Increíble e insensatas fueron las palabras del Ministro de Obras Públicas manifestando la intención de privatizar las concesiones de agua de por vida. El acto fue una clara muestra de falta de realidad y cercanía con las comunidades más afectadas del país.

En nuestra región, uno de los dolores que identificamos en las familias y comunidades rurales, es la falta de acceso al agua potable y el déficit hídrico. Existen comunidades en Calbuco, Chiloé, Palena y Puerto Montt, que se encuentran desesperados, ya que algunos llevan hasta 10 años en proceso para obtener el servicio de agua potable rural (APR). En otras palabras, toda una década sin agua en los hogares.

No pude sentir más que indignación al escuchar las palabras del ministro, ya que considero impresentable que siendo el agua un derecho humano, donde el Estado debe garantizar su acceso, con énfasis a los hogares, las producciones campesinas y, por supuesto, para el agua potable rural.

Esta cartera de Gobierno pretende entre a perpetuidad las concesiones intensificando el problema existente en torno a cómo es utilizado el "derecho de aprovechamiento", para convertirlo en un bien privado y no de uso público como debiera ser.

Nuestra región es la muestra de que cuando no existe una regulación clara, donde el centro de la discusión sea el bien común y las personas, pueden ocurrir desastres medioambientales, como lo hemos visto con el Lago Chapo.

En lugar donde las centrales hidroeléctricas puedan usar toda el agua de un río sin respetar el caudal ecológico mínimo establecido, o donde las concesiones mineras puedan continuar utilizando agua halladas al interior de la concesión sin pedir permisos a la dirección de aguas.

El llamado es al sentido común, a poner en el centro a las personas y a entender que nuestros cargos de representación popular es con ellos y no con los lobbystas.

Debemos pensar en el presente y el futuro. Para eso debemos exigir a la Cámara de Senadores que respete la discusión que se dio en la Cámara Baja, permitiendo de esta manera resguardar la sostenibilidad de las fuentes de agua, para que se respete como un derecho humano, con usos prioritarios para las personas y las comunidades.

Alejandro Bernales, diputado de la República. Distrito 26.

La ola de calor que ha afectado a la zona sur en general durante los últimos días, nuevamente ha puesto en la primera línea a los ya temidos incendios forestales, que en el caso de nuestra región, ya han consumido más de 600 hectáreas.

Y ni hablar de lo sucedido en La Araucanía, donde los incendios forestales no sólo arrasaron con bosques, sino que también con vidas humanas.

Como suele ocurrir, se reiteran los llamados a la prevención y se hacen ingentes esfuerzos por combatir el fuego, con un amplio despliegue de funcionarios de la Conaf y Bomberos, más el apoyo de helicópteros y móviles especialmente dispuestos para este tipo de contingencias. Pero al mismo tiempo, resulta oportuno reponer en la discusión ciudadana y política, la necesidad de dotar de mayores recursos a la institucionalidad a cargo de estas emergencias, que se suceden año a año.

Porque según el registro de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), durante la presente temporada ya van 3.648 siniestros en los bosques de nuestro país, un 7% más que la temporada pasada, aunque la superficie afectada es un 32% menor en relación al período anterior. Es decir, la amenaza es constante, se ha venido reiterando durante los últimos años, y a juzgar por las tendencias que se observan a partir del cambio climático, es un fenómeno que llegó para quedarse. Porque las altas temperaturas tienen una alta incidencia, más allá -por cierto- de las quemas de pastizales, que por los demás no están autorizadas, y la intencionalidad de muchos de estos incendios. Punto sobre el cual el Presidente de la República anunció la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra quienes resulten responsables de estos incendios intencionales.

Por lo mismo, cuesta entender que cada vez que nos vemos expuestos a este tipo de emergencias, nos encontramos con cierta precariedad para afrontar este tipo de situaciones, como ha ocurrido en este caso, donde la simultaneidad de focos de incendios, ha hecho que los helicópteros habilitados para este tipo de maniobras estén todos ocupados, lo que hace que no contemos con los recursos necesarios para combatir todos los incendios como es debido. O debemos recibir el apoyo de cuerpos de bomberos de regiones vecinas, para dar solución a un problema que debiera estar en el ADN de nuestra institucionalidad, a nivel país.