Erwin Schnaidt Ávila

Endurecer las sanciones para autores de delitos de hurto, solicitó la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, al conocer un avance de la XVII Encuesta de Victimización del Comercio, que en el caso de la capital regional llegó a un 42,4%, para el segundo semestre de 2017.

Esa cifra es menor respecto de la misma fecha de 2016, cuando un 50,5% de los comerciantes porteños reconocía haber sido víctima de uno o más delitos en ese período.

El sondeo realizado entre el 16 de febrero y el 22 de marzo pasados, estableció que el delito con mayor ocurrencia es el hurto hormiga (17,2%), al que siguen: hurto (16,2%), delito económico (10,1%), rayado no autorizado (7,1%) y robo con violencia (3%).

Es por eso que un 35,4% de los comerciantes de la capital regional resolvió aumentar las medidas de seguridad en su establecimiento.

Esta situación ha impactado en la percepción de seguridad del barrio donde se ubican los negocios. Según la encuesta, un 40,4% de los consultados dijo sentir que el sector es poco o nada seguro; un 49,5% manifestó que aumentó la violencia de los delincuentes, en relación al año pasado y un 37,4% estima que es igual.

Los antecedentes fueron presentados por Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien destacó que entre las ciudades donde se hizo la encuesta, Puerto Montt es la que muestra el menor índice de victimización.

Penas muy bajas

Aún así, le inquieta a Carlos Stange, presidente de la Cámara porteña, que en tribunales no sean suficientemente enérgicos para sancionar el hurto hormiga o robo en lugar no habitado. "Es un tema que estamos llevando al Legislativo, hablando con senadores y diputados, porque las sanciones para estos delitos son muy bajas".

La gerenta de Estudios de la CNC, remarcó que un 42,9% de los comerciantes no denunciado esos delitos, "porque son robos de bajo monto o porque no confían en el sistema".

Esa conducta, sostuvo Silva, da cabida a que los delincuentes subestimen las consecuencias de su actuar. Hizo presente que también tienen certeza que si son capturados, no cumplirán penas efectivas. Y concluyó que en la actualidad "es muy fácil delinquir".

Stange agregó que un 33,3% de las víctimas, dijo que hay vendedores ambulantes fuera de su negocio, por lo que relacionan el delito a esa actividad ilegal. "Falta mano firme. Con Carabineros hemos tomado ciertas iniciativas. Llegamos a la captura del delincuente, pero no a lo efectista, que es la condena del criminal", añadió.

En el caso del comercio ambulante, acusó "una ceguera del municipio, como del Gobierno, que sirve para llenar índices laborales; pero nadie se hace cargo de la informalidad, ni de los grandes empresarios y mafias" que estarían detrás de esta actividad.

Pidió más responsabilidad del municipio al entregar esos permisos y que el Gobierno intensifique la fiscalización.

Ante esta realidad, un 48 % dice que ha bajado la moral de los trabajadores. "Y a la larga del comercio. Algunos dicen que piensan cerrar el negocio", agregó la gerenta de Estudios de la CNC, quien subrayó que la reincidencia también está afectando a esos empresarios.

Un 14,2 % de los comerciantes porteños dijo haber sido victimizado más de una vez.

A pesar de todo, un 68 % espera que disminuyan estos delitos, con la asunción del nuevo Gobierno.

C omo un avance para implementar en su sector la Ley 20.015 de Inclusión Laboral, consideró el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Puerto Montt, el desarrollo del encuentro empresarial que tuvo lugar ayer en el auditorio de la sede gremial.

Durante la actividad, organizada junto a la Mutual de Seguridad de la CChC, Fernando González resaltó la firma de un compromiso de trabajo de tres empresas asociadas, con más de 200 operarios, para llevar a la práctica un modelo de incorporación laboral de trabajadores con discapacidad.

El acuerdo fue suscrito por la Constructora Baquedano Sur, Ararat y Luis Navarro, que serán asesoradas por la Mutual de Seguridad "para determinar las brechas que tienen como empresas para integrar a personas con capacidades diferentes en sus procesos productivos, así como elaborar un catastro de lugares donde estas personas se podrán desarrollar. Es una asesoría que dura ocho meses y esperamos que al fin de año, sean empresas ejemplo para los socios de la Cámara y se propague al resto de las empresas de la región".

González comentó que con ese convenio "estamos dando el primer paso" para la correcta implementación de esa ley.

Dos objetivos

Edmundo Zambrano, gerente Zonal Sur de la Mutual de Seguridad, expuso que buscan cumplir con dos objetivos.

El primero es ir más allá de cumplir con la exigencia mínima de la ley, en cuanto a la incorporación de un 1% de trabajadores con discapacidad, en empresas con más de 200 trabajadores. "Más que cumplir con un número, el propósito es cómo insertar a las personas con discapacidad en las empresas, pero que sean un factor de producción".

En segundo término, mencionó la preocupación de la Mutual por llevar a cabo una prevención inclusiva, con la "incorporación de nuestros profesionales a las empresas, para que el desafío que nos impone la ley sea parte de un proceso de cambio cultural en las organizaciones", que incluya condiciones adecuadas de acceso y desempeño, o "que las empresas sean inclusivas desde su infraestructura", acotó.

Mientras que el seremi del Trabajo, Mauro González, valoró esta iniciativa que, sostuvo, va en la misma dirección de los planes del Gobierno. "Estamos impulsando ir más allá de la norma, para hacerla eficaz y que vaya en beneficio real de las personas en situación de discapacidad", manifestó.

Anunció que también analizarán abordar capacitaciones para reforzar las competencias de esos trabajadores.