gobierno estaba obligado era seguir aumentando los recursos recursos para la gratuidad de la Educación", sostuvo Bellolio.

El diputado radical y también miembro de la Comisión de Educación, Alberto Robles, dijo que "no me parece que sea razonable quitarle recursos a otro programa para poder asignarlos a Inclusión".