Vicente Pereira Parra

Ala Fiscalía acudió el intendente Harry Jürgensen para denunciar un posible fraude al Fisco de la empresa Titanium Chile S.A. luego que recibieran un cobro por más de 139 millones de pesos de una empresa factoring, en circunstancias que se trata de una deuda de esta empresa. Estos antecedentes los colocará en manos del Consejo de Defensa del Estado.

Resulta, según relata el intendente, que Titanium Chile S.A. acudió a un factoring (BCI Factoring) con facturas que fueron emitidas al Gobierno Regional, donde no fueron rechazadas en los ocho días que contempla la ley como plazo. Esto, según acusa el intendente "porque no tenían implementado el control de factura electrónica".

Titanium Chile S.A. tenía a su cargo la construcción de la normalización del consultorio de Puqueldón -financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional- y luego se adjudicó la construcción del consultorio de Río Negro.

En ninguna de las dos obras finalizó su trabajo.

Factoring

Jürgensen acusa que el modo de operar de esta empresa era emitir las facturas para factorizarlas, para sacar plata.

"Cuando venció las pagó, pero ya la última no la pagó por más de 139 millones de pesos que no canceló y por eso estos dineros le son cobrados al Gobierno Regional", explica.

Otro cuestionamiento de Jürgensen es que ninguna de las cuatro facturas correspondían al estado de avance de las obras.

De ahí que el jefe regional demande negligencia y critique duramente al Gobierno Regional anterior, ya que en su opinión se dejó la puerta abierta para "estafar al Gobierno Regional", al no tener implementado un sistema de control y de revisión de las facturas electrónicas emitidas. Algo que es descartado por el ex intendente Leonardo de la Prida, a quien le parece bien que se concurra a la justicia, pero no acepta que se cuestione la probidad del Gobierno Regional bajo su mandato.

El Llanquihue intentó contactar a representantes de la empresa; pero que no fue posible.

Recuerda Jürgensen que los problemas tuvieron lugar luego que se adjudicara la obra de normalización del consultorio de Puqueldón (contratada por el municipio y financiada con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional).

En su relato detalla que durante el período que se extiende entre noviembre de 2017 y febrero de este año, emitió cuatro facturas al Gobierno Regional, las que luego fueron anuladas por la misma empresa. Ninguna de ellas -insiste- correspondía a algún estado de pago previamente autorizado.

Sin embargo, antes de anular estos documentos, las factorizó. Pero pagó tres. El intendente cree que la empresa pagó al factoring para no tener problemas, dado que se había adjudicado una nueva obra, ahora en Río Negro.

Según documentos que presenta la actual administración, la primera factura es de más de 350 millones de pesos. Tiene fecha de emisión y de cesión el 13 de noviembre del año pasado y anulada a fines de ese mismo mes.

La segunda, por más de 340 millones de pesos, su emisión y cesión fue el 1 de diciembre de 2017 y anulada el día 30 de ese mes. Luego, una tercera, por más de 139 millones de pesos, su emisión y cesión y posterior anulación, tuvieron lugar en las mismas fechas que la anterior. La cuarta, en tanto, por más de 347 millones de pesos, su emisión y sesión fue el 27 de febrero de este año y anulada el 28 de dicho mes. Sin embargo, la tercera no fue cancelada y hoy el factoring le cobra este dinero al Gobierno Regional.

Si bien De la Prida dice que ir a la justicia es lo correcto, descarta que se hubiera fallado en el control y estima que se trata de una maniobra que busca perjudicar al gobierno anterior puesto que durante su gestión la gente encargada era honesta y manejaba el tema a la perfección.

Para el ex intendente, se trata de una jugada por lo mal que se han manejado las actuales autoridades en el tema del Seikongen.

Nueva obra

Lo grave, según Jürgensen, es que estas facturas no eran verificadas ni controladas. "Hay un negligencia en el manejo de los recursos fiscales. Pudo ser una estafa mayor", aduce.

Luego -explica el intendente- esta empresa se adjudicó la ampliación y mejoramiento del hospital de Río Negro y estas facturas no las paga el Gobierno Regional, las anula con notas de crédito.

"Hace la operación y después la anula. ¿Por qué? Porque sabían que las facturas no correspondían a los estados de pago correspondientes a las obras que se estaban haciendo en Puqueldón", reitera.

Lo que correspondía, entonces -añade- es que en primer lugar, en cuanto al avance de las obras, en el hito correspondiente, el inspector técnico debía emitir un informe diciendo que corresponde a los estados de avance de la obra, lo que no ocurrió. "Pero como eso no estaba..., con las facturas claramente tenían la intención de generar un fraude; pero como se adjudicaron la otra obra, comenzó a pagar, pero deja una que es la que le cobran al Gore", sentencia.

Hasta un televisor sobre su cabeza arrojó el autor del hecho de violencia intrafamiliar (VIF) ocurrido el 23 de septiembre en el sector de Alerce, zona de Puerto Montt, donde ya han ocurrido cuatro sucesos de similares características durante el presente año.

Carla, de 27 años, madre de cuatro hijos menores de edad, sindicó de esta violenta agresión a su esposo, quien el día del suceso huyó y no pudo ser detenido por Carabineros.

La joven madre fue asesorada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), donde ayer hicieron efectiva una querella criminal contra el presunto autor de este suceso.

Lo señalado en la acción penal es fuerte, porque Carla fue arrojada al suelo por su esposo, golpeada con los pies y puños, la intentó estrangular y le arrojó un televisor sobre su cabeza. La víctima llamó a su mamá para pedirle auxilió, momento en que el sujeto la comenzó a amenazar que la iba a a matar a ella, su madre y sus hijos.

Carla se casó con el presunto autor de este delito hace un par de años, tienen un hijo de 2 años, y los otros tres pequeños (hijos sólo de la joven) están con la abuela materna por una medida de protección dictaminada desde el Tribunal de Familia, justamente por agresiones que los niños habrían sufrido y provocadas por el mismo individuo.

"La semana pasada conocimos este caso en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en el sector de Alerce y lo primero que hicimos fue ir al domicilio de Carla, para prestar el primer apoyo y contención para poder derivarla y activar los servicios e instituciones correspondientes", manifestó Viviana Sanhueza, seremi de la Mujer y Equidad de Género.

Marcelo Urra, abogado del Sernameg, explicó que la querella es por el delito de lesiones menos graves y amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar. "La acción relata lo que vivió Carla, donde se registró una dinámica muy grave el 23 de septiembre, y por ello estamos pidiendo las penas máximas por ambos delitos", adujo.

De acuerdo a Urra, se busca la máxima sanción.

"Esperamos que al ser este un caso muy grave de delito de lesiones graves y amenazas, llegue a juicio y no quede en una suspensión condicional como la ley permite donde la Fiscalía e imputado pudiesen arribar a esto", manifestó el abogado.