Marcelo Galindo Gallardo

Fue parte del antiguo hospital de Puerto Montt, donde ahora está emplazado el edificio de la Intendencia, y pese a ello estuvo en pésimas condiciones por más de cuatro décadas.

El antiguo recinto del Servicio de Salud, donde también funcionó la morgue, comenzó su segunda y última etapa de demolición hace algunos días.

Las primeras obras se ejecutaron durante la temporada de verano y significaron una inversión de aproximadamente 80 millones de pesos.

El segundo y último paso con maquinaria pesada de demolición (cizalla hidráulica para excavadora) significa un gasto de más de $400 millones.

El edificio levantado completamente de concreto en 1938 se dejó de utilizar en 1972. Durante más de cuatro décadas, el inmueble ha transitado entre el abandono e intentos por recuperarlo para darle un uso, hasta que se inició la demolición.

Seguridad

Uno de los motivos que tuvo el año pasado la Municipalidad de Puerto Montt para decretar la demolición de este recinto, de dos mil 600 metros cuadrados, fue la falta de seguridad y salubridad del lugar, pese a estar a un costado de la casa del Gobierno Regional.

El inmueble, como otros en el centro de Puerto Montt, no pudo ser recuperado; por eso, en las próximas semanas, el lugar quedará sin edificio, sin que hasta el momento se pueda conocer qué proyecto se ejecutará en este espacio, aunque no se descarta que sea utilizado como aparcamiento.

Pese al importante paso dado para terminar con este recinto con 80 años de historia, en el centro de la capital regional aún se pueden observar otros edificios en similares condiciones. Entre ellos, está el mítico inmueble, también de concreto, que fue ocupado hasta el 2009 por la Policía de Investigaciones (PDI).

El establecimiento en la esquina de calle Serena con Egaña, sigue siendo un lugar inseguro e insalubre. Aunque el recinto está en manos de las organizaciones de Derechos Humanos, para convertirlo en un sitio de la memoria, hasta el momento no hay trabajos visibles de restauración.

También, en la zona céntrica se consideran otros lugares en total abandono, como lo continúa siendo la conocida Casa Ebel, en Balmaceda con Benavente.

Buscan disminuir cantidad de imputados internos en psiquiatría del Hospital

Es un tema que en innumerables oportunidades la psiquiatra del Hospital de Puerto Montt, doctora Loreto Lorca, ha dado a conocer en los dos últimos años, y lo que reclamó insistentemente.

Se trata del problema generado en el Servicio de Psiquiatría del Hospital, por la presencia de imputados y pacientes en la misma unidad.

Ello fue analizado por las autoridades y representantes del Poder Judicial, entre ellos el juez Jaime Rojas, del Tribunal Oral en lo Penal, y la magistrada Mónica Sierpe, del Juzgado de Garantía.

Junto al seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder, estuvieron en el encuentro la seremi de Salud, Scarlett Molt, y el director del Servicio de Salud del Reloncaví, Jorge Tagle.

El seremi Meeder asumirá el rol articulador para lograr reducir los tiempos de permanencia de las internaciones provisorias de los imputados y buscar una solución más estructural, que permita evitar que los inculpados lleguen hasta el Hospital.

Con este fin, la autoridad remarcó que es necesario "acelerar los informes que debe emitir el Servicio Médico Legal y también los juicios orales penales respecto de aquellos imputados que tienen enfermedades mentales, que tienen un tratamiento especial y actualmente están copando las camas del Servicio de Salud Reloncaví. Hemos adoptado dos compromisos que nos permitirán disminuir los tiempos de espera ante los tribunales, lo cual será un beneficio para los usuarios del servicio", adujo.

Para la seremi de Salud, Scarlett Molt, se ha generado la instancia de coordinación: "Hemos tomado decisiones con respecto a trámites administrativos, que nos permitirán agilizar los movimientos de las camas y así no vulnerar los derechos de nuestros pacientes".

La magistrada de Garantía, Mónica Sierpe, y el juez Jaime Rojas, del Tribunal Oral en lo Penal, explicaron los procedimientos que considera el Código Procesal Penal en la derivación de los imputados mentales, que padecen alguna enfermedad semejante y que son un peligro para sí o para terceras personas.

Positivo

Jorge Tagle, director del Servicio de Salud del Reloncaví, comentó que se trata de un problema de larga data.

"Hoy veo un ánimo muy positivo por buscar mecanismos de mejor coordinación y solución a problemas de reos que necesitan hospitalizaciones o procedimientos judiciales que requieren del servicio de siquiatría", acotó.

Para el médico, el objetivo es poder equilibrar ambos temas: los internos del penal y pacientes en la unidad.