Una vez más el terminal de buses de Puerto Montt, vuelve ser cuestionado por las autoridades municipales de la capital de la Región de Los Lagos.
La concesión del rodoviario, cuyo contrato es por 47 años y que fue suscrito en febrero de 2004, entre la Inmobiliaria del Pacífico S.A., y el entonces el alcalde y Rabindranath Quinteros, en varias oportunidades ha sido puesta en duda por la actual administración edilicia.
El martes, durante la presentación del Plan de Transporte de Puerto Montt, actividad que fue encabezada por la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; el alcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes disparó en contra del rodoviario.
"Vamos a presentar ante el concejo municipal el término anticipado de la concesión del terminal de buses de Puerto Montt", dijo el edil sin dar más detalles, en un tema que se ha mantenido bajo reserva.
Fuentes del municipio precisaron que se están realizando consultas administrativas y jurídicas, con el fin de recabar todos los antecedentes para fundamentar la solicitud, que será presentada ante los concejales en el transcurso de la próxima semana. Para ello un análisis jurídico y un informe emitido por Contraloría el 29 de diciembre.
Informe en derecho
El abogado y concejal de Puerto Montt, Héctor Ulloa, confirmó a El Llanquihue que a fines del año pasado el municipio contrató a un estudio jurídico , con el fin de que elabore un informe en derecho respecto a la situación del recinto de transporte interurbano.
Respecto a su posición, frente al anuncio edilicio de someter a la decisión del concejo de poner fin a la concesión, indicó que "aún no hemos recibido las conclusiones de este informe, las que naturalmente serán claves para construir una opinión seria al respecto. Una cosa es la impresión que los ciudadanos puedan tener de la eficiencia de los servicios del terminal, y otra es el riesgo de hipotecar importantes recursos municipales para poner fin a una concesión".
Desde su experiencia profesional, Ulloa explicó que la probabilidad de que la concesionaria recurra a los tribunales civiles, si se pone fin al contrato de concesión de manera anticipada, es "segura".
El edil indicó sostiene que "el ir a juicio es un riesgo para el municipio, ya que si se pierde una eventual demanda, se deberá pagar una cuantiosa indemnización por los años restantes de concesión.
Mal vecino
Con una visión más crítica, el concejal Fernando Orellana, presidente de la comisión de Turismo del Concejo Municipal, sencillamente definió al terminal de buses como "un mal vecino", y su posición va más allá de poner fin a la concesión del rodoviario. El edil cree que debe ser reubicado.
"El terminal no debe estar allí, porque su actual ubicación afecta el desarrollo estratégico de la comuna, generando saturación de la primera terraza y la interrupción visual del borde costero, entre otros problemas. También hay una administración deficiente del recinto, con filtraciones de agua, falta de aseo, cobros excesivos a los locatarios y problemas de seguridad", sostuvo.
Para Orellana el terminar anticipadamente la concesión, es "corregir los problemas ocasionados por la deficiente planificación de la administración municipal anterior, que evaluó mal este proyecto, que condenó a la ciudad a sufrir su impacto negativo por más de cuatro décadas".
Quien resultó sorprendido con el anuncio del alcalde Paredes, fue el concejal Fernando España.
"El año pasado se informó que un estudio jurídico analizaría la concesión. Ello por la demora en la entrega del hotel, y por observaciones en materia de infraestructura, frente a lo cual los concejales solicitamos acciones legales contra la concesionaria y el cobro de las garantías, acciones que no se ejecutaron. Por ello me sorprende que ahora se realice este anuncio, cuando ya el terminal está en total funcionamiento", manifestó España.