Una total sorpresa fue para el presidente del directorio del Centro de Salud Familiar del Arzobispado -y uno de los cuatro laicos integrantes del Consejo Económico que asesora al Arzobispado, Carlos Vargas, la denuncia realizada por el administrador apostólico en contra de los sacerdotes Tulio Soto y Darío Nicolás. Asegura que el consejo nunca habló sobre algún asunto relacionado a las denuncias, ya que los temas tratados únicamente correspondían a la tabla que proponía el vicario ecónomo del Arzobispado, quien precisamente era Darío Nicolás. "A uno, que le motiva la ayuda que se puede dar a la Iglesia, desde una mirada profesional para apoyarla, le duele mucho haber compartido en la mesa con miembros que hoy aparecen cuestionados, aunque merecen todo el respeto mientras no sean sancionados por algo", expuso. Aclara que cuando asumió solicitó a la directora del Cesfam San Pablo que presente "toda la información en cuanto a los manejos contables, proyectos, salarios, cuentas corrientes, balances, pero no se entregó. De alguna forma se nos manifestó en la mesa económica que no correspondía que nosotros hiciésemos un tratamiento del manejo económico que se hace del Cesfam como se hace en una empresa privada. A pesar de que los pedimos, no se envió. El padre Darío me reclamó que esa era una actividad de la Iglesia y que no era una empresa privada". Agregó que nunca se pudo conformar una comisión revisora de cuentas, pese a los deseos de algunos de sus integrantes.

Carlos Alberto Urbina A.

Inmediata reacción causó en los suspendidos religiosos Darío Nicolás -ex vicario ecónomo- y Tulio Soto -ex vicario general- la denuncia que el miércoles presentó en la Fiscalía local el administrador apostólico del Arzobispado, Ricardo Morales.

En el escrito, el enviado del Papa detalló una serie de situaciones que considera irregulares y que podrían ser constitutivas de delito, entre ellas asociación ilícita, tráfico de estupefacientes y fraude al Fisco.

Revuelo que encontró férrea defensa en los fieles del movimiento palestrista que lidera Darío Nicolás (ver página 3), pero que también sacó de su silencio a los principales aludidos: los sacerdotes mencionados.

De hecho, ayer dieron a conocer que serán el ex intendente regional, Nofal Abud, y Juan Cristóbal Dougnac, quienes se harán cargo, de ahora en más, de la representación legal de ambos religiosos.

La primera tarea de los abogados fue promover un comunicado en el que se desmiente pública y tajantemente cualquier irregularidad a las que se les pueda vincular Soto y Nicolás, tanto con las acciones dentro del Arzobispado como con la administración de los Cesfam de San Pablo y Techo para Todos.

Frente a la justicia

Según el escrito, ambos religiosos tienen "total disposición para colaborar con el Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados", donde "será posible establecer la absoluta falsedad de las imputaciones formuladas en contra nuestra, posibilidad que hasta ahora no hemos tenido frente al actuar sesgado y autoritario del administrador apostólico". De hecho, agregan que Morales no les ha permitido defenderse ni aportar antecedentes que sean pertinentes.

Junto a lo anterior, aseguran que harán frente "a estas falsas acusaciones con la tranquilidad que nos asiste en razón de nuestra condición de inocencia y de la dilatada trayectoria comunitaria y eclesiástica". Ya en su tercer punto, descartan "categóricamente todas y cada una de las imputaciones formuladas. Jamás hemos cometido delito alguno ni menos articulado organización ilícita alguna tendiente a defraudar las arcas eclesiásticas o estatales". En este punto, recalcan -a propósito de las contrataciones mutuas que se realizaron- que "nos desempeñamos remuneradamente a cambio de labores de asesoría, supervisión y coordinación con el Servicio de Salud del Reloncaví, trabajos que efectivamente se desarrollaron".

Niegan en el cuarto punto haber hecho préstamos irregulares o haber afectado de alguna forma los fondos eclesiásticos o fiscales.

Sobre la obtención y distribución irregular de psicotrópicos del Cesfam Mirasol, por parte del sacerdote Nicolás, aseguran que es una acusación "absolutamente falsa".

Contra Morales

El final del comunicado está dedicado especialmente al administrador apostólico, acusándolo de generar "esta falsa y tendenciosa denuncia".

Agregan que les llama la atención que esto se dé a conocer "coetáneamente con la comparecencia del referido administrador apostólico ante el Ministerio Público de la Región de O'Higgins, en donde es investigado actualmente en calidad de imputado por el presunto encubrimiento de un delito de abuso sexual", en clara alusión a que esto sería una maniobra distractiva de Morales, pese a que el mismo líder mercedario aseguró que esto se trata de una autodenuncia para desacreditar un anónimo que busca desprestigiarlo.

Por último quisieron destacar que el administrador cuenta con "acusaciones de abuso de poder al interior de la congregación de los mercedarios, a la cual pertenece; acusaciones que son de público conocimiento y que se avienen con su actuar autoritario a nivel local durante los cinco meses que lleva a cargo de la Arquidiócesis de Puerto Montt".