De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Departamento de Extranjería de la Gobernación, hasta la semana pasada se han regularizado 596 extranjeros, de los cuales 17 corresponden a ingreso por pasos no autorizados o clandestinos. De la totalidad de estas personas, 23 son menores de edad. La comunidad haitiana lidera este ranking con 344 personas que iniciaron este proceso.
Veinticuatro son las infracciones que la Inspección del Trabajo ha cursado, entre el año pasado y marzo de 2018, en la Región de Los Lagos, a empresas que han sido denunciadas por empleados inmigrantes.
De acuerdo a la Dirección Regional del Trabajo, la mayoría de estas infracciones (22) corresponden al año pasado, y entre enero y marzo de este año van sólo dos.
Otro antecedente relevante es que durante el 2017 y el 31 de marzo de 2018, la Dirección del Trabajo ha realizado 50 fiscalizaciones en la región, las que fueron solicitadas por trabajadores extranjeros y terceros.
Los empleados inmigrantes en la región se desempeñan principalmente en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, industrias manufactureras, comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes.
En materia de fiscalización, el director regional del Trabajo, Guillermo Oliveros, destacó que se debe siempre considerar que la ley no establece una diferenciación entre trabajadores chilenos y extranjeros, por lo que no necesariamente las infracciones responden al no cumplimiento de la normativa únicamente relacionada con trabajadores migrantes.
"Además, también velamos por sus derechos a través de la toma de Audiencias de Conciliación, que se efectúa una vez terminada la relación contractual entre la parte empleadora y la trabajadora", anotó.
Respecto a los documentos que un empresario o empleador debe considerar al contratar a un inmigrante, considera la acreditación de la residencia del extranjero y estar debidamente autorizado para trabajar.
El trabajador extranjero puede iniciar su actividad laboral cuando previamente es habilitado por Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para suscribir un contrato de trabajo.
Este documento debe firmarse en Chile, ante Notario Público, y debe contemplar, además las estipulaciones mínimas del Artículo 10 del Código del Trabajo y las cláusulas especiales que debe contener el contrato de trabajo de un trabajador extranjero.
Más de 180 niños atiende en distintos niveles el jardín infantil y sala cuna Castillo de Ilusión, instalado en 1980 en la población Pichi Pelluco de Puerto Montt y que está conmemorando su trigésimo octavo aniversario. El jardín infantil perteneciente a la Junji, recibió a fines de 2017 la certificación que lo califica como un recinto de alto estándar de calidad y bienestar. Para este año, se consideran técnicas de aprendizaje para una mejor calidad de vida.
El conductor de un vehículo particular fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Maullín, imputado por cuasi delito de homicidio, tras atropellar y dar muerte a un peatón.
El accidente de tránsito ocurrió la noche del martes pasado en la calle Circunvalación, en la localidad pesquera de Carelmapu.
Un grupo de personas que estaba en una parada de la locomoción colectiva en Carelmapu, se percató de este hecho, pero sólo habrían escuchado un fuerte golpe.
Tras observar, vieron que el vehículo se alejaba, y que en la calzada había una persona supuestamente atropellada.
La víctima fue identificada como José Vargas Igor (43 años), quien dejó de existir en el mismo lugar.
El hecho es indagado por Carabineros de la Siat.
El presunto autor del fatal atropello se entregó en Carabineros, y la fiscal jefa (s) de Maullín, Carolyn Konrad, lo formalizó por cuasi delito de homicidio y por hacer abandono del lugar del accidente sin prestar ayuda. El imputado quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
Alrededor de 150 socias del sindicato de manipuladoras de alimentos Violeta Parra participaron ayer en una protesta en la Plaza de Puerto Montt y también a nivel regional.
La directora del gremio de trabajadoras, que se desempeñan en establecimientos educacionales municipalizados, Olga Delgado, detalló que "esta manifestación se realiza porque desde marzo la empresa Hendaya, no se está haciendo cargo de abastecer el ciento por ciento de las raciones para dar alimentación a los niños más vulnerables del país. Las manipuladoras de alimentos se han tenido que hacer cargo de sus bolsillos para abastecer las raciones que faltan, han pasado dos meses de esta situación y los entes fiscalizadores nada han hecho".
A nivel regional, son cerca de 400 manipuladoras en paro, no en su lugar de trabajo, sino que en la calle. "A las socias se les explicó que este no es un paro legal, que estamos fuera del marco legal; sin embargo, ellas se empoderaron y decidieron irse a paro por nuestras demandas", afirmó.
Otra de las solicitudes se refiere a una gratificación de calidad, como la entregada el año pasado, "que alcanzó entre 340 a 400 mil pesos y este año fue algo irrisorio, porque dieron 15 mil pesos", aseguró la dirigenta sindical.