El fallo reciente de la Corte Suprema donde hizo lugar al recurso de protección a favor de un niño gravemente enfermo, fue criticado bajo la idea de que cuando los jueces distribuyen recursos sanitarios escasos, como lo fue en este caso, reemplazan a las políticas públicas, algo para lo cual no están equipados. Lo cierto es que la judicialización de políticas sanitarias ocurre en la práctica constitucional latinoamericana desde hace tiempo, como muestran repetidas decisiones de las Cortes de Argentina, Brasil y Colombia. Los tribunales de justicia de la región son actores claves que están implicados en decisiones sobre políticas públicas. En la actualidad no se puede seguir cuestionando la intervención de la Corte Suprema en la protección de derechos como si fuera el siglo pasado. Eso no significa negar que hay un claro desafío acerca del papel de la justicia en estas cuestiones. Este surge porque ciertas materias, como las sanitarias, parecen poco adecuadas para la resolución judicial y caen más allá de sus límites tradicionales. La decisión judicial de que el Estado chileno tiene que pagar un tratamiento de salud costoso desata consecuencias imprevisibles sobre cómo se altera con ella el presupuesto nacional. Es fácil ver que ese tipo de decisiones son acuciantes y complejas porque, además de salvar la vida de un niño, afecta a diversos grupos y personas, también necesitadas de recursos sanitarios públicos, que no fueron oídas en ese proceso. La vía de afrontar ese desafío está en tomarse en serio la competencia judicial y dar cuenta de las críticas, proponiendo cambios en las formas de intervención de los tribunales. Esta vía es prometedora si consideramos que en tales situaciones los demás poderes públicos muestran su propia incapacidad para proteger el derecho a la vida y a la integridad física del niño.

Este fallo muestra una tendencia de la Corte Suprema hacia la judicialización de políticas sanitarias, en consonancia con otros tribunales de la región. El debate importante no es si está justificada la intervención judicial, sino responder a la cuestión acerca de cuánta judicialización está justificada en la moderna sociedad chilena.

Dra. Leticia Morales. Profesora de Derecho Universidad Austral de Chile. Puerto Montt.

El reciente anuncio de un aporte de 3 millones de pesos, de subvención municipal, para mejorar las instalaciones de preparación en remo del Club Viento y Marea, es una bien intencionada iniciativa que reconocemos; pero, que lamentablemente, no es la solución definitiva que tanto necesita y clama, desde hace muchos años, la boga puertomontina y sus cultores.

En el último lustro, ha habido unas cuantas reuniones de la directiva de esta pujante institución remera porteña con las autoridades municipales y del mismo Instituto Nacional del Deportes (IND). Donde se ha enfocado el tema, recalcándose que la máxima aspiración de esta disciplina marina local, sigue siendo la añorada y soñada Casa de Botes. La misma que debió ser demolida, después del terremoto de 1960, por motivos de remodelación de la zona de Angelmó. Tiempo desde el cual nunca más se recuperó el recinto y su equipamiento, en medio de la desazón y desesperanza de los sufridos, pacientes y tenaces cultores de la boga porteña. Los cuales, pese a todo, no han dejado de practicar y competir, supliendo con garra y corazón esa pobreza de infraestructura inmerecida.

Pues bien, en los señalados encuentros se han confirmado los mejores propósitos, se ha conocido a fondo este imperativo del deporte de la boga en Puerto Montt y de lo ideal que sería potenciarlo con proyección masiva dada su calidad marítima. Sin embargo, el proyecto del reducto base no avanza, salvo el esfuerzo propio de Viento y Marea, que incluso está aportando con el anteproyecto de diseño de arquitectura de la casa de botes. Mientras que el municipio ha comprometido respaldo financiero y la gestión de recursos sectoriales para materializar esta antigua aspiración. Todo esto se plasmaba en los planes acordados en una reunión de las partes celebrada el 22 de agosto de 2016.

Pues bien, dos años después, nos encontramos con pequeños "parches económicos" para la causa, lejanos de la solución definitiva para dignificar y desarrollar el remo con una Casa de Botes modelo.