La Corte Suprema rechazó ayer la solicitud de desafuero del diputado de la UDI Ignacio Urrutia solicitada por la Coordinadora de ex Presos Políticos tras sus dichos en la Sala de la Cámara Baja, donde catalogó a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar como "terroristas". El máximo tribunal falló, por 10 votos contra uno, en contra de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que sí había aceptado desaforar al parlamentario afirmando que sus dichos "pueden ser razonablemente calificados, en esta etapa procesal, como el delito de injurias graves". Tras conocer la decisión de la Suprema Urrutia dijo estar "contento" y opinó que el fallo resguarda las declaraciones que los legisladores emitan en la Sala. "El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso había sido muy raro, precisamente porque lo que hacía era no solo quitarme a mí la viabilidad, sino que se la quitaba a todo el Parlamento chileno", afirmó según "Emol". La abogada de los ex presos políticos, Angélica González, en tanto, manifestó que el diputado "sigue en una conducta de falta de respeto".

Por la vía más breve optó finalmente el Gobierno para regular a los servicios de transportes como Uber o Cabify. Para eso, el Ejecutivo ingresó ayer una indicación sustitutiva respecto del proyecto que ingresó en 2016 la administración anterior, que ha permanecido desde entonces en la Comisión de Transportes de la Cámara. La ministra de Transporte, Gloria Hutt, se refirió al proyecto y dijo que "optamos por una ley corta, una indicación sustitutiva para llegar a acuerdo lo más pronto posible". "Buscamos equilibrar las condiciones de funcionamiento con otros servicios de transporte remunerado de pasajeros", agregó. El proyecto exige a los conductores licencia profesional A1 y no tener antecedentes penales como tráfico de drogas, delitos sexuales, manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte. Respecto a los taxis, que se fomentará el uso de tecnologías y establecer mecanismos de cobros distintos al taxímetro.

Mauricio Mondaca

El Gobierno optó por cambiar el nombre del recién anunciado Consejo Nacional de Inteligencia, resultado de las 150 medidas propuestas por el Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública y cuyas siglas propuestas (CNI) generaron revuelo por ser las mismas de la extinta Central Nacional de Informaciones, la policía secreta que reemplazo a la DINA y que funcionó durante el régimen del general Pinochet.

El Ejecutivo decidió ayer cambiar el nombre del organismo a Consejo Asesor de Inteligencia, cuya sigla será CAI, según publicó el portal T13.

Desde La Moneda recalcaron que se trató de un alcance de siglas que nadie advirtió, lo que llevó a la decisión de modificar el nombre de este nuevo ente, que estará integrado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), que asistirá al Mandatario en temas de seguridad.

Previo a que se conociera la decisión de cambiar el nombre, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, admitió en T13 Radio que "son siglas que no nos parecen las más afortunadas y por tanto, más allá de las siglas que se puedan estar buscando, lo importante es el fondo".

"Acá tenemos 150 medidas que ha trabajado una mesa de seguridad desde la unidad, desde la transversalidad, con diálogo y con respeto. Y esas que se van a ver reflejadas en proyectos de ley y también en decretos y reglamentos, apuntan a modernizar la policía y tener un sistema de inteligencia efectivo y eficaz para el combate contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado", explicó Pérez.

Las reacciones

"Probablemente quienes propusieron la CNI de nombre no conocían lo que fue la CNI, no padecieron la CNI", sostuvo Germán Berger, ex director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom) e hijo de un detenido desaparecido por la Caravana de la Muerte.

Desde el Partido Socialista se sumaron a la petición y agregaron que se cometió un "grave error comunicacional"

"No debe haber sido advertido por el Gobierno, pero es necesario rectificarlo a la brevedad posible", aseguró el representante de la bancada PS en la Comisión de Seguridad Pública, diputado Raúl Leiva, a radio Cooperativa. "Son cientos de miles de víctimas de esa nefasta institución que causó terror. Así que hay que enmendarlo, hay que modificarlo", agregó el parlamentario.