Con un recurso de protección, mujer que acusó VIF pide no ser expulsada de su hogar
CORTE DE APELACIONES. Se trata de la esposa de un capitán de Carabineros, quien fue notificada que debe dejar el inmueble fiscal a fines de este mes.
Con un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, dirigido en contra del recién designado general director de Carabineros, Mario Rozas, una vecina de Puerto Varas busca cancelar la orden de la institución policial, en cuanto a que debe desalojar antes de fin de mes el inmueble fiscal en el que vive.
Se trata de Antonella Malatesta, quien denunció a su esposo en mayo de este año por violencia intrafamiliar.
Según consta en la causa del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, el hombre -un capitán de Carabineros- fue detenido y formalizado por la Fiscalía por tres delitos: lesiones menos graves, maltrato habitual en el contexto de violencia intrafamiliar y amenazas.
Dos meses después, en septiembre, se decretó la suspensión condicional del procedimiento, con la obligación del uniformado de dejar el hogar en común, no acercarse a la víctima ni portar armas de uso personal.
De cumplir estas indicaciones, la causa será cerrada definitivamente en un año más.
Recurso
La abogada, Orietta Llauca, ingresó el escrito de 12 páginas ante el tribunal de alzada, donde destaca la orden de no innovar respecto a la notificación de desalojo del inmueble.
"A fin de evitar esta arbitrariedad, una vulneración grave de derechos, hemos tenido que recurrir a la Corte de Apelaciones, buscando que sea este tribunal el que paralice la orden de desalojo que se le dio a Antonella", indicó la profesional a este Diario.
Según señala la orden de desalojo -a la cual tuvo acceso El Llanquihue- se precisa que la causa que motiva la orden de salida es precisamente la situación judicial que denunció la mujer del carabinero.
"Al haber existido un juicio por violencia intrafamiliar que afectó al titular del contrato, y que por ello debió hacer abandono del inmueble, inmediatamente perdió los requisitos que establece nuestra reglamentación para el uso de un inmueble de propiedad fiscal y en consecuencia debe hacer entrega de este", sostiene el documento.
Añade el texto que "pese a la empatía que genera la situación personal que está pasando, y entendiendo las dificultades familiares que estos actos administrativos conllevan a todo su grupo familiar, el oficial jefe infraescrito debe custodiar los bienes fiscales entregados a su administración".
Ana Godoy, integrante de la coordinadora "No más violencia de género" de Puerto Montt, declaró tras la presentación del recurso que: "no les basta que las redes sociales se llenen de hashtags llamando a denunciar, si son las propias instituciones que llaman a esto las que vulneran a las víctimas. "Carabineros protege al agresor y ahora, agrede a la víctima con el desalojo de la casa que habita junto a su hija. ¿Qué confianza pueden tener las mujeres que denuncian violencia de género?", afirmó.