Erwin Schnaidt Ávila

Una significativa caída se produjo en los delitos de alta connotación social perpetrados, durante el primer semestre de este año, en locales comerciales del retail en la Región de Los Lagos.

Conforme a un reciente estudio elaborado por Alto Chile, la variación porcentual de los primeros seis meses de 2018 es de -44 %, respecto del mismo período del año pasado.

Similares resultados obtuvieron en 2017, cuando reportaron una variación interanual de -42%, respecto de 2016, aunque en el primer semestre del año pasado hubo un alza de un 3,9% en este tipo de delitos.

La estadística responde a la red de comercio protegido por Alto, que ofrece servicios de seguridad para reducir pérdidas y prevenir delitos al interior de las empresas, la que fue presentada en una charla con Carabineros en Puerto Montt.

En un desglose por delitos, la empresa también reflejó disminuciones en robos de autos en supermercados (-100 %), robos con intimidación (-100 %), robo con violencia (-50 %) y en los robos desde el interior del auto/robo de accesorios de auto en supermercados (-30%).

Sobre las razones de los resultados de 2018, Eduardo Hernández, gerente legal de Alto, los atribuyó a "un trabajo mayormente focalizado en este tipo de delitos y al gran poder sancionatorio obtenido a raíz de la tramitación de casos penales en la región, el que alcanza un 86,7%",

El ejecutivo también estableció que, a la fecha, existen 456 imputados condenados como autores de esos ilícitos.

En materia de la cuantía de los perjuicios económicos para esos locales comerciales en la región, Hernández expuso que durante el año pasado registraron pérdidas por $169 millones y que en el primer semestre de 2018, ese monto se redujo a 71 millones de pesos.

Sobre la forma en que ocurren estas sustracciones, el gerente legal de Alto sostuvo que "la forma más común sigue siendo el delito de apropiación de menor complejidad, como el hurto. Esto último, sin perjuicio de la existencia de robos con fuerza y robos con intimidación y violencia".

Acciones preventivas

Hernández entregó esa información en el marco de la exposición "Comportamiento del delito en la industria del retail de la X Región", que tuvo lugar ayer en la tarde en el Hotel Diego de Almagro.

El ejecutivo explicó que esa actividad se realiza con el propósito de reunir al sector público y privado, para abordar la radiografía del delito en la zona, buscar acciones precautorias conjuntas "y demostrar lo esencial que es el trabajo mancomunado, el cruce de datos e inteligencia de la información en el proceso de la prevención de delitos".

Un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue la legalidad en el alza de tarifas de líneas de colectivos de Puerto Montt, solicitó el abogado y concejal Héctor Ulloa, quien subraya el concepto de que está prohibido el colocarse de acuerdo en materia de precios.

Para Ulloa, "al parecer, se podría configurar un atentado a la libre competencia, por cuanto no es licito que empresas que otorgan un mismo servicio puedan acordar el alza de manera simultánea, no permitiendo la debida competencia y afectando los bolsillos y economía de los usuarios" de los recorridos de Alerce y de Mirasol, luego que líneas que prestan este servicio informasen a la Seremía de Transportes acerca del alza en el costo de los pasajes.

El edil destaca que aunque sean $100, "está prohibido colocarse de acuerdo".

Además, sostiene que ha recibido una serie de reclamos de parte de los vecinos que se verán afectados producto de esta situación, ya sea de forma presencial o a través de mensajes privados.

El concejal además dijo que "existe la evidencia de que no pueden existir acuerdos de precios en ningún ámbito de la economía nacional, prueba de ello es lo ocurrido con el papel confort, farmacias, en donde la justicia determinó que no era lícito la colusión entre ellos".

En su reclamo, Héctor Ulloa acusa que "aquí hay un comunicado de prensa de un gremio de taxis colectivos que anuncia que, en una misma fecha, líneas de colectivos, que hacen un mismo recorrido, implementarán un alza de tarifas".

Y ese sólo anuncio -destaca- "pudo constituir el ponerse de acuerdo en la prestación de un determinado servicio: en este caso de transporte público y esta figura (colusión) está prohibida por ley".