La estrategia de presión de Donald Trump pareciera estar consiguiendo su objetivo. Sin embargo, los resultados podrían no ser los que algunos esperaban. El mensaje de conciliación y distensión de Donald Trump de este pasado domingo vía Twitter, reconociendo el daño económico y principalmente laboral que había causado en China, la sanción al gigante de las telecomunicaciones de este país (ZTE), parece no haber sido gratuito.

Desde las negociaciones confidenciales que se desarrollan entre representantes comerciales de ambos países se ha filtrado que China, en compensación al gesto del gobierno estadounidense y en áras de la busqueda de una solución al conficto comercial actual, estaría abierta a eliminar los aranceles a los productos agroalimentarios de EE.UU, segundo mayor destino de estas exportaciones. El sólo trascendido de esta noticia aumentó en pocas horas el valor futuro de envíos tan relevantes para EE.UU. como la soya.

En la actualidad, los productos agroalimentarios estadounidenses tienen un gravamen que va entre un 7% a un 30% (más el 15% que les fue impuesto en el mes de abril, en medio de la vorágine de anuncios), lo que beneficiaría a mercados suplementarios de estos productos, como Chile, que cuenta con un Acuerdo de Libre Comercio vigente desde 2006 con China que le permite el ingreso al país asiático de un 97% de bienes a arancel cero, siendo el principal destino de la exportaciones nacionales. De ahí la importancia que tendría el gesto de Xi Jinping y la reconfiguración de la relación comercial entre EE.UU. y China, afectando directamente a algunos los productores chilenos que comercializan con este último y que, sólo por citar un ejemplo, significó en 2017 envíos por cerca de US$ 778 millones en fruta (27% menos respecto del año 2016).

Pero un sector que se vería especialmente golpeado sería el vitivinícola. En la actualidad, China es uno de sus principales destinos, con envíos por cerca US$ 256 millones, y es el tercer actor en el mercado chino, gracias a las preferencias arancelarias, donde Australia y Nueva Zelanda, son sus más cercanos competidores. El vino norteamericano hoy paga una tasa de importación de más de un 30%, por lo que una reducción significativa de ésta, implicaría el ingreso sólido de un nuevo actor en el demandante mercado del vino en China.

Hasta ahora, los efectos de esta guerra comercial son marginales y las consecuencias han sido limitadas. En esta marco, teniendo en mente los ultimos anuncios y acontecimientos, se abren las puertas a una reestructuración de las relaciones comerciales, en las que Chile debe hacer uso de todos aquellos instrumentos de política comercial. Las instituciones promotoras de exportaciones e imagen país deben asumir un mayor protagonismo y trabajo público-privado, para mantener la posición e imagen de nuestros productos en el mundo asiático, pero sobre todo para diversificar las exportaciones y los mercados de destino. Esto, por ejemplo, monitoreando los productos sobre los cuales poder redireccionar la oferta a través del acceso privilegiado de nuestra red de 26 acuerdos comerciales con 64 países.

Chile siempre estará sujeto directa o indirectamente a los vaivenes y acontecimientos que en materia comercial que se susciten. Así, una buena noticia como puede ser la distensión de la incipiente guerra comercial entre las dos principales economías del mundo puede también traer como consecuencia algunas inesperadas definiciones político-comerciales, que incluso pueden llegar a ser perjudiciales para un país respetuoso de los tratados y abierto al mundo como el nuestro.

Rodolfi Vilches

Como un compromiso para "aplanar la cancha" y "oxigenar el emprendimiento" para los micro, pequeños y medianos empresarios del país. Así calificó el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, la serie de indicaciones que serán incorporadas al proyecto de Ley "Pago Oportuno", que fija normas especiales de plazo y procedimiento de pago a las empresas que se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.

Las medidas

La propuesta fija en 60 días el plazo máximo de pago sin intereses; estipula que una vez vencido el plazo se devenguen intereses; obliga a la emisión electrónica de la guía de despacho, para evitar que se demore la emisión de la factura; limita el cambio del valor original de la factura una vez que sea aceptada y genera información pública sobre el comportamiento de pago de empresas, entre otros aspectos.

Según Guerrero, "hicimos un trabajo bastante participativo" para dar forma a esta propuesta. En diálogos con gremios de la pequeña, mediana y gran empresa, ocho asociaciones gremiales y actores relevantes se establecieron dos falencias importantes: en la práctica, el proveedor entrega un crédito al comprador, pero es el comprador el que fija las condiciones de pago. Lo anterior genera una incerteza en el monto final que reciben y en los tiempos de pago.

- ¿Qué busca esta propuesta?

- Buscamos dar certidumbre para generar un círculo virtuoso y una mejor relación entre proveedores y compradores, demostrando que es un beneficio para toda la economía. Y también que esto genera las condiciones de financiamiento de las Pymes.

- ¿De qué forma va a cambiar el pago a proveedores ahora que existirá el plazo de 60 días?

- Hemos establecido que, a partir de 60 días de aprobada la factura, si no hay pago se van a empezar a generar intereses en beneficio del proveedor. Sobre la característica de la sanción, en el actual proyecto ese nivel está en la tasa de interés corriente a 90 días por mora.

- ¿De qué forma el sector público, que es sindicado como mal pagador, se va a adecuar a esta norma?

- Creo que es un mal título hablar del Estado como mal pagador. Nosotros hicimos el ejercicio interno en el Ministerio de Economía y sus servicios asociados y tenemos un promedio de pago de facturas de 15 días. Y se han llevado adelante diversas iniciativas para que el Estado pague en tiempos correctos para que los proveedores no sufran retrasos. Eso sí, hay que hacer notar que hay ciertas instituciones del Estado que mantienen mayor complejidad en este aspecto. No nos vamos a tapar los ojos y queremos reconocer que los servicios de salud, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) y las municipalidades sí enfrentan mayores dificultades en el pago de sus facturas. El proyecto de ley contempla que el Estado pague a 30 días, con excepción de las licitaciones. Pero, en general, que pague a 30 días. Y para estos servicios donde es más complejo queremos hacer algo gradual y que en tres años de aprobada la ley se puedan subir a la iniciativa.

- La plataforma de información pública que proponen las indicaciones, ¿implica algo meramente referencial?

- Lo que buscamos, y en esto queremos reunirnos con la Comisión del Mercado Financiero, es hacer una exigencia a las dos mil grandes empresas que transan en bolsa: que establezcan a través de una publicación su política de pago a proveedores, su registro histórico de pagos y mecanismos de resolución de controversias. Esto nos va a permitir que podamos publicar un ranking de pago de esas dos mil grandes empresas que contratan pequeñas y medianas empresas.

- ¿Cuál es la estimación del beneficio que traería esta propuesta?

- Tenemos una estimación que implica que si podemos rebajar en 20 días el pago actual a proveedores, esto significaría un alivio financiero de US$ 80 millones.

El mundo del emprendimiento recibió con alegría el anuncio que entregó ayer el Presidente Sebastián Piñera. "El financiamiento es una de las complejidades más grandes para los emprendedores, pero cuando uno ya logra vender que no te paguen es quedarse sin caja", dijo Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. El presidente de Conapyme, Juan Araya, recalcó que si al microempresario no le pagan en 30 días "no puede pagar IVA, imposiciones y salario".