La diputada Paulina Núñez, de Renovación Nacional, ha sido una de las más involucradas en la discusión del proyecto de ley de migración y extranjería, que la Cámara despachó ayer el Senado para su segundo trámite.

Ello, pues la legisladora representa al distrito 3 (Antofagasta y otras comunas), uno de los más tocados por el fenómeno de la migración, que en el país implica cifras como estas: el 86% de los permisos de residencia son otorgados a ciudadanos latinoamericanos, muchos de ellos provenientes de países que viven una profunda crisis económica y social, como Venezuela y Haití.

"Hemos aprobado un proyecto que permitirá tener una migración segura, ordenada y regular", comentó Núñez tras la aprobación de la iniciativa.

La abogada resaltó, asimismo, que "después de más de cuarenta años, fue el Presidente Piñera el que se hizo cargo de enfrentar el tema y modernizar la ley".

Entre otros aspectos del proyecto, Núñez destacó "la nueva institucionalidad con un Consejo de Política Migratoria, la reformulación de visas y, en definitiva, una política pública que no existía y que nos permitirá ordenar la casa".

No a la irregularidad

La diputada de RN también puso énfasis en otro elemento: "A pesar de las indicaciones que trató de reponer en el último minuto la oposición, se aprobó que quien ingrese como turista no puede quedarse a trabajar y, por tanto, el cambio del estatus migratorio no se podrá hacer en nuestro país y la persona deberá volver a ingresar con sus papeles al día. Que un turista se quedara trabajando en Chile era condenarlo a la irregularidad y la pobreza. Lo que pretendían era lo que no ha funcionado y que daña a los propios inmigrantes, dejándolos en una irregularidad total. Por ejemplo, entre los años 2016 y 2017, llegaron 165 mil haitianos y cien mil ni siquiera renovaron su visa de turista y la mitad presentó un contrato falso".

"Además, fue rechazado el artículo que buscaba aumentar de 15% al 40% el límite de los migrantes que puedan trabajar en nuestras empresas. Queremos que el Senado lo aumente a un 25%", concluyó la diputada por el distrito 3.

Con 147 votos a favor, uno en contra de la diputada Pamela Jiles (PH) y una abstención de Hugo Gutiérrez (PC), la Cámara aprobó el proyecto de migración y extranjería, que ahora será despachado al Senado para su segundo trámite.

La iniciativa, presentada en 2013 durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera y perfeccionada en el actual período, persigue regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros al país, como también el ejercicio de derechos y deberes.

Beneficios sociales

El acuerdo para permitir su avance y aprobación contempló, entre otras cosas, que el Gobierno accediera a que los extranjeros puedan obtener algunos beneficios sociales que entrega el Estado desde el momento que arriban al país, como salud y educación. Eso sí, no podrán recibir bonos (beneficios monetarios) hasta que no cumplan dos años en Chile.

El proyecto aprobado asegura a todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país, la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

En lo que respecta a los derechos laborales, la iniciativa advierte que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los chilenos y que todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición migratoria irregular del extranjero contratado.

Los extranjeros, asimismo, podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los nacionales, pudiendo, además, optar a la gratuidad universitaria.

Ingreso y egreso

La entrada y salida de personas al territorio nacional, señala el texto, deberá efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y sin que existan prohibiciones legales a su respecto.

En cuanto a la permanencia transitoria, se plantea que los extranjeros podrán permanecer en el país hasta por 90 días y que será la Subsecretaría del Interior la que podrá limitar dicho plazo a un período menor, por razones de orden público.

Respecto de la residencia oficial, la iniciativa plantea que podrán postular los cónyuges o convivientes del residente oficial titular; los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de edad o se trate de personas con discapacidad y para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular.

Residencia temporal

Sobre la residencia temporal, esta se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, mientras que la residencia definitiva solo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.

La ley también establece que las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso y egreso clandestino de un extranjero al país, serán sancionadas con multa de 50 a 100 UTM.

La iniciativa, asimismo, crea el Servicio Nacional de Migraciones, encargado de ejecutar y colaborar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la realización de políticas en materia de extranjería y migración.