Erwin Schnaidt Ávila

En la búsqueda de hacer efectiva la sentencia del pasado 11 de julio, cuando exigió el inmediato cese del vertimiento de aguas servidas tratadas al cauce del río Trapén, el Tribunal Ambiental de Valdivia ordenó la medida cautelar de cese de descarga de aguas servidas tratadas a ese afluente, sellando las partes.

En el dictamen, esa instancia judicial también instruye la realización de obras que sean necesarias para cumplir con dicho propósito, las que deben ser ejecutadas por la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro (ESSSI), bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) de la Región de Los Lagos.

La sanitaria, a cargo de la concesión del sector Panitao, construyó una planta de tratamiento provisoria, para atender a 520 clientes del conjunto habitacional Portal del Sur, de la Constructora Pocuro, así como a 102 viviendas de Mirador de Panitao, lo que hace un total de 622 conexiones.

Esas aguas terminan por disponerse en el río Trapén, como curso receptor.

El ministro titular de esa judicatura, el abogado Michael Hantke, explicó que recibieron un escrito de los reclamantes (Junta de Vecinos Panitao Alto) en la causa, "en la que indicaban que la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, estaba incumpliendo la sentencia definitiva de este tribunal, que le impuso la prohibición de verter los residuos líquidos que provienen de la planta de tratamiento de aguas servidas de Panitao, en el río Trapén".

Hantke expuso que "el tribunal ofició a la empresa y a la Superintendencia del ramo, y con esos antecedentes adoptó la decisión de ordenar a la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, terminar el vertimiento por la vía de sellar el ducto de vertimiento".

Respuesta de esssi

San Isidro ingresó el martes al Tribunal Ambiental un recurso de casación en contra de la sentencia del 11 de julio, así como uno de reposición para que se deje sin efecto la medida cautelar del 26 de julio.

Sobre este último, la defensa de San Isidro argumentó que -desde la perspectiva jurídica- no es posible decretar esa orden de sellar la descarga, por cuanto ya se dictó la sentencia definitiva (11 de julio).

Argumentan en el escrito que se puede decretar esas medidas "siempre y cuando el proceso esté pendiente de resolución, señalando, además, el plazo en que ellas estarán vigentes (lo que acá no ocurrió)".

Junto con ello, aducen una razón técnica, puesto que "es físicamente imposible disponer las aguas tratadas en otro lugar, sin construir obras de ductos que las conduzcan y sin generar mayores perjuicios ambientales".

Al ser consultada la empresa, con sede en Temuco, se respondió que no emitirá declaraciones respecto a este tema, y que están a la espera de lo que resuelva el Tribunal Ambiental de Valdivia.

Temor de vecinos

Mientras que Paula Ojeda, vicepresidenta de la Junta de Vecinos Panitao Alto Camino Los Pinis , expresó su satisfacción ante lo dispuesto por el Tribunal Ambiental.

Sin embargo, también dio cuenta de su inquietud respecto del efectivo cumplimiento de la medida ordenada.

"Todavía no se paraliza el vertimiento y menos se ha procedido a sellar ese ducto", comentó, por lo que también escribió a la SISS, a la que solicitó que haga cumplir lo resuelto, en su calidad de entidad fiscalizadora.

La dirigenta, quien además es vocera del Movimiento Río Trapén, teme que mediante recursos legales, la empresa logre que se deje sin efecto la resolución del tribunal.

"Para nosotros, San Isidro es una verdadera pesadilla. Nosotros hemos logrado avances, pero ellos dan vuelta los dictámenes como si nada. Porque tienen plata y pagan abogados. No vamos a estar contentos, hasta que no veamos sellado ese tubo", manifestó.

Sobre el proyecto de la sanitaria para construir una planta definitiva, con descarga al río Gómez, Ojeda advierte que tampoco existe certeza que se realice, ya que anticipa que habrá oposición de quienes proponen convertir en Santuario de la Naturaleza los humedales del río Maullín, el que recoge aguas del Gómez.

Artesanales presentaron la postura del sector frente al proyecto de Ley de Pesca

Representantes de las confederaciones y federaciones nacionales de pescadores artesanales del país, expusieron su postura frente al proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que se encuentra en su primer trámite constitucional, en el Senado.

Ello fue posible durante un encuentro con el senador Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta, para analizar el detalle de lo que también se conoce como "ley corta", que ingresó el 4 de mayo, y que incorpora la discusión sobre licencias transables de pesca para el sector industrial y regulaciones para el combate de la pesca ilegal.

Aunque los pescadores expresaron distintas posturas frente a la iniciativa del Ejecutivo, manifestaron estar de acuerdo para impulsar la incorporación de disposiciones al proyecto, que aborde las demandas más urgentes del sector.

En ese sentido, destacaron que es fundamental abordar, entre otros, la propiedad pública de los peces, la modificación del Registro Pesquero Artesanal, el fraccionamiento de las cuotas de industriales y artesanales, la plataforma social, la perforación por parte de los industriales de las cinco millas exclusivas de la pesca artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre y la disminución del plazo de las licencias transables de pesca.

Modificación sustancial

Al respecto, el senador Quinteros dijo que los temas expuestos "permitirán viabilizar la tramitación de este proyecto, transformándolo en una modificación sustancial y no meramente formal, que apunte al mejoramiento efectivo de las condiciones del sector pesquero artesanal del país ahora, y no en 15 años más, como establece el proyecto".

El parlamentario agregó que el proyecto del Gobierno "no considera asuntos que le interesan y urgen al sector pesquero artesanal, que está sumido en una progresiva crisis por la disminución de los recursos y los efectos de la llamada Ley Longueira".