Una dura condena podría recibir el acusado por femicidio frustrado, tras ser encontrado culpable al finalizar el juicio oral en su contra.

Se trata de Víctor Andrés Soto Montecinos, quien el año pasado atacó violentamente en el sector de Ilque a su pareja, a quien con la utilización de un arma cortopunzante apuñaló en 18 oportunidades, provocándole lesiones de gravedad.

El hecho incluso fue repudiado por la violencia aplicada por el acusado contra la mujer, y lo que se registró frente a sus hijos. Carabineros del OS 9, tras lograr la detención de Soto Montecinos, estableció que registraba dos condenas por delitos de violencia intrafamiliar (VIF) en el 2013 en el Juzgado de Garantía de Los Muermos, además del Tribunal de Garantía de Puerto Montt.

Género

La afectación emocional de la víctima y de sus hijos, así como las secuelas físicas que perdurarán de por vida, está invocando la Fiscalía de Puerto Montt, para que se otorgue el máximo de la pena que es posible imponer al acusado condenado como autor del delito de femicidio frustrado.

"En el marco de la persecución firme y objetiva que sustenta la Fiscalía Regional, mantenemos como prioritario la investigación de la violencia de género y en este caso en particular se logró la pesquisa y condena", señaló el fiscal Patricio Llancamán, quien llevó este caso a juicio oral.

Tras conocerse el veredicto condenatorio, el representante del Ministerio Público explicó que se requirió el máximo de la pena en consideración a dos factores "que son las secuelas psicológicas tanto en la víctima como en sus hijos menores que presenciaron la agresión, como también las secuelas físicas que tendrá ella para siempre, dentro de ellas la pérdida del 70 por ciento de la visión en uno de sus ojos", aseveró.

Para el fiscal Llancamán, a través de la declaración de la propia víctima, sus hijos y testigos, así como también de funcionarios de OS 9 y Labocar de Carabineros además del Servicio Médico Legal que participaron en la investigación de este caso, se acreditó que los hechos ocurridos en abril de 2016 en el sector de Ilque, comuna de Puerto Montt, son constitutivos del delito de femicidio frustrado.

Marcelo Galindo Gallardo

Fue en el colegio donde una menor le contó a sus compañeras de curso que era violada por su padrastro, un funcionario de dotación de la Sexta Comisaría de Carabineros de Alerce, quien fue separado de la institución y puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras los antecedentes dados a conocer por la niña de 11 años, la profesora jefe le informó a la madre de la menor, quien denunció la situación a la Fiscalía y a Carabineros.

El cabo primero de Carabineros esta legalmente casado con la madre de la niña, y lleva en la institución 10 años.

Los hechos, de acuerdo a los antecedentes vertidos en la audiencia de control de la detención y formalización de cargos en el Juzgado de Garantía, indican que habrían ocurrido cuando el funcionario policial quedaba a solas con la niña y otra menor de 2 años, hija del matrimonio.

Brisexme

En el Tribunal de Garantía, la fiscal (s) Carolina Carrasco formalizó investigación, por el delito de "abuso sexual y violación reiterada a menor de 14 años".

El coronel Patricio Yáñez, prefecto de Carabineros, explicó que luego de conocer el hecho, procedió a separar al cabo primero de la institución.

"Tras tomar conocimiento de esta grave situación, automáticamente se apersonó personal de la Segunda Comisaría y con lo cual realiza la indagatoria básica, determinando la gravedad de los hechos y derivando información para evitar la revictimización. Y desde el Ministerio Público, se dispone que la Brisexme (Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI) realice la diligencias", indicó.

El general Jorge Karachón, jefe de la Décima Zona de Carabineros, confirmó que una vez conocido y corroborados los hechos, se dispuso la baja inmediata del imputado.

El oficial agregó que también se dio inicio a un sumario administrativo, "para que el funcionario tenga el debido proceso y pueda hacer los descargos correspondientes por el hecho que se le está inculpando".

El general Karachón agregó que el cabo primero tenía una buena hoja de vida.

"Lamentamos y repudiamos esto, más si está involucrado un menor y un funcionario de la institución, porque nosotros somos los primeros en proteger y cautelar los derechos de los menores, por lo que es repudiable lo acontecido", expresó.

Peritajes

El Juzgado de Garantía dispuso la prisión preventiva para el imputado, la que cumplirá en la Quinta Comisaría, pero además decretó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

La fiscal (s) Carolina Carrasco dijo que las pruebas son el examen sexológico de la niña, el relato de ella y una entrevista a la madre.

La persecutora explicó que la menor habla de dos violaciones. "Las diligencias que están pendientes son peritajes de ADN, y múltiples entrevistas, que corresponden a más diligencias. Las víctimas de delitos sexuales y de VIF generalmente optan por el silencio, especialmente en los niños y niñas", adujo.

De acuerdo al abogado Sergio Coronado, defensor del funcionario de Carabinero, es un caso muy complejo.

Coronado explicó que su representado niega cualquier situación de violación como plantea la Fiscalía y que él colaborará y prestará declaración, pero a base de la versión que ha entregado.

"Me entregó antecedentes importantes desde el punto de vista médico de la menor y ya se pidió la ficha clínica. La razón de esa diligencia y su relevancia es en relación a un accidente que habría afectado a la menor hace años y que puede explicar los hallazgos realizados en el hospital", anotó.

Víctor Argandoña, director regional (s) del Sename, dijo que es un hecho repudiable, cruel y doloroso, especialmente cuando es cometido por la figura paterna, sea esta sanguínea o no.

"Como Servicio Nacional de Menores, hoy nos encontramos en etapa de recabar todos los antecedentes de este caso, para implementar las acciones a seguir. En primera instancia, nuestra red de programas de diagnóstico, reparación y representación jurídica, se pondrán a disposición de la víctima y su familia. Esto, sin perjuicio de las acciones que como servicio decidamos iniciar en el ámbito judicial".